Tras una maratónica audiencia de 37 horas, un juez de control vinculó a proceso a la candidata del PAN a gobernadora de Chihuahua Maru Campos Galván por el delito de cohecho pasivo, luego de considerar que existen elementos suficientes para presuponer que recibió millones de pesos de recursos públicos de forma indebida a través de la nómina secreta del exgobernador priista César Duarte, quien se encuentra preso en Estados Unidos en espera de extradición.
Maru, alcaldesa de Chihuahua con licencia y candidata del PAN a gobernadora.
Tras dictar auto de vinculación a proceso, el juez de Control Samuel Uriel Mendoza Rodríguez estableció un plazo de seis meses para concluir la investigación complementaria, atendiendo la solicitud de la defensa y mantuvo las medidas cautelares del retiro del pasaporte a la candidata panista, así como la prohibición de salir del pais, pagar una fianza de 500 mil pesos y no tener ningún contacto con los testigos de cargo.
El juez Samuel Uriel Mendoza aseguró que la mayoría de las pruebas presentadas por el Ministerio Público en contra de Maru Campos y sus dos coacusados (María Ávila, del PVEM, y Rodrigo de la Rosa, del PRI) no fueron controvertidos por la defensa, de ahí que el valor probatorio de las mismas acreditan la comisión del delito de cohecho presentado por la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua.
En un primer análisis, el juez consideró que la Nómina Secreta o la Caja Chica no puede ser considerada como un invento del personal o una ficción pues existe una relación de hechos de cómo salía e ingresaba el dinero, además de testigos imparciales que se dieron cuenta de ello.
Durante su exposición en la audiencia de vinculación de Maru Campos, Rodrigo De La Rosa y María Ávila, el juez de control Samuel Uriel Mendoza Rodríguez mencionó que además existieron personas que admitieron ante la autoridad correspondiente recibir dinero por instrucciones del exgobernador César Duarte y lo regresaron.
El juzgador que la forma en obtener el dinero “líquido” fue primero a través de la expedición de cheques de la Secretaría expuso de Hacienda, posteriormente fue a través de contratos fraudulentos, pero también eran intercambiados en el servicio Panamericano y el dinero líquido era entregado por disposición de César Duarte o el titular de la dependencia.
Además, el juez Mendoza Rodríguez asumió como auténticos los 34 recibos que aparecieron sobre el caso de la nómina secreta, pues la Fiscalía realizó la certificación y cotejos correspondientes, mientras que la defensa no refutó correctamente la evidencia.
Durante la audiencia de vinculación a proceso de Maru Campos, Rodrigo De La Rosa y María Ávila, el juez mencionó que a pesar de que los recibos fueron publicados en un medio de comunicación, la Fiscalía General del Estado se dio a la tarea de realizar todos los cotejos correspondientes con escrituras que el notario Número 4 inscribió ante el Registro Público de la Propiedad y coincide con la firma de Luis Raúl Flores, titular de la notaría.
“He asumido el documento como auténtico en primer término pues cuenta con la certificación de un fedatario público y porque esta certificación en su forma de obtención a través de un particular, es por cierto, que la Fiscalía practicó los dictámenes periciales correspondientes, mientras que la defensa no se realizó de manera eficaz un ejercicio de prueba que establece el artículo 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, dijo el juez esta noche de jueves.
Desde el 27 de noviembre, la Fiscalía General del Estado buscó que Campos Galván compareciera por este caso, en el cual César Duarte a través de colaboradores o él directamente desviaba recursos públicos para entregarlos en efectivo a políticos, líderes sociales, empresarios, entre otros, esto para obtener favores en el ejercicio del poder.
El Ministerio Público acusó a Maru Campos de recibir 9.3 millones de pesos de forma irregular entre los años 2014 y 2015, esto para aprobar bursatilizaciones y cuentas públicas, de dicha cantidad 7 millones fueron para el entonces diputado César Jáuregui, 1.2 millones para ella, 20 mil pesos del pago de su tarjeta de crédito Bancomer tipo Visa, y el resto para su hermano Manuel Campos, mediante un contrato simulado.
De acuerdo con el criterio del juez, la Defensa no pudo contrarrestar los argumentos del Ministerio Público, ya que este último presentó documentos firmados por la alcaldesa con licencia, narrativa de testigos protegidos, ex funcionarios que fungieron como testigos, y dictámenes firmados.
Por lo anterior decidió vincular a proceso a Maru Campos, María Ávila y Rodrigo De la Rosa por el delito de Cohecho Pasivo, supuesto estipulado en el artículo 262 del Código Penal del Estado de Chihuahua.
