Veracruz, el gran narcocementerio que horroriza a México

Ya no es una exageración sostener que el país se ha convertido en un inconmensurable tiradero de cadáveres, en un territorio plagado de fosas de la muerte donde igual se acumulan víctimas de la guerra entre narcos o de fuerzas policiacas, restos de gente secuestrada por motivos diversos… Pero es en el estado de Veracruz, junto al puerto jarocho, donde se encuentra el que probablemente sea el narcocementerio más grande de todos. Gracias a la labor de un colectivo civil, más que al trabajo de las autoridades, hasta ahora se han hallado ahí, en Colinas de Santa Fe, restos de casi 250 personas.

Por Noé Zavaleta/ Proceso

Desde el 2 de agosto del año pasado, integrantes del colectivo veracruzano Solecito, junto con la Policía Científica de la Comisión Nacional de Seguridad y la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) han exhumado 17 mil 906 restos, correspondientes a unos 250 cadáveres, de 125 entierros clandestinos en una gran área situada a espaldas de las instalaciones portuarias de esta ciudad, a un lado del fraccionamiento Colinas de Santa Fe.

Se trata de un predio –de 14 hectáreas, según Solecito, o de “más de 25”, de acuerdo con el fiscal veracruzano Jorge ­Winckler Ortiz– que no ha sido explorado en su totalidad, admite la FGE. Al área se llega tras dos kilómetros de un camino a ratos pedregoso, a ratos lleno de dunas; ahí, en medio de la maleza, células del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Zetas y hasta agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal enterraban clandestinamente a sus víctimas.

Si bien ya se sabía de la existencia de esa narcofosa, fue apenas el jueves 16 cuando la magnitud de las cifras fue revelada.

Gracias a los trabajos de Solecito, en colaboración con la fiscalía estatal y con el titular de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas No Localizadas, Eduardo Coronel Gamboa (quien fue funcionario del gobierno anterior, el del priista Javier Duarte), se sabe ahora que entre los 125 entierros del gigantesco narcocementerio hay una fosa a la cual llaman “la alberca”, pues tiene forma circular, cuatro metros de diámetro y tres de profundidad.

De ahí, en una sola jornada, policías ministeriales y familiares de desaparecidos extrajeron restos óseos equivalentes a unos 15 cuerpos, confía un funcionario de la FGE que pidió el anonimato.

Lucía Díaz Genao, madre del disc-jockey Guillermo Lagunes Díaz, conocido profesionalmente como DJ Patas y desaparecido el 28 de julio de 2013, asegura que el gran número de cuerpos aquí enterrados y el modus operandi de la delincuencia organizada en este predio “no se puede explicar” sin la complicidad gubernamental o de la policía, por omisión, negligencia o protección.

Cuando cumplía su tercer día de gobierno, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares declaró en el Congreso local que el tema de los desaparecidos era “prioritario” en su gobierno, pero no fue sino hasta el pasado jueves 16, a 100 días de iniciada la nueva administración, cuando ­Winckler se animó a visitar el llamado “predio de la muerte”, ubicado muy cerca de zonas urbanas y a la entrada del puerto.

“Los quisiera llevar a los puntos que revisé, pero por ley no puedo hacerlo; hay áreas en donde se tuvo que abrir brecha con maquinaria pesada. En donde se le llama la alberca encontraron muchos cuerpos, uno encima de otro, apilados”, dijo ese día ante periodistas.

Herencia de Duarte

En 44 de los 212 municipios veracruzanos hay fosas; las hay “por todos lados”, asegura Jorge Winckler en entrevista con Proceso, aunque sostiene que todas ellas se cavaron durante la gestión de Javier Duarte y en varias habrá que volver a “peinar el terreno”, pues podría haber más cuerpos.

Señala al puerto de Veracruz como el “epicentro” de las narcofosas –básicamente el cementerio clandestino de Colinas de Santa Fe–, pero de ahí siguen Alvarado, Minatitlán, Sayula de Alemán, Coatzacoalcos, Tres Valles, Cosamaloapan, Ixtaczoquitlán, “el norte de la entidad y en muchos otros lados”.

