Denunciantes acusaron que aún no han sido sancionados los encubridores, como Norberto Rivera Carrera, protector sistemático de Marcial Maciel, Nicolás Aguilar y Carlos López. Sólo un proceso institucional finalizará el holocausto de miles de niños y niñas, advierten
Por César Arellano García/ La Jornada
Víctimas de pederastia alertaron sobre casos de abuso dentro de la Iglesia católica en América Latina, a través de una serie de cartas abiertas al papa Francisco, a quien exigieron adoptar las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, así como castigar a los pederastas y a quienes los encubrieron.
Señalaron que tan sólo la Red de Sobrevivientes de Abuso de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés), que preside Barbara Blaine, aglutina a 25 mil víctimas en Estados Unidos y Canadá. Manifestaron que el número de afectados puede ser mucho mayor.
En conferencia de prensa, en el Centro Nacional de Comunicación Social, donde se enlazaron a través de Internet con víctimas y defensores de pederastia de Chile, Argentina, República Dominicana, Perú y Estados Unidos para exponer sus casos, acusaron que el Pontífice no ha sido coherente entre sus dichos y sus actos y no ha sancionado a los encubridores de la pederastia.
En un texto de 11 cuartillas, que leyó José Barba, ex legionario de Cristo, dijeron que no bastan las palabras y algunos gestos y menos aquellos que son ambiguos y contradictorios (del papa Francisco) que, finalmente, no corresponden a la tolerancia cero en contra de la pederastia clerical, sino que agravan el doble daño a las víctimas en el mundo y no generan procesos institucionales hacia la verdad de la justicia.
Lo que es absolutamente indispensable, aseguraron, es que como representante y responsable de toda la Iglesia católica en el mundo y como jefe del Estado Vaticano lleve a cabo los cambios estructurales que el Comité de los Derechos del Niño le recomendó en mayo de 2014.
Indicaron que sólo llevando a cabo ese cambio institucional, con un acto como autoridad máxima de dicha institución, comenzará el final de ese gran holocausto de miles de niñas y niños sacrificados para evitar escándalo y salvaguardar la imagen y el prestigio de los representantes de la Iglesia católica en el mundo. Está en sus manos esta gravísima responsabilidad.
Acompañado por el activista chileno Juan Carlos Cruz, José Barba, Joaquín Aguilar, José Antonio Pérez y Alberto Athié, ex sacerdote y defensor de derechos humanos, solicitaron de nuevo la destitución del cardenal mexicano Norberto Rivera Carrera, a quien acusaron de protector y encubridor sistemático de pederastas, como Marcial Maciel, Nicolás Aguilar y Carlos López, quienes se calcula abusaron más de 200 niños, y ni si quiera ha reconocido que cometió errores graves al respecto y mucho menos ha pedido perdón.
Joaquín Aguilar, de SNAP en México, explicó que buscan acusar al cardenal Norberto Rivera por omisión en denuncias de pederastia.
Al respecto, Alberto Athié añadió que Rivera Carrera se burla del Vaticano, pues no ha recibido a ninguna de las víctimas de abuso sexual de Marcial Maciel, como ordenó el pontífice.
El Papa no le pide cuentas al cardenal Rivera y el cardenal se sigue burlando de todos, porque se siente impune, porque sabe que no lo van a tocar, por eso actúa como actúa, porque se sabe protegido por las máximas autoridades del país y porque tiene contactos con empresarios, periodistas, incluyendo a su abogado, manifestó.
Nos sentimos traicionados por el papa Francisco. Cuando lo nombraron, se nos iluminó el corazón; y lo único que ha hecho es premiar a los encubridores, lamentó Juan Carlos Cruz, víctima del sacerdote Fernando Karadima, en Chile.
Durante el enlace que realizaron con Barbara Blaine, quien también envió una carta al Vaticano para solicitar que se sancionen a escala mundial los casos de pederastia, expresó que “es el momento de detener esto y tratar como héroes a quienes lo denuncian, porque miles de niños son los que han sido afectados por la violencia sexual.
Nos mantenemos unidos como víctimas, exigiendo el fin de la violencia sexual en la Iglesia y el comienzo de la colocación de la protección de los niños y adultos vulnerables por delante de los autores y la reputación.
Fuente: La Jornada