La periodista Lydia Cacho Ribeiro desmintió ayer las versiones difundidas por algunos medios de comunicación, periodistas poblanos y redes sociales, que difundieron la noticia falsa de que el exgobernador Mario Marín Torres, quien fue director de la Policía Judicial, Adolfo Káram Beltrán, y el empresario textilero Kamel Nacif Borge, habían sido amparados contra la orden de aprehensión que pesa sobre ellos por la conjura que llevaron a cabo a fin de torturarla en diciembre de 2005.
La información difundida la tarde de este martes afirmaba que Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, había concedido el juicio de garantías a los tres implicados en las vejaciones contra la autora del libro Los Demonios del Edén, el poder que protege la pornografía infantil, en el que se develó una sofisticada red de políticos y empresarios mexicanos y de otros países dedicado a la explotación sexual de menores.
“El amparo es solamente para que la magistrada cambie de tortura federal a ley de Quintana Roo. No se eliminan las órdenes de aprehensión. El castigo será el mismo. No nos rendiremos hasta que todos estén en prisión y sentenciados. #NoMásPederastasNoMás Corrupción”, escribió vía Twitter, a manera de respuesta, Lydia Cacho Ribeiro.
En efecto, a la letra, el documento señala:
“Se debe emitir una nueva resolución en donde se deberá subsanar los vicios de forma destacados en esta ejecutoria: esto es, deberá precisar la normatividad sustantiva, conforme a la facultad de atracción contenida en el artículo 10 del Código Federal de procedimientos penales, que es la ley para prevenir y sancionar la tortura en el estado de Quintana Roo y hecho lo anterior en su caso deberá resolver el recurso de apelación (…) la concesión de amparo fue por vicios formales, aunado que la legislación adjetiva aplicable al no describir los tipos penales, sino que enumera los delitos por su nombre la conducta reprochada por el quejoso que lo es tortura, se encuentra catalogada como grave”.
“La defensa de Mario Marín está buscando ganar tiempo para buscar algún tipo de acuerdo político. Lo que publican es incompleto, el amparo es negado. Solo le exige a la magistrada que se haga una modificación en la orden de captura, pero no los libera de ninguna responsabilidad”, comentó la periodista al portal poblano Página Negra, especializado en información sobre inseguridad.
Fuente: La Jornada