Winckler apunta que en el caso de Colinas de Santa Fe se necesitará el apoyo de la Cruz Roja Internacional para hacer los “mapeos genéticos” de los cuerpos, tomar las muestras de ADN de los familiares de desaparecidos y hacer los cotejos, porque la fiscalía está “rebasada” en cuanto a recursos económicos, humanos y de infraestructura.

“En el tema de los desaparecidos se ocultaron cifras reales. ¿Cuántos tienes registrados tú? Más de mil, supongo… hay 2 mil 345 carpetas de investigación abiertas por la no localización de personas”, asevera.

–¿Sin contar los desaparecidos que fueron encontrados sin vida? –se le pregunta.

–Sin contar –responde.

Al cierre de 2015, aún con Duarte en el gobierno, la FGE dio a Proceso una numeralia: 950 desaparecidos en los últimos cinco años; mil 800 en la última década (de 2005 a 2015), y se detallaba que 110 personas reportadas como desaparecidas habían sido halladas muertas.

Winckler señala que ahora, a tres meses del nuevo gobierno, ya se pudo identificar a 13 personas y se entregaron los cuerpos a sus familiares.

En entrevista concedida a la agencia Apro el pasado jueves 2, Winckler indicó que a pesar de que la FGE duartista presumía de haber tomado miles de muestras de ADN a familiares de desaparecidos, apenas 266 de más de mil sirvieron; fueron las únicas avaladas por la Policía Científica, y ya están en la base de datos.

“Hubo mucho desorden y desaseo en el manejo de cuerpos no identificados enterrados en las fosas comunes de los panteones de Veracruz, pero también las pruebas de ADN tomadas a familiares de desaparecidos fueron muy deficientes.”

Winckler enfatiza que ahora van a tener que comenzar de cero, con nuevo calendario y cuando haya recursos, para volver a tomar muestras: “Hay muchos restos que ya tienen perfil genético, pero no se pueden cruzar los datos por las deficiencias en las muestras de ADN que teníamos”.

Por su parte Díaz Genao, del Colectivo Solecito, refiere que desde el sexenio pasado se le pidió a la FGE hacer un dragado en los cuerpos de agua de Colinas de Santa Fe para descartar o encontrar “moción orgánica” entre los miles de litros de agua; se sospecha que los criminales pudieron haber arrojado a un indeterminado número de personas en las pequeñas lagunas del lugar.

“Se pidió el dragado a María del Rosario Zamora (entonces directora de Investigaciones Ministeriales) y a la actual fiscalía también, pero no ha habido una respuesta positiva”, afirma Díaz Genao.

Winckler replica que el asunto del dragado y la búsqueda de moción orgánica en los cuerpos de agua o en el subsuelo ya escapa a la competencia de la FGE; tendría que ser la Procuraduría General de la República (PGR) la que tome cartas en el asunto.

“La policía (Científica) y la PGR agotarán las formas para encontrar restos. Nosotros, en la fiscalía, tenemos la identificación con reactivos, pero estamos esperando que nos lleguen fondos federales para adquirirlos y hacer más fácil la identificación. Hay una autorización de búsqueda en un polígono; hay otros puntos ubicados.

“Se trabaja con el juez de control para que se den las autorizaciones, porque es propiedad privada… Trabajamos en eso, se va a agotar esa fase. Estamos trabajando en la ubicación satelital y en pedir el permiso al juez de control”, aseveró ­Winckler a reporteros del puerto de Veracruz el pasado jueves 16.

Por las visitas a dicho polígono y por testimonios de presuntos delincuentes detenidos por la PGR, en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y en la Policía Científica “estiman” que en dicho predio podría haber hasta 600 cadáveres. La búsqueda real apenas comienza.

Y aunque el gobierno entrante, el de Yunes Linares, ha sido sacudido por la violencia –600 homicidios en los primeros 100 días de la administración–, según datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública apenas se ha hallado una narcofosa, en Minatitlán, de donde fueron exhumadas el pasado 27 de febrero tres mujeres.

