Por diversas irregularidades en el manejo de los recursos públicos, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado (Osafig) anunció que presentará ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado una denuncia de hechos contra el exgobernador Mario Anguiano Moreno, por la probable comisión de conductas “que pudieran tipificarse como delitos”.
El organismo recomendó además al Congreso de Colima ejercitar las acciones legales necesarias y procedentes, a efecto de denunciar ante las instancias competentes los presuntos delitos, a la vez que propuso aplicar una sanción económica de poco más de 707 millones de pesos e inhabilitar al exmandatario hasta por 14 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público estatal y municipal.
Lo anterior quedó establecido en el dictamen de la auditoría especial practicada por el Osafig bajo la figura jurídica de Revisión de Situación Excepcional a la deuda pública del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, que fue dado a conocer la noche de este lunes en el sitio web del organismo.
Junto con el exgobernador, el ente fiscalizador planteó sanciones contra 5 de sus colaboradores en la administración que terminó el 31 de octubre: Rafael Gutiérrez Villalobos, exsecretario general de Gobierno; Blanca Isabel Ávalos Fernández, exsecretaria de Finanzas y Administración; Adriana Elizabeth Vargas Valle, exdirectora general de Egresos; Jorge Anguiano Olmos, exdirector de Presupuesto; Ricardo Miguel Arteaga González, exdirector de Presupuesto, los tres últimos adscritos a la Secretaría de Finanzas y Administración.
Entre los actos atribuidos al exmandatario y a sus excolaboradores figuran distraer los caudales públicos de los objetos a que están destinados por la ley; presentar información falsa al Congreso del Estado en su iniciativa del 10 de septiembre de 2015, donde solicita reconocimiento de deuda, y generar daños y perjuicios a la hacienda pública estatal en la adquisición de deuda pública para sufragar necesidades temporales del gasto corriente.
Otra anomalía detectada por el Osafig fue el pago del crédito del 8 de diciembre de 2014, con ingresos de otro crédito del 2 de enero de 2015, sin realizar el registro del pasivo de 478 millones de pesos y sin la autorización del Congreso, “simulando su pago el 31 de diciembre de 2014, con la emisión del cheque 7,477 de la cuenta bancaria BBVA Bancomer 0446533620 sin suficiencia financiera, y con ello pretender simular su pago dentro del ejercicio de contratación, registrándose como finalidad del crédito la compra de un predio por 478 millones de pesos, sin efectivamente efectuarse”.
Conforme a las responsabilidades atribuidas a cada uno de los exservidores públicos acusados, el Osafig plantea inhabilitación por hasta seis años para el exsecretario general de Gobierno; Rafael Gutiérrez Villalobos; hasta diez años para la exsecretaria de Finanzas y Administración, Blanca Isabel Ávalos Fernández; la exdirectora general de Egresos, Adriana Elizabeth Vargas Valle; y el exdirector de Presupuesto, Jorge Anguiano Olmos; y hasta de seis años para el exdirector de Presupuesto, Ricardo Miguel Arteaga González.
Firmado por el Auditor Superior del Estado, Carlos Armando Zamora González, el dictamen señala que la auditoría a la deuda pública del Poder Ejecutivo del Estado se practicó sobre información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
“La auditoría —dice el documento— fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, se aplicaron los procedimientos de auditoría y verificación de los registros contables del sistema informático SAP y las evidencias documentales que los soportan. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen que se refiere sólo a las operaciones revisadas”.
El Osafig dijo haber constatado el origen y verificado el destino de los ingresos extraordinarios obtenidos y erogados por el Poder Ejecutivo, provenientes de empréstitos con la banca comercial que fueron objeto de conversión, reconocimiento y refinanciamiento por parte del Poder Legislativo del Estado, mediante Decreto 565 aprobado el 20 de septiembre y publicado en el Periódico Oficial el “Estado de Colima” el 21 de septiembre de 2015 por el importe de 638 millones de pesos.
De acuerdo con el organismo fiscalizador, el destino de los recursos obtenidos del crédito suscrito el 21 de agosto de 2015 no correspondió a inversión pública productiva, “a contrario de lo informado por el entonces titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima en su iniciativa de endeudamiento, que sirvió de soporte para la emisión del citado decreto legislativo, lo anterior en incumplimiento al mandatado de los artículos 117 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo 33 fracción XXXVIII de la Constitución Local del Estado, y 5 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima”.
Fuente: Proceso
