Por Falko Ernst*
Demonizada durante décadas, en los últimos años la mariguana ha reemergido de las sombras. Varios países, en su mayoría del norte, la han legalizado o al menos despenalizado, concluyendo que el costo de su estricta prohibición ha causado más perjuicios de los que su uso podría llegar a causar. Incluso en Estados Unidos, el núcleo y principal exportador de la guerra contra las drogas, 11 estados han firmado leyes permitiendo su consumo recreativo.
Ahora México, donde se han perdido más de 200 mil vidas en el contexto de la guerra contra las drogas en los últimos 13 años, está intentando ponerse al día. Tras una decisión de la Suprema Corte de Justicia, que exige que los legisladores regulen su producción y consumo antes del 23 de octubre, varios proyectos de ley circulan en los pasillos del Senado, incluido uno que establecería un monopolio estatal a cargo de la compra y venta de la planta. Si todo resulta como está planeado, los mexicanos podrán consumir libremente mariguana a partir de finales de octubre, poniendo fin a una prohibición que ha persistido desde 1920. Lo que no está tan claro es el efecto de la regulación en los conflictos armados internos que asolan la nación.
Los defensores de la legalización, en México y en otras partes del mundo, han argumentado que el daño causado por el consumo de la droga palidece en comparación con otras sustancias como el alcohol. Las aplicaciones médicas son prometedoras, tales como el suministro de derivados para tratar a pacientes con cáncer o epilepsia. Adicionalmente, afirman que los impuestos recaudados en un mercado legal podrían ayudar con los gastos de programas para el manejo de la adicción y, en general, ayudar a aliviar el precario sistema de salud pública mexicano.
Pero para un país sacudido por una serie de conflictos armados internos cada vez más profundos, los beneficios potenciales se extienden mucho más allá de la salud pública. La tasa de impunidad en México por delitos graves supera 95%. Sólo resolver todos los casos de homicidio pendientes llevaría décadas. Descongestionar el sistema judicial de los delitos relacionados con la mariguana (los cuales representan alrededor de 60% del total de arrestos por drogas), podría permitir que la policía, los fiscales y los jueces se concentren en lo más importante: proteger a los ciudadanos de crímenes de más grave impacto social, como asesinatos, feminicidios y desapariciones. A la vez, proporcionaría a los agricultores y otros participantes de bajo rango en los mercados ilegales salidas hacia la legalidad, podría ayudar a disminuir el poder del crimen organizado sobre ellos y sus comunidades y adicionalmente reduciría algunos de los ingresos de la narcoeconomía.
De hecho los campesinos de Guerrero, donde la Acapulco Gold existía mucho antes de que los coffee shops de Ámsterdam comercializaran variedades protegidas por derechos de autor, esperan el comienzo de una nueva era. Cuando Crisis Group habló con ellos en septiembre, habían sido golpeados por la peor crisis económica y humanitaria que pudieran recordar. Los precios de la goma de amapola, utilizada para producir heroína y durante décadas el pilar central de la economía local, se habían desplomado rápidamente a medida que los traficantes y consumidores estadunidenses la han remplazado por el fentanilo, un opioide sintético mucho más barato de producir. Aunque algunos habían regresado al campo ante indicios de que los precios aumentarían nuevamente en respuesta a la disminución de la oferta, eran conscientes de que el cultivo de amapola nunca volvería a ser el fenómeno masivo que alguna vez fue.
Estos campesinos también han soportado la peor parte de la mutación de un conflicto armado que ha asolado al estado durante décadas, aunque nunca con la intensidad actual. Estar vinculado, social o económicamente, a uno de los aproximadamente 40 grupos armados que luchan sobre Guerrero es suficiente para terminar en la mira de uno u otro grupo criminal. Miles, incluidos muchos agricultores y sus familias, han sido forzadamente desplazados, a medida que sus comunidades eran invadidas y limpiadas socialmente por grupos en guerra.
Desprotegidos por el gobierno y aislados de sus medios de vida, muchos de estos agricultores se estaban preparando para ser los primeros en alimentar a un mercado legal de la mariguana, plantándola en lugar de amapola en las parcelas a las que aún podían acceder. Algunos se estaban poniendo al día sobre los últimos desarrollos de productos en costosos seminarios organizados por empresarios canadienses de cannabis en la Ciudad de México. Cuando me senté a hablar con cultivadores, en una población en la que se habían refugiado después de ser desplazados, ellos estaban emocionados al mostrarme la granola de CBD no psicoactiva y la cera de THC hiperenriquecida y altamente inductiva que habían traído con ellos. Pronto, esperaban, estos productos se volverían furor en México también.
Pero también eran conscientes de que las cosas no son tan fáciles como parecen. Saben mejor que nadie que lo que una vez fue “sólo” el narcotráfico ha dado paso a algo mucho más dañino y difícil de erradicar. En gran parte sin oposición por parte de funcionarios estatales (con quienes a menudo actúan concertadamente), capos al mando de grupos fuertemente armados han construido verdaderos feudos en todo México. Dentro de ellos, muchos usan la fuerza no sólo para controlar la producción y exportación de drogas ilegales sino también para aprovecharse indiscriminadamente de cualquier recurso disponible para explotar. Eso significa, entre otras cosas, que obtienen pagos por la venta de “protección” a empresas legales e ilegales. En Guerrero, por ejemplo, operaciones internacionales de extracción de oro han tenido que pagar. Y en el vecino estado de Michoacán, el principal productor de aguacate del mundo, disputas sobre quién puede extorsionar a los agricultores y exportadores generan ciclos incesantes de asesinatos.
