En un hecho sin precedentes, la Suprema Corte de Justicia solicitó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investigar a fondo la presunta corrupción en juzgados y tribunales de Baja California que ha permitido que miles de autos usados ingresen al país desde Estados Unidos sin cumplir los requisitos.
La investigación fue solicitada con base en el artículo 97 de la Constitución, que faculta a la Corte para pedir que se “averigüe la conducta” de funcionarios de ese nivel, y que no había sido utilizado.
El Ministro José Ramón Cossío fue quien planteó al pleno de la Corte solicitar la investigación en 2013, y el pasado 19 de mayo pidió a sus colegas requerir al CJF para presentar un informe actualizado sobre las acciones que ha adoptado.
Cossío pidió la indagatoria luego de que la Corte resolvió en 2012 siete expedientes derivados de la importación de autos usados, algunos de ellos atraídos por los Ministros por solicitud del SAT.
“Al estudiar las constancias me pude percatar de ciertas situaciones y posibles inconsistencias que, en mi opinión, ameritan una averiguación concreta al respecto”, afirmó Cossío, quien elaboró las sentencias en los siete asuntos.
Los casos involucran a cinco magistrados de circuito que otorgaron amparos y luego insistieron en ordenar la importación de autos sólo con los requisitos del Tratado de Libre Comercio, sin tomar en cuenta los requisitos de un decreto presidencial de 2011.
El tema de los autos usados ha sido motivo de quejas recurrentes del SAT y de la industria automotriz desde 2010, pero hasta ahora el CJF no ha sancionado a los juzgadores.
En julio de 2011, el SAT denunció ante el CJF a los presidentes del Primer y Cuarto Tribunales Colegiados en Mexicali, Benjamín Castro y José Aguilar Moya, porque, sin tener facultades, giraron oficios a todas las aduanas fronterizas para que siguieran permitiendo importar a dos empresas.
En mayo de 2012, el CJF suspendió a dos jueces de distrito de Mexicali para investigarlos por los mismos hechos, pero a ninguno se le inició procedimiento de responsabilidad.
Uno de estos jueces, Daniel González Vargas, estuvo suspendido dos meses, fue reinstalado en Mexicali, y en diciembre de 2013 otorgó una suspensión a la empresa Automotores Triple R para que siguiera importando, con lo que ignoró jurisprudencia de la Corte.
En mayo pasado, el CJF readscribió a González a un juzgado de Veracruz, y el 16 de junio anunció que otra vez lo suspendió para iniciar una nueva visita extraordinaria al juzgado de Mexicali donde despachaba.
Fuente: Reforma
