Al no contar con recursos adicionales para la consulta popular del 1º de agosto, una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia que interpuso, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó ayer que no se usarán urnas electrónicas en el ejercicio, cuya promoción se inicia el 15 de junio, y el proyecto se ajustará al presupuesto que se tenga.
Pese a que la SCJN cerró ayer la última puerta para que el organismo consiguiera más recursos, el consejero Uuc-Kib Espadas garantizó la realización de la consulta, si bien no tendrá los mismos estándares de calidad de una elección constitucional, pues –entre otras cosas– no habrá papel seguridad para las papeletas ni se colocarán las 162 mil casillas de los comicios pasados.
La negativa a financiar adecuadamente este ejercicio es un golpe contra el mismo y el funcionamiento del INE, por lo que el instituto hará lo que pueda con lo que cuenta y los ahorros que pueda hacer, subrayó. Eso sí, habrá una boleta para cada ciudadano, certeza en la imparcialidad y contabilidad de los votos. Pero “accesibilidad no lo podemos garantizar”, porque se instalarán muchas menos mesas de votación.
El consejo del INE aprobó ayer una adenda a los lineamientos de la consulta, en la que destaca que cada mesa receptora de votos contará con dos mil papeletas y en casos excepcionales, mayor cantidad. No habrá representantes de partidos y se buscará que quienes fueron funcionarios de casilla el domingo pasado vuelvan a ostentar esos cargos.
La consejera Carla Humphrey insistió en la votación electrónica, pero su colega Jaime Rivera señaló que tras realizar un diagnóstico, las áreas ejecutivas y técnicas del INE plantearon que no es conveniente ni factible. Rivera agregó que no hay tiempo ni dinero para hacer la auditoría a los equipos y el beneficio que podrían dar es mínimo, pues implican un gasto mayor que las papeletas, las cuales costarán menos de la mitad de una boleta electoral.
Las estimaciones sobre el costo de la consulta han variado debido a la falta de presupuesto. De mil 499 millones de pesos previstos, se ha pasado a 890 millones.
Fuente: La Jornada