Con precios al por mayor de alrededor de 20 dólares por kilo, la mariguana actualmente es un componente insignificante en el portafolio de los grupos mexicanos del crimen organizado. Pero con la legalización y la apertura de un mercado nuevo y más grande, eso probablemente cambiará. Y si el negocio de la mariguana resulta tan prometedor como se espera, no hay forma de que los grupos armados que controlan las regiones productoras en Guerrero y otras partes de México no intenten meter la mano. Como una nueva fuente de ingresos podría resultar fortaleciéndolos. Y lo que es peor, podría ser un elemento más de competencia entre ellos, lo que podría alimentar los conflictos armados internos.
Estos riesgos deberían ser obvios, y las formas de afrontarlos deben ser un componente esencial de una legislación inteligente sobre la mariguana. Pero hasta ahora han estado extrañamente ausentes de los radares de los legisladores, mientras que el debate se enmarca en argumentos de salud pública, así como en la voz de consumidores urbanos que reclaman su derecho al consumo. Pero la legalización debe ir de la mano de estrategias de mitigación de conflictos ajustadas a los lugares de producción. El fortalecimiento y la reforma de instituciones estatales deberían ser el comienzo (empezando por una lucha comprometida contra la corrupción, la cual ha socavado constantemente la aplicación de cualquier política de seguridad). Al igual que abordar la pregunta de qué podrían y deberían hacer las instituciones de seguridad federales, tales como la Guardia Nacional, para proteger a los civiles de ser asesinados, desaparecidos y desplazados.
Sin tales estrategias hay muy poco para proteger a los potenciales productores de mariguana de la cooptación criminal. Y sin ellas, no hay nada que garantice que la mariguana no se convierta en otro motor del conflicto letal en lugar de ayudar a socavarlo.
Una forma de evitar estos riesgos sería eliminar la producción de mariguana por completo en zonas de conflicto donde se cultiva tradicionalmente, incluido Guerrero. Este es el escenario impulsado por cabilderos que actúan en nombre de empresarios que buscan grandes ganancias produciendo a escala industrial, con la cual los agricultores tradicionales no podrían competir debido a las economías de escala de estas grandes empresas o en las que los pequeños productores simplemente figurarían como trabajadores mal pagados. Que el mismísimo expresidente y jefe de Coca-Cola México, Vicente Fox, esté entre ellos sugiere que la mariguana bien podría seguir el modelo de control altamente concentrado de producción, distribución y beneficio, que ya caracteriza a gran parte de la economía mexicana. De igual manera, los campesinos que más urgentemente necesitan alternativas podrían quedarse fuera del juego bajo la ley recientemente propuesta por Mario Delgado, ya que todavía no especifica quiénes y dónde cultivarían la mariguana.
Dejar pasar esto –no poner los intereses de los campesinos en el centro de cualquier legislación– significaría perder una oportunidad histórica. Si una iniciativa como la propuesta para la producción y distribución de mariguana dirigida por el Estado llegara a prosperar, con un nuevo organismo público que compre la droga directamente de los agricultores locales con licencia, en principio podría servir como un camino para que algunos abandonen las economías ilegales y el dominio de crimen organizado. Pero para que esta u otras propuestas similares no resulten contraproducentes, el gobierno debería reconocer que la legalización y la regulación como políticas independientes no mitigarán el conflicto en regiones como Guerrero, e incluso podrían empeorarlo.
Hasta ahora, los compromisos del gobierno con el fin de mejorar la seguridad se han reducido a una promesa a largo plazo como la de dar mayores oportunidades a los jóvenes por medio de programas sociales y el papel aún incierto de la Guardia Nacional. Pero si se enmarca de manera correcta, el debate sobre la legalización de la mariguana podría servir como catalizador para una nueva política integral en algunos de los estados más violentos de México, con el objetivo de limpiar las instituciones estatales, proteger a los civiles del crimen organizado y ofrecer alternativas a las actividades ilícitas. Podría, en este sentido, finalmente proporcionarnos el debate sobre la legalización de la mariguana con una ventana a las complejas realidades de conflicto en las regiones más afectadas del país, y a posibles soluciones integrales que aún se tienen que desarrollar frente a ellas.
En su campaña, López Obrador y su equipo le hicieron una promesa central a México: traer la paz. La legalización por sí sola no puede hacer eso. Pero si se integra dentro un marco integral para enfrentar la inseguridad, puede ayudar a llevar a México un paso más cerca de la meta. El presidente y los legisladores que actúen en su nombre deberían abstenerse de impulsar apresuradamente la legislación, incluso si esto significa posponer la fecha límite original para la regulación de la mariguana, como es legalmente posible. Escuchar y tener en cuenta a las personas que viven en las regiones más afectadas por los conflictos armados internos debe ser la prioridad. Sus intereses deben estar en el centro de cualquier plan para pacificar a la sociedad mexicana, mucho más que aquellos de un puñado de empresarios de la cannabis, o incluso de los consumidores.
*Analista para México de International Crisis Group
Fuente: Proceso
