La Subcomisión de Derechos Humanos condena la tardía intervención gubernamental en el caso Iguala
Por Ciro Pérez Silva/ La Jornada
Bruselas— La ‘‘verdad histórica’’ del gobierno federal sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa no convenció a la totalidad de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, que no sólo condenó la tardía intervención oficial en Iguala y cuestionó la veracidad de las investigaciones, sino exigió a las autoridades mexicanas ‘‘no dar por concluidas’’ las pesquisas y propuso que parte de los recursos que la Unión Europea destina a México se utilicen en una investigación independiente, así como para la protección y apoyo a los familiares de los normalistas y a sus abogados.
La mañana de este jueves, en medio de una ligera nevada, Hilda Legideño y Bernabé Abraján, madre y padre de dos de los estudiantes desaparecidos, llegaron hasta la sede del Parlamento Europeo tras reunirse esta misma semana con el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas en Ginebra. Fue la primera vez que los parlamentarios escucharon una voz y versión distinta sobre Ayotzinapa a la de los funcionarios del gobierno mexicano.
‘‘El gobierno nos ha mentido’’
Lejos de las cifras, datos, propósitos y compromisos oficiales, Hilda y Bernabé, como lo han hecho desde hace casi cuatro meses en muchos foros, compartieron con los eurodiputados el dolor por los hijos desaparecidos, la rabia ‘‘por las mentiras’’ de un gobierno ‘‘que nos sigue reprimiendo, mientras les dice a todos que nos apoya’’ y la permanente esperanza ‘‘de encontrarlos vivos’’, en un salón de sesiones que, como comentó Ulrik Lunacek, vicepresidenta del Parlamento Europeo, estaba ‘‘inusualmente’’ concurrido.
La ‘‘terrible historia de la barbarie de Iguala’’ hizo que más de uno de los parlamentarios bajara la mirada. El relato, que ‘‘sigue siendo incomprensible, inexplicable en ésta, como en cualquier parte del mundo’’, hizo que otros, como Javier Couso, de Izquierda Unida, contuvieran el llanto: ‘‘Mi familia también fue víctima y además muchos de los diputados que están aquí les mintieron, mostraron entonces la misma doble moral que el Parlamento Europeo mostró ahora con México’’, explicó más tarde.
Hilda y Bernabé rechazaron el informe sobre las investigaciones presentado por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam; subrayaron ante los eurodiputados que el gobierno mexicano ‘‘nos han mentido desde el principio y lo sigue haciendo’’; dijeron que se debe investigar al Ejército Mexicano, a sus integrantes, ‘‘a quienes los estudiantes les fueron a pedir ayuda, pues la zona militar se encuentra a 300 metros del lugar de los hechos y en lugar de auxiliarlos los soldados los amenazaron con desaparecerlos’’.
También cuestionaron que ‘‘no hayan investigado al ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, que algo debe de saber, pues con anterioridad hubo ya asesinatos y desapariciones de otros estudiantes y ahora, como si no hubiera pasado nada, quiere poner a su hijo como alcalde (de Acapulco)’’. Destacaron que en su búsqueda por encontrar a sus hijos, ‘‘hemos sido reprimidos por el mismo gobierno que les dice a ustedes que nos apoya, pero que en realidad nos agrede mandándonos a sus granaderos. ¿O qué tienen que hacer los granaderos en la Montaña, cuando vamos nosotros a informar a las comunidades?’’
Una y otra vez aclararon que desconfían de las investigaciones del gobierno, ‘‘no creemos en este gobierno’’, y pidieron apoyo a los parlamentarios ‘‘para que presionen al gobierno y nos entregue a nuestros hijos vivos. Hoy nos tocó a nosotros, pero mañana les puede pasar a ustedes. Los invitamos, si son valientes, a visitar México, a que se den cuenta de que la realidad es muy distinta a la que les vienen a contar aquí. Vayan si son valientes, porque en México nos están matando. Lo de nuestros hijos no es un hecho aislado; hay 23 mil desaparecidos, cientos de fosas clandestinas, eso no puede ser un hecho aislado’’, insistió Hilda.
Tras la intervención de los padres, la división entre quienes conceden la razón al gobierno mexicano y los que ponen en duda la eficacia y credibilidad del mismo quedó clara. Barbara Lochbihler, de los eurodiputados verdes, acusó las ‘‘graves carencias’’ de la investigación oficial, ‘‘que se basa casi exclusivamente en testimonios que no han sido contrastados más que con versiones de los propios delincuentes’’.
Pier Antonio Panzeri, de la Alianza Progresista, subrayó la responsabilidad de los gobiernos local y federal en los hechos, ‘‘por acción u omisión’’, mientras que Javier Couso los responsabilizó directamente de la ‘‘desaparición forzada’’ de los estudiantes y acusó ‘‘la doble moral del Parlamento Europeo, que cuando se trata de desestabilizar a un gobierno o cuestionarlo por la violación a los derechos humanos actúa inmediatamente, pero en el caso de sus niños consentidos, como Colombia, Israel o México, es menos exigente’’.
La respuesta a estas aseveraciones vino de los eurodiputados españoles socialistas. Ramón Jáuregui y José Blanco defendieron la ‘‘decisión’’ del gobierno mexicano de llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias, ‘‘en la ruta que este Parlamento ha planteado’’, y el ‘‘compromiso con la verdad’’ mostrado en la serie de comparecencias de funcionarios mexicanos para ‘‘informarnos’’ de los avances de las investigaciones.
Jáuregui sólo concedió ‘‘solicitar al gobierno mexicano que las investigaciones no se cierren hasta que los padres de los estudiantes desaparecidos tengan la respuesta que están en absoluto derecho de exigir’’, propuesta que fue secundada por el pleno, aunque Thomas Mann, del Partido Popular Europeo, adelantó que el Parlamento deberá discutir los alcances de la relación con México y enfatizar la protección plena de los derechos humanos en la revisión del tratado comercial que México y Europa llevan a cabo.
Siguieron Ignazio Corrado, Beatriz Becerra y Petras Austrevicius, quienes cuestionaron la actuación de la autoridad en éste y otros hechos violentos en México.
El embajador de México en Bruselas, Juan José Gómez Camacho, reiteró ‘‘el compromiso’’ gubernamental por esclarecer los hechos y castigar a los culpables, y recordó que hasta el momento hay 99 detenidos y 487 dictámenes periciales.
Fuente: La Jornada
