Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, declinó participar como aspirante a ocupar la Fiscalía General del Estado de Guerrero. “Agradezco infinitamente a las organizaciones sociales, sindicales, de mujeres, indígenas y afromexicanos, víctimas, comunidades indígenas y campesinas, académicos y otras personalidades que confiaron en mi persona y me propusieron”, expuso en un comunicado.
En su mensaje, emitido la noche del viernes, explicó que consultó ampliamente “con las organizaciones que acompaño y defiendo, la pertinencia de aceptar la propuesta y he concluido no participar en el proceso de elección de fiscal”.
La propuesta de las organizaciones sociales y colectivos “despertó amplias expectativas de generar cambios en la institución de procuración de justicia, un anhelo genuino de las víctimas, organizaciones y demás personas por reestructurar la institución, generar cambios de gran calado que permitiese acceder a la justicia y contribuir en lo posible a frenar la violencia generalizada y sin controles que prevalece en nuestra entidad”.
Una esperanza de contar “con una institución que acompañe el dolor de las familias de asesinados, que despliegue sendas búsquedas para dar con el paradero de los desaparecidos, una institución que escuche la voz del que menos tienen, del que ha sufrido los abusos y atropellos de los poderosos, y que emprendiera acciones contundentes para combatir la corrupción que prevalece en esta institución, agregó Rosales Sierra.
La movilización de las organizaciones en torno al nombramiento del Fiscal “ha evidenciado que este gobierno está muy lejos de querer crear las condiciones para edificar una fiscalía realmente independiente, transparente, con mecanismos de controles ciudadanos y de rendición de cuentas genuinos y sobre todo cercana a las víctimas”.
Por lo demás, refirió “el proceso para la elección del Fiscal General sigue siendo una toma de decisión vertical producto de los arreglos, componendas partidistas y de intereses políticos, en el que la voz de las víctimas no es considerada. No son los temas del acceso a la justicia, la verdad y lucha por revertir la violencia los que se ponen en el centro, sino el interés político partidista y de las mafias de poder”.
No hay nada nuevo en la elección del Fiscal General, “como siempre es un proceso de simulación en el que ya está definido quién será el ungido, como prueba de ello, circularon documentos del gobierno federal donde sugiere una propuesta para el cargo”, señaló.
Por estas razones “y porque soy una persona que camina en la lucha social y la defensa de los derechos humanos de los que menos tienen, no participaré en un proceso turbio y de simulación para elegir al Fiscal. No voy a dar un paso a un lado, me mantendré abajo y a la izquierda impulsando los cambios que los trabajadores del campo y la ciudad conducen y al lado de las víctimas que luchan sin cuartel ni tregua por verdad y justicia”.
Organizaciones sociales y colectivos, agregó, “coincidimos que el ejercicio de la propuesta para fiscal general nos unificó, por ello, llamamos próximamente a una reunión estatal para analizar y discutir la articulación del movimiento social y las luchas de los de abajo y de las víctimas”.
Advirtió que al próximo fiscal “le decimos que estaremos unidos como un solo puño exigiendo verdad y justicia. No daremos un cheque en blanco a ninguna autoridad ni gobierno”, concluyó Rosales Sierra.
Fuente: La Jornada