Yunes admitió que 60% de los homicidios dolosos en la entidad son “ejecuciones” de las bandas criminales que se pelean el control de los territorios para llevar adelante sus actividades ilícitas. Y culpa a los gobiernos de Duarte y de su antecesor, Fidel Herrera, quienes dejaron, dice, “penetrar al crimen organizado”.

Aunque no los menciona por sus nombres, Yunes alude al Cártel de Jalisco Nueva Generación, su expansión en territorio veracruzano, su ruptura con el de Sinaloa y sus pugnas con Los Zetas y células dedicadas al secuestro y al robo de combustible.

Así, por medio de entrevistas con medios nacionales, Yunes le ha pedido al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que le envíe “apoyo extra”, como la Policía Militar, pese a que a principios de este mes se autorizó el envío a Veracruz de la Gendarmería Nacional y el reforzamiento del Ejército y la Armada en la entidad.

Y en su más reciente conferencia de prensa, Yunes indicó que Veracruz tiene problemas “graves”, “agudos”, en materia de seguridad, aunque aclaró que sólo es en algunas regiones donde sería vital el apoyo de la Policía Militar:

“Es una policía muy disciplinada, con tareas muy específicas en prevención del delito y de persecución de los delincuentes, que tiene una capacitación similar a los elementos del Ejército Mexicano, que son policías bien remunerados y que vendrán con una estrategia muy clara.”

También la SSP

Proceso pudo acceder a la investigación ministerial 272/13, ampliada en la Fiscalía de Asuntos Especiales con el folio FAE/06/2013 y que derivó en la causa penal 49/2013 en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Puerto de Veracruz, la cual revela cómo hace cuatro años policías estatales e integrantes del CJNG planearon y ejecutaron el “levantón” (secuestro) y posterior asesinato de Pedro Huesca Barradas –quien fuera fiscal investigador especializado del gobierno de Javier Duarte y adscrito a la Fuerza de Tarea de la Secretaría de Marina en el Operativo Veracruz Seguro– y de su secretario, Gerardo Montiel Hernández.

Durante 46 meses la investigación ministerial FAE/06/2013 se mantuvo en reserva, pues aludía a la entonces “desaparición” de Huesca y Montiel y refería documentos ministeriales que exhibían la colusión de los presuntos integrantes del CJNG con agentes de la SSP estatal.

La causa penal 49/2013 incluye la detención y las declaraciones de Obed Pulido Murrieta, El Cocho (quien hacía las funciones de halcón o vigía); del sicario Josué Acosta Isidoro, El Tortuga, y de Alberto Lewis, El Pantera (jefe de plaza en esa región), integrantes del CJNG a quienes les fue asignada la encomienda de “llevarse al licenciado Huesca”.

“El Pantera me comentó que me necesitaban para un evento que consistía en levantar a un licenciado, que esta persona se transportaba en una unidad Cheyenne (…) y que tenía que vigilar tanto el domicilio como los movimientos del licenciado. El Pantera me dijo que ese licenciado se las debía al jefe del cártel que está en Veracruz, desconociendo el nombre de dicha persona”, dice la declaración del Cocho.

Sus afirmaciones fueron respaldadas y acompañadas en la carpeta de investigación con conversaciones telefónicas y por Whatsapp donde se demuestra que Pulido también “halconeaba” los movimientos de algunos miembros de la Armada.

El 15 de abril de 2013, día del secuestro de Huesca y Montiel, para garantizar la efectividad del plagio se agregó el comandante de la SSP Víctor Sandoval a bordo de una unidad oficial de la Policía Estatal, junto con otros agentes de la corporación.

Dos años y medio después Sandoval fue acusado por el oficial Rubén Pérez Andrade como responsable del asesinato de Huesca y Montiel.

“En Cardel hubo problemas con un agente del MP. Supuestamente lo levantaron en una camioneta de la Policía Estatal. Hubo un tiroteo en Cardel (cinco balazos), llegó una patrulla y levantaron al MP, al parecer estuvo involucrado el comandante (Víctor) Sandoval”, se lee en la declaración ministerial de Pérez Andrade.