El impartidor de justicia aclaró que esta vinculación a proceso no viola su principio de presunción de inocencia, por lo que solo accede a otra etapa procesal en donde la defensa podrá acceder a más elementos de prueba y defender la inocencia de sus representados.
De igual manera, el proceso penal no inhablita a Maru Campos para seguir como candidata de la alianza PAN-PRD a gobernadora de Chihuahua.
Otras evidencias incriminatorias
Entre los datos deprueba que sustentaron estas declaraciones se encuentran diversos contratos simulados, cheques, depósitos, recibos y declaraciones de testigos, entre ellos los de identidad reservada df2311578/2018 y az55869/2017.
En específico, destaca la declaración del testigo df2311578/2018, quien ocupaba el cargo de Tesorero y señaló que, debido a que la erogación de estos recursos era indebida y con el propósito de cumplir los requerimientos personales del gobernador, el testigo implementó un control para el manejo del dinero desviado que consistió en la expedición de recibos simples y relaciones analíticas tanto del ingreso y egreso del erario, para demostrar que él no se había quedado con los montos.
En su declaración identificó que a Rodrigo de la Rosa, de la bancada priísta, se le entregaron 2 millones 500 mil pesos a través de Axel Lozoya, en dos exhibiciones parciales de un millón 250 mil pesos cada una los días 29 de novimebre y 12 de diciembre de 2013.
También reconoció que a María Ávila Serna se le dieron en diciembre de 2013, mediante su esposo Alejandro Gloria, la cantidad aproximada de 3.8 millones de pesos.
Mientras que César Jáuregui y a Maru Campos, fueron beneficiarios de entregas mensuales durante 2014 y 2015, de entre 250 y 350 mil pesos, así como diversas entregas de apoyos extraordinarios. Adicionalmente a Campos Galván se le hizo un pagó de 20 mil pesos a una tarjeta de crédito Visa y se le entregó un monto adicional de un millón de pesos fraccionado en cinco exhibiciones de 100 mil pesos mensuales.
De igual manera dijo recordar que en 2014 César Jáuregui recibió 2.5 millones de pesos de manos del secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, en el hangar de gobierno del estado a fin de apoyarlo con los gastos del proceso interno del PAN.
Detalló que entre 2014 y 2015 llevó, en varias ocasiones, los sobres con dinero a la diputada Campos Galván y le entregaba los recibos que ella firmaba de su puño y letra.
En cuanto al testigo az55869/2017, también explicó la operación de esta estrategia para desviar recursos y añadió que para justificar la erogación ilegal, en 2013, se elboraron dos polizas por un total de 922 millones de pesos.
La misma persona señaló directamente a los legisladores del Congreso César Jáuregui Moreno y María Eugenia Campos Galván, a quienes dijo que se les entregaron diversos montos con el fin de que se negociaran las iniciativas enviadas por el gobernador, con quien tienía una relación.
También identificó como beneficiarios a María Ávila Serna habría y Rodrigo de la Rosa, como beneficiarios de la nómina secreta.
De igual manera validó los dictámenes de grafoscopía presentados por la Fiscalía para autentificar la firma que aparecen en el recibo firmado por Alejandro Gloria, el cual se tomaría también en consideración para dictar vinculación contra Ávila Serna, al tratarse su esposo
Indicó que debe otorgársele a las 34 copias certificadas por el Notario Público No. 4, Lus Raúl Flores Sáenz, de los recibos presuntamente firmados por María Eugenia Campos Galván, la calidad de documentos auténticos.
Sobre la postura de la defensa de que no pudieron darse los hechos como los planteó la Fiscalía pues sus representadas no aprobaron las iniciativas a las que aludieron los agentes, el juez señaló que es irrelevante si la persona que recibió recursos realizó o no la conducta encomendada para constitutir un delito, pues el acto ilícito ocurre con la recepción del dinero.
Estos hechos pudieran constituir el delito de cohecho previsto en el artículo 269 fracción II del Código Penal del Estado, el cual señala que al servidor público que por sí o por interpósita persona solicita o reciba indebidamente para sí o para otros dinero o cualquier otra dádiva o acepta una promesa para hacer o dejar de hacer algo relacionado con sus funciones.
Cuando el valor de la dádiva excede 500 veces el salario mínimo vigente en el momento de cometerse el delito, se aplicarán de 1 a 9 años de prisión y 300 a 800 días multa.
Fuente: Tiempo/ Entre Líneas
