Existe “una casta divina” de la alta burocracia federal a la que “no puedes tocar, no la puedes alterar porque reacciona”, y una serie de “ideólogos de la desigualdad” que han salido a defender los privilegios de este sector ante las nuevas medidas de austeridad del próximo gobierno federal y ante la promulgación de leyes como la de Remuneraciones de los Servidores Públicos, destaca el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres.
Por Jenaro VIllamil/ Proceso
En entrevista con este semanario, el legislador responde a las críticas y señalamientos realizados por el constitucionalista Diego Valadés (Proceso 2192), a quien considera “un jurista de la desigualdad” porque “lo que busca defender es la existencia de una polarización en la que un trabajador puede ganar 5 mil pesos y en el mismo aparato administrativo su superior puede obtener hasta 500 mil pesos”.
“Hay zonas de nuestro sistema público-administrativo en la que puede haber una diferencia de 100 a 1” en las percepciones salariales, argumenta Batres, y subraya que la “gran polarización salarial” se generó durante los gobiernos del PAN.
“¿Cuándo crecieron sin cesar los salarios de los ministros de la Suprema Corte? En el sexenio de Vicente Fox. En este lapso también proliferaron los organismos autónomos. Son los años en que se puso de moda la gerencia pública”, afirma el expresidente de Morena.
Batres, tres veces legislador federal y exasambleísta capitalino, responde también a la crítica de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador está “aislado” y que no existe “coordinación” entre las bancadas de Morena en el Congreso y el equipo del futuro mandatario.
“Ese es otro de los errores de Valadés. No ha acabado de entender que el principal impulsor de esta ley (Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos) es Andrés Manuel López Obrador. En la primera reunión que tuvimos los legisladores con él en julio de este año, cuando aún no era presidente electo y nosotros no habíamos tomado posesión, él planteó 12 puntos y en uno de ellos pidió que se encargara el diputado federal Pablo Gómez sobre la ley de salarios máximos”, relata.
–El argumento de Valadés es que esta ley se promulgó con erratas. Que ya no existe el Distrito Federal ni el concepto de salarios mínimos, entre otros puntos –se le comenta.
–No es correcto, porque para eso existen transitorios de otras legislaciones recientes donde ordena que donde dice Distrito Federal ahora diga Ciudad de México, etcétera.
“Fue muy interesante lo que hicieron los diputados. ¿Por qué aprueban una ley de hace siete años? La aprueban para que quede publicada antes de que se discuta el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019, porque así ya tienes un mandato legal. La firmamos Porfirio Muñoz Ledo y yo (como presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado).
“Terminó el proceso legislativo y se le mandó al Ejecutivo federal. El presidente tenía 30 días para hacer observaciones y tenía después 10 días para publicarla. Las observaciones son el veto. No lo hizo; pudo haberlo hecho. Terminó el plazo. Pasaron 10 días y no la publicó. ¿Qué dice la Constitución en el artículo 72, inciso b? Que ‘una vez transcurrido este segundo plazo, el presidente de la cámara de origen ordenará dentro de los 10 días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo’”, explica Batres, leyendo este fragmento del artículo 72 constitucional que se modificó recientemente para eliminar el llamado “veto de bolsillo”.
Y le vuelve a contestar al exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tras su entrevista con Álvaro Delgado: “Ahí se equivoca Valadés también. Dice que el presidente del Senado no debió haber ordenado su publicación. ¿Cómo que no debía haberla ordenado? ¡Me lo está diciendo un constitucionalista! El presidente del Senado no tenía de otra más que ordenar su publicación. Es muy lamentable que esto lo diga un jurista”.
(Fragmento de la entrevista publicada en Proceso 2193, ya en circulación)