Sandoval fue muy cercano (fue su subalterno en distintas épocas) al delegado regional de la SSP, Marcos Conde Hernández, hoy preso en un penal de máxima seguridad como presunto responsable de la desaparición forzada y posterior asesinato de cinco jóvenes en Tierra Blanca.

En dicha región del Sotavento y de la Cuenca del Papaloapan las ligas de Conde con la delincuencia organizada han quedado de manifiesto en diversos actos.

La multiplicación de las fosas

El cementerio clandestino de Colinas de Santa Fe ha sobrepasado con mucho el impacto de los 19 narcocementerios hallados en distintas regiones de Veracruz en el sexenio de Javier Duarte y admitidos por su gobierno; ahora Winckler asegura que hubo narcofosas en 45 municipios.

Mientras el secretario de Seguridad Pública de Duarte, Arturo Bermúdez Zurita –actualmente en prisión por enriquecimiento ilícito– construía hoteles y compraba casas en Texas, en la entidad fueron exhumados alrededor de 200 cadáveres de 19 fosas clandestinas.

Las mayores fueron las del rancho El Diamante –propiedad de un exalcalde priista–, en el municipio de Tres Valles, de donde la Marina extrajo al menos 31 cadáveres en junio de 2014.

Del 4 al 6 de noviembre de 2011, fuerzas federales y agentes de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado retiraron 28 cuerpos de dos fosas en la congregación de Portezuelo, colindante con Mata Loma, en el municipio de Manlio Fabio Altamirano. El hallazgo se mantuvo en secreto cuatro años, hasta que Proceso, por medio de la solicitud de información con los folios SJAI/DGAJ/11235 y SJAI/DGAJ/07650/2015, consiguió los datos del caso.

En febrero de 2012, más de 15 cuerpos fueron descubiertos en el rancho La Poma Rosa, en Acayucan; ahí una célula de Los Zetas se apropió de la mitad del terreno. El narcocementerio fue ubicado a raíz de la detención de El Pollo H, líder local zeta (Proceso 1843).

En marzo del mismo año, fuerzas federales detectaron ocho cadáveres en la congregación Frijol Colorado, en Perote. En Antón Lizardo, comunidad costera de Alvarado, fueron hallados siete cadáveres con huellas de tortura, semienterrados en una zona arenosa.

En junio de 2012, nueve cuerpos fueron encontrados en el municipio de Lerdo de Tejada. El hecho fue minimizado por el aparato gubernamental. En julio de 2014, policías ministeriales exhumaron al menos ocho cadáveres en la congregación de Paraíso Novillero, Cosamaloapan.

En cuanto a matanzas, está la del 20 de septiembre de 2011, cuando fueron abandonados en la Plaza del Volador, en Boca del Río, 35 cadáveres maniatados, semidesnudos y con letras “Z” talladas en la espalda.

Y 16 días después la Marina emitió el comunicado 313/2011, donde consignaba el hallazgo de 32 cadáveres en diversas viviendas de los fraccionamientos Jardines de Mocambo, Costa Verde y Costa de Oro. Varios de esos cuerpos estaban maniatados, con huellas de tortura y con el tiro de gracia.

El 28 de febrero, cerca de la medianoche, los cuerpos de 11 ejecutados fueron abandonados en calles de Boca del Río dentro de una camioneta robada; seis de las 11 personas tenían antecedentes penales. Los ejecutores dejaron un mensaje junto a los cadáveres: “Si guerra quieren, guerra van a tener. Quieren tener todo el poder para meter a su jente (sic), pero aki (sic) nos morimos todos”.

Y este mes, el jueves 9 y el miércoles 15, 16 personas fueron ejecutadas en los municipios de Córdoba, Fortín, Maltrata, Actopan, Pánuco y Poza Rica; entre ellos, tres policías ministeriales que habían sido “levantados” en Atzitzintla, Puebla.

Y el viernes 17, cinco hombres –tres de ellos taxistas– fueron acribillados en Coatzacoalcos, además de que ese mismo día marinos y agentes de la FGE ­exhumaron 12 cuerpos de cuatro fosas en ­Alvarado.

Fuente: Proceso