El gobierno del presidente Nicolás Maduro recibió oxígeno tras su abrumadora victoria en las elecciones municipales pero aún deberá batallar con las tensiones sociales y políticas que amenazan con agudizarse en 2018 ante la profundización de la crisis económica, estiman analistas.
El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) consolidó la víspera su hegemonía al ganar la mayoría de las 335 alcaldías del país y la gobernación del estado petrolero de Zulia, donde se concentra el mayor número de votantes luego de la región capital.
“Esta ha sido la mayor victoria que haya recibido una fuerza política”, afirmó ayer el ministro de Comunicación y jefe del comando oficialista, Jorge Rodríguez, al asegurar que los candidatos del gobierno lograron 308 de las 335 alcaldías que estaban en disputa, superando ampliamente las 255 que habían obtenido en los comicios municipales de 2013.
Los resultados representaron un duro revés para la fracturada oposición venezolana, que ya venía muy debilitada de la derrota que sufrió en las elecciones regionales de octubre y que ahora deberá enfrentar a un fortalecido oficialismo que ya se prepara para las elecciones presidenciales de 2018, según reconoció el domingo Maduro.
En el evento electoral oposición solo logró mantener las alcaldías de tres de los cinco municipios de la capital y de la ciudad occidental de San Cristóbal y perdió las alcaldías de las principales ciudades del país que ganó en 2013.
“La tensión ni política ni social se calma”, dijo el lunes el politólogo venezolano John Magdaleno a The Associated Press al reconocer que aunque los recientes triunfos le permiten al oficialismo tener un “clima de opinión un poco más favorable” en comparación con el que tuvo a comienzos de año durante meses de protestas, no representan el fin de los graves problemas económicos y sociales que afronta el gobierno de Maduro, con una popularidad que ronda el 20%.
“Hay unas raíces del malestar social que en mi opinión no van a desaparecer”, indicó Magdaleno al advertir que los venezolanos enfrentan una “precarización de la vida cotidiana” por la hiperinflación, la creciente escasez de productos básicos y una severa recesión que amenazan con crispar aún más la tensión social en los próximos meses.
En medio de este complejo escenario aún se desconoce cómo podrá reaccionar la coalición opositora, expresó el consultor político Edgard Gutiérrez, quien sostuvo que la oposición está “condenada” a conseguir una solución interna a su crisis ya que de lo contrario no podrá competir en las presidenciales de 2018 para las que Maduro se perfila como un eventual candidato.
“Es momento para dejar nuestros egos de un lado, nuestras aspiraciones personales”, dijo a la prensa el coordinador de Voluntad Popular, diputado Juan Andrés Mejía, al llamar a partidos y demás organizaciones adversas al gobierno a unirse y “recuperar la democracia”.
A los problemas de la oposición se sumó la amenaza que lanzó la víspera Maduro, quien advirtió que los partidos que no participaron en las elecciones municipales no podrán competir en los comicios presidenciales.
Al respecto el diputado de Primero Justicia, Jorge Millán, dijo a AP que a pesar de la amenaza la oposición se mantendrá en su lucha para enfrentar al gobierno de Maduro, al que consideró una “dictadura”.
El anuncio del mandatario venezolano fue criticado por la vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert, quien dijo en su cuenta de Twitter que la amenaza de Maduro es otra “medida extrema para cerrar el espacio democrático” en Venezuela y consolidar el poder en su “dictadura autoritaria”. El canciller venezolano Jorge Arreaza consideró “ridículas” las afirmaciones de Nauert y dijo en su cuenta de la red social que los comentarios denotan la “impotencia” y “desesperación” del gobierno de Donald Trump.
En las elecciones municipales no participaron Primero Justicia, Acción Democrática y Voluntad Popular, tres de las cuatro principales fuerzas de oposición, que llamaron a un boicot contra el Consejo Nacional Electoral, controlado por el gobierno.
Los opositores acusan al ente de cometer fraude en las elecciones regionales en las que el oficialismo logró 18 de las 23 gobernaciones y de no garantizar las condiciones para un proceso libre y transparente.
A cuatro días de un encuentro entre delegados del gobierno y la oposición en República Dominicana para evaluar un eventual diálogo, el presidente de la Asamblea Nacional y negociador opositor, diputado Julio Borges, se reunió el lunes con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, con quien conversó sobre el proceso, el tema humanitario y las condiciones para salir de la crisis política, informó la oficina de prensa del congresista.
Fuente: AP
