Ana Lilia Guerrero Moreira, exdirectora de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Morelos, a quien el gobierno del estado está haciendo responsable de los delitos derivados de las fosas clandestinas de Tetelcingo, particularmente por el caso de Oliver Wenceslao, fue vinculada a proceso durante la madrugada del domingo.
Luego de una sesión que comenzó después de la 1 de la tarde del sábado y que concluyó esta madrugada, el juez determinó que existen elementos para considerar a la exfuncionaria probable responsable de los delitos contra el respeto a los muertos y violación a las leyes de inhumación y exhumación de cadáveres, fraude procesal y delitos cometidos por servidores públicos.
También, el juez de la causa fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la carpeta de investigación, que se cumplirá el próximo 11 de abril de 2017, tiempo en el que se deberá concluir con la sentencia de la exfuncionaria bajo proceso.
Además el juez determinó mantener las medidas cautelares impuestas en audiencia previa, consistentes en que Guerrero Moreira no podrá salir del estado ni del país y deberá acudir cada mes a firmar a la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca).
Las fosas clandestinas de la Fiscalía de Morelos fueron cavadas en un panteón irregular de la comunidad indígena de Tetelcingo, en Cuautla, el 28 de marzo de 2014. En ellas fueron colocados más de 100 cuerpos. La familia de una de las personas depositadas ilegalmente en esas tumbas colectivas, logró recuperar el cuerpo de su familiar, Oliver Wenceslao, y luego inició una lucha para lograr que se abrieran e identificaran los demás cuerpos.
Con el apoyo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), así como colectivos de familiares de desaparecidos de Morelos y el país, se logró que apenas entre el 23 de mayo y el 3 de junio pasados, se abrieran las fosas y se exhumaran 117 cuerpos. Apro informó sobre las diversas irregularidades que se encontraron, desde que no se conocía el lugar preciso donde se encontraban las fosas, pasando por el número de cuerpos en ellas, así como cadáveres sin carpeta de investigación, necropsia, entre otras.
Apenas en octubre pasado, las procedimientos de identificación de los cuerpos en las fosas arrojaron como resultado que dos personas más fueran identificadas y una de ellas, Israel Hernández, fuera entregado a su familia. El otro cuerpo corresponde a una mujer y se espera que en las próximas semanas sea entregada a sus familiares, quienes viven fuera de Morelos.
Por este caso sólo Guerrero Moreira se encuentra indiciada, además de otro funcionario menor quien se encuentra vinculado a proceso. No obstante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación a principios de octubre pasado respecto del caso y en ella pidió al gobierno del perredista Graco Ramírez que investigue a 42 funcionarios involucrados.
Entre estos funcionarios se encuentra el entonces procurador de justicia Rodrigo Dorantes Salgado, hoy delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Durango, quien apenas fue llamado a declarar a principios de septiembre, sin que hasta el momento se tenga claro el proceso que sigue la investigación en su contra.
En junio pasado, Proceso dio a conocer que además de las fosas de Tetelcingo, existen otras en el panteón municipal de Jojutla, donde según testimonios de los pobladores, se han inhumado clandestinamente sin seguir los protocolos, cuerpos desde hace 10 años.
La Fiscalía se comprometió en septiembre pasado que el 7 de noviembre, hace un mes, se abrirían estas fosas y se exhumarían los cuerpos para “regularizarlas”. Sin embargo, esto no pasó. El coordinador de Servicios Periciales de la Fiscalía, Samuel Nava, ofreció una conferencia de prensa para advertir que la dependencia está “lista” para abrir las fosas de Jojutla en las próximas semanas.
“Estamos listos para iniciar el proceso de exhumación de los 36 cadáveres que tenemos en el panteón de Jojutla, en la (colonia) Pedro Amaro. Ya comenzamos la logística con las instituciones que nos hacen favor de participar activamente con nosotros”, aseguró y con ello confirmó lo publicado en junio pasado por Proceso.
“Solamente estamos en espera que ellos vean sus tiempos, debido a su sobrecarga de trabajo, tanto la PGR como la Policía Científica. Estamos en espera de la convocatoria para que nos sentemos nuevamente a dialogar por segunda ocasión y poder ya definir las fechas que sería entre el mes de enero y el mes de febrero”, aseguró el funcionario.
Fuente: Proceso
