Sin incluir al exmandatario de Sonora, el panista Guillermo Padrés, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó un total de 30 denuncias ante el gobierno de esa entidad con motivo de la detección de irregularidades en la fiscalización de impuestos.
De acuerdo con el titular del SAT, Aristóteles Núñez, las denuncias son contra funcionarios públicos que durante el mandato de Padrés “trabajaron directamente en auditorías o revisión de actas de las empresas que se beneficiaron de quitas de impuestos irregulares, presuntamente autorizadas por el exgobernador”.
Después de la firma de un convenio de colaboración entre el SAT y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) en materia de contabilidad y auditoría electrónicas que entrarán en vigor en 2016, Núñez precisó que las denuncias fueron hechas ante autoridades administrativas de Sonora, que a su vez deberán determinar si las irregularidades señaladas son suficientes para presentar una acusación penal.
De hecho, señaló que el proceso en contra de los funcionarios corresponde a la Fiscalía Anticorrupción local, a la Procuraduría estatal e incluso a la federal, pero no directamente al SAT, que cumple únicamente con la revisión de los actos y omisiones cometidos en la administración de Padrés.
De acuerdo con Núñez, Guillermo Padrés no tenía atribuciones directas respecto de la dirección, supervisión o firma de actos en materia fiscal en los que la autoridad tributaria halló irregularidades.
“El exgobernador no tiene la atribución directa, es un trabajo que tendrán que hacer las autoridades estatales para saber hasta dónde puede alcanzar el deslinde de responsabilidades”, acotó Aristóteles Núñez.
El escándalo derivó de tres denuncias anónimas en las que se dio a conocer que se benefició a 574 contribuyentes a través de 829 auditorías realizadas por la entonces Dirección General de Auditoría Fiscal del Estado de Sonora, lo que provocó un daño por mil 705 millones de pesos al fisco federal.
