Iñaki Blanco, el exsecretario de Seguridad y la expresidenta de tribunal están en la mira por delitos de delincuencia organizada y contra administración de justicia por caso Ayotzinapa
Por el delito de delincuencia organizada relacionado con el caso Ayotzinapa, un juez federal ordenó la detención de los extitulares de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Leonardo Octavio Vázquez Pérez.
También de la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJG), Lambertina Galeana Marín, por delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada.
Las órdenes de aprehensión forman parte de las 83 que se giraron contra exfuncionarios que presuntamente cometieron irregularidades en las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas, en agosto pasado a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y contra la administración de justicia.
De acuerdo con fuentes judiciales, Iñaki Blanco Cabrera, quien realizó las primeras diligencias de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre, está acusado del delito de delincuencia organizada, pues según las investigaciones de la fiscalía, Gilberto López Astudillo, El Gil, declaró que el grupo criminal Guerreros Unidos le entregaba mensualmente 50 mil dólares.
El juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales, con residencia en el Estado de México, Enrique Beltrán Santes, giró los mandamientos judiciales también contra Lambertina Galeana Marín por delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada.
La expresidenta del Tribunal Superior de Justicia es señalada de haber perdido u ocultado los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia, de los hechos registrados el 26 de septiembre de 2014.
Por los mismos ilícitos se libraron órdenes de aprehensión contra Luis Europa Solis Jiménez y Javier Uribe Iturbe, ingeniero en sistemas de cómputo y programador analista del TSJG, respectivamente, de acuerdo con las fuentes judiciales consultadas.
Asimismo, el juez mencionado ordenó la detención de César Nava González y Francisco Salgado Valladares, exjefe de la policía de Cocula y exsubdirector de la policía de Iguala, por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.
Principio de máxima publicidad
Por la mañana, en Palacio Nacional, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, anunció que defenderá el principio de máxima publicidad para que el Poder Judicial permita dar a conocer los nombres de los 46 servidores públicos, militares y civiles a los que se les giró orden de aprehensión por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Señaló que esto fue una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Vamos a hacer en la defensa del principio de máxima publicidad, porque en materia de derechos humanos es un principio que debe de regir. Y a nosotros lo que prevalece en nuestro trabajo es lo que no entienden algunos de nuestros críticos, es que esta es una Comisión de la Verdad, no es un Ministerio Público. Y nosotros el esfuerzo fundamental es garantizar el derecho de las víctimas y en este sentido sí dar toda la información que sea necesaria en favor de su causa, aunque yo sé que en algunos casos no pueda judicializarse, por las propias limitaciones y este principio del debido proceso”, expuso.
Antes, al manifestar que es “un asunto político y un asunto de Estado”, el presidente López Obrador mencionó que revelar estos nombres ayudará a no dar motivo a crear incertidumbre, especulaciones y conjeturas por parte de sus adversarios, además de que abonará para que no haya impunidad.
