La legislación secundaria propuesta por Peña Nieto para el sector energético encumbra a un monarca en el sector: Luis Videgaray, secretario de Hacienda. Si la normativa se aprueba, el cercanísimo amigo del presidente decidirá en qué se invertirá la renta petrolera y cómo serán los contratos que se firmen, tendrá voz y voto en todas las dependencias y subsidiarias de Pemex y podrá jugar a la Bolsa con dinero público. Y lo peor: todo podrá decidirlo en lo oscurito.
Por Jesusa Cervantes/ Proceso
Como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray decidirá, sin requerir autorización del Congreso, cuánto y dónde invertirá los millones que captará México por compartir su renta petrolera con empresas trasnacionales. Si se concretan las reformas a las leyes secundarias de la industria, la mano derecha de Peña Nieto será la “gran manipuladora” de los contratos que se firmen, gozará de impunidad si se presenta un descalabro económico y además “podrá reservar” toda la información que considere prudente.
Videgaray podrá desenvolverse con opacidad a la hora de manejar los tres tipos de contratos (licencia, utilidad compartida y producción compartida) y las asignaciones a Pemex para explorar, explotar y vender hidrocarburos. Tendrá también la posibilidad de emplear los principales ingresos del país como un “fondo de inversiones”, que al menos en parte estará sometido a las leyes del mercado.
Acerca de las nueve leyes secundarias propuestas por el Ejecutivo federal el pasado 30 de abril, especialistas en derecho como la diputada federal Loretta Ahlf y el actual consejero independiente de Pemex Fluvio Ruiz sostienen que la injerencia de esa secretaría será el eje rector en la industria, contrario al anuncio de que “Hacienda sacaría las manos de Pemex”. Acusan que eso invade facultades del Congreso establecidas en la propia Constitución.
En el paquete legislativo que se discutirá en junio destacan dos normas por su peso económico y técnico: la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LIH), que define los tres tipos de contrato, los beneficios fiscales que obtendrán las empresas transnacionales y el régimen fiscal que guiará a Pemex. La otra es la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (LFMPED): Ahí se detalla cómo se concentrará y usará el dinero que pague la iniciativa privada por explorar y explotar petróleo y gas.
Según el artículo 36 de la LIH, el contenido de un contrato, los costos, gastos e inversión, el pago de dividendos al Estado y a las empresas estarán a cargo del secretario de Hacienda. El fondo que recibirá los ingresos lo manejará un “comité técnico”, encabezado por el titular de la SHCP. Y los consejos de administración de Pemex, sus subsidiarias y filiales –que tendrán la facultad de definir sus presupuestos– serán dirigidos, por vez primera, por el encargado de las finanzas de la nación, Luis Videgaray, de acuerdo con el artículo 13 de la ley petrolera a debate.
“Hacienda no saca las manos de Pemex. En la práctica –y ahora por ley– los consejos los controla Hacienda, y en los contratos, que son la parte central de esta reforma, Hacienda se vuelve el gran controlador. Esta reforma convierte al titular de Hacienda en el todopoderoso. No fue gratuito que la presentación de todo el plan se hiciera en sus oficinas y que tan sólo por cortesía se invitara al secretario de Energía”, sostiene Fluvio Ruiz.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1957, ya en circulación)