Un juez federal del Estado de México vinculó a proceso al general de Brigada en retiro Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, el segundo mando en importancia de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex, solo por debajo del general Eduardo León Trauwitz.
El juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, con sede en el Penal del Altiplano, consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó los indicios mínimos necesarios para procesar a Herrera Pegueros por los delitos de sustracción ilegal de hidrocarburos y delincuencia organizada.
Dado que este último es un ilícito con prisión preventiva oficiosa, Herrera Pegueros permanecerá en el Altiplano durante su procedimiento, ya que desde la semana pasada también se decretó la legalidad de su detención.
En la misma resolución, el juzgador fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, dentro del cual tanto la defensa del procesado como la FGR podrán ofrecer las pruebas que pretenden llevar a un eventual juicio.
El jueves pasado la Policía Federal Ministerial (PFM) de la FGR lo detuvo en Acapulco, Guerrero, con base en una orden de aprehensión por los dos delitos antes señalados.
La imputación es la misma por la que el General Eduardo León Trauwitz se encuentra evadido de la justicia y señala a ex funcionarios de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex de ordenar la perforación de ductos y abrir tomas clandestinas.
Con Herrera Pegueros son cinco los procesados por este asunto, ya que en junio también fueron detenidos y vinculados a procedimiento Oziel Aldana Portugal, jefe de Departamento de la Administración de Bienes Materiales, Cuerpos de Seguridad, Vigilancia y Supervisión, y el sargento Ramón Márquez Ledezma, adscrito al Departamento de Seguridad Física Cadereyta.
También el Coronel Emilio Cosgaya Rodríguez, ex gerente de Gestión Técnica de Salvaguarda Estratégica, y el sargento José Carlos Sánchez Echavarría, coordinador de la Subgerencia de Salvaguarda Estratégica en Tampico, hoy todos presos en el Penal del Altiplano.
Fuente: La Jornada