Un juez federal vinculó a proceso a Luis Antonio Valenciano Zapata por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada; según la Fiscalía General de la República (FGR), estos ilícitos habrían sido cometidos como parte del caso conocido como la “Estafa Maestra”.
El imputado es socio y administrador único de la empresa inmobiliaria Construcciones y edificaciones Merinda, la cual recibió seis millones de pesos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el primero de septiembre de 2014, cuando Rosario Robles Berlanga, hoy presa por ejercicio indebido de la función pública, encabezaba esta dependencia.
Los recursos eran parte de un Convenio de Coordinación que la Sedesol estableció con una universidad pública del estado de Morelos para un proyecto de construcción, obra que fue subcontratada luego por la institución educativa a un grupo industrial, quien finalmente transfirió parte de los recursos a la empresa de Valenciano Zapata.
#FGR, a través de #SEIDO, obtiene vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa en contra de Luis “V”, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita #ORPI. https://t.co/3P2vZN6Ioq pic.twitter.com/gzfTci5H05
— FGR México (@FGRMexico) November 15, 2020
El proyecto en cuestión jamás fue realizado
Con base en las investigaciones de la FGR, el 31 de octubre pasado el Juez Distrito en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Federal del Estado de México con sede en el Altiplano libró la orden de aprehensión en contra del empresario, quien así pudo se detenido el 8 de noviembre en Monterrey, Nuevo León.
El sábado pasado, el hoy imputado compareció mediante videoconferencia ante el juez de distrito, quien resolvió que había indicios suficientes como para someterlo a juicio, y ordenó que el detenido permanezca en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, durante los tres meses que se fijaron como plazo para la investigación complementaria.
Fuente: La Jornada
