Por Raymundo Riva Palacio
Las paradojas de las nuevas leyes en la procuración de justicia y el fortalecimiento del garantismo, que definió a la Suprema Corte al liberar a Florence Cassez después de casi siete años de apasionado debate sobre el debido proceso, volvieron a surgir al dejar en libertad un juez a uno de los cinco fugitivos más buscados por Estados Unidos, preso en México desde hace más de 20 años por los delitos de narcotráfico y asesinato. Usted disculpe, señor Rafael Caro Quintero, se puede ir a casa.
Caro Quintero abandonó el penal preventivo en Guadalajara, donde purgaba el año 28 de una sentencia de 40 años, tras resolver el juez unitario un amparo a favor del capo de uno de los jefes del Cártel de Guadalajara en los 80s, porque de acuerdo con las reformas constitucionales de 2011 en materia de amparo y derechos humanos, se violó, como en el caso de Cassez, el debido proceso. El juez dijo que debió haber sido juzgado por un tribunal del fuero común, y no por uno federal, que fue el que lo sentenció.
La PGR anticipó que apelará, pero poco podrá hacer bajo las nuevas leyes. No existe causa alguna en contra de Caro Quintero, porque todas las acusaciones que pendían sobre él se acumularon –esta es una estrategia legal– en un solo expediente, sobre el que fue absuelto. Fuera de la cárcel, tampoco está claro qué sucederá con la petición de extradición de Estados Unidos para que responda en sus tribunales por el secuestro y asesinato de un agente federal. Caro Quintero, el más violento capo en los 80s, es el beneficiario más importante del criterio garantista de la Corte desde que dejaron en libertad a Cassez.
La familia criminal sinaloense debe estar de plácemes.
Caro Quintero fue perseguido, capturado y juzgado junto con el jefe del Cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, y otro subalterno, Ernesto Fonseca Carrillo –tío de Amado Carrillo, el finado “Señor de los Cielos” –, por el asesinato del agente encubierto de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena Salazar y su piloto mexicano Alfredo Avelar, en febrero de 1985, en venganza por su traición –el agente recibía dinero de ellos–, al denunciar la existencia “El Búfalo”, un rancho de mil hectáreas en Chihuahua, donde producían mariguana.
Propiedad de Félix Gallardo –aún preso–, el trabajo en “El Búfalo” era tan intenso, que se consumían diariamente dos millones de tortillas y mil 800 pollos rostizados, y había una economía a escala que beneficiaba a la zona. Cuando entró el Ejército Mexicano, enviado por la presión de Estados Unidos al gobierno de Miguel de la Madrid, incautaron cinco mil kilos de mariguana, todavía el decomiso más grande en la historia del narcotráfico.
El Cártel de Guadalajara tenía la protección de la Policía Federal y, en los cultivos del norte del país, como “El Búfalo”, también del Ejército. Cuánto pagaban por esa protección institucional no se sabe con precisión, pero reportes de prensa de la época revelaron que Caro Quintero pagaba 60 millones de pesos mensuales (dos millones de pesos aproximadamente en la actualidad) al jefe de la Policía Federal que lo dejó escapar tras el asesinato.
Caro Quintero es la metáfora de la tensa relación generacional entre Estados Unidos y México por el narcotráfico. El asesinato y tortura de Camarena Salazar desató la furia de la DEA, que encontró en la “Operación Leyenda”, como le llamaron a la investigación de su crimen, la misión de su vida. La dinámica de las relaciones bilaterales tampoco se puede entender sin aquél episodio que definió el rumbo de una historia que escribieron de manera consistente cuatro presidentes que rechazaron las presiones de Washington para intervenir directamente en el diseño e instrumentación de la estrategia antidrogas, donde finalmente accedió el ex presidente Felipe Calderón.
El asesinato de Camarena Salazar convirtió al narcotráfico, hasta entonces un tema muy desconocido en México, en parte indivisible de la vida pública, donde la DEA ha buscado proyectar a ese país como un narco-Estado. La “Operación Leyenda” produjo testigos que acusaron los secretarios de la Defensa, general Juan Arévalo, y de Gobernación, Manuel Bartlett, de ser cómplices de los cárteles de la droga, que se desvanecieron legalmente, pero no en la opinión pública. Quien sí pagó fue Rubén Zuno, dueño del rancho donde asesinaron a Camarena y Avelar, el cuñado del ex presidente Luis Echeverría que murió en una prisión estadounidense en 2012.
Caro Quintero llegó a Guadalajara en la segunda parte de los 70s, cuando la “Operación Cóndor” que realizó el Ejército en el noroeste del país, provocó el éxodo de los narcotraficantes sinaloenses hacia Jalisco. La fundación del Cártel de Guadalajara llevó el florecimiento económico, con fraccionamientos y hoteles de lujo, y un disparo en el establecimiento de distribuidoras de automóviles, que cambiaron la fisonomía de la llamada Perla Tapatía.
El lugarteniente de Félix Gallardo fue uno de los primeros narcotraficantes que utilizó parte de sus ganancias de las drogas para obras sociales que sustituyeron las carencias de la autoridad. En Badiraguato, el municipio en el cual nació –como otras figuras criminales como Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada, José “El Azul” Esparragoza o Ignacio Coronel–, construyó una iglesia y canchas de basquetbol. Los jóvenes lo idolatraban y se convirtió en un modelo a seguir por una generación que pensaba que bien valía arriesgar la vida a cambio del dinero, las mujeres y el poder que jamás lograrían si se mantenían dentro de la ley.
Caro Quintero fue detenido en Costa Rica por el descuido de su novia, Sara Cosío, sobrina de un ex gobernador de Jalisco, quien habló por teléfono a su casa para asegurarles que estaba enamorada, no secuestrada como se hablaba en la prensa.
Desde entonces recorrió penales federales hasta llegar a un preventivo en Guadalajara en 2010, cuando la PGR no pudo demostrar su perfil de alta peligrosidad y perdió un juicio que llevó a su traslado.
Su liberación sorprendió y molestó en Estados Unidos, que llevaba meses en una nueva embestida jurídica contra él. Apenas en junio, el Departamento del Tesoro impuso sanciones contra 18 personas y 15 compañías que, aseguró, lavaban dinero de las drogas, negocio que afirmaban seguía manejando desde la cárcel. El director de la Oficina de Control de Activos del Tesoro, Adam Szubin, dijo en ese momento que Caro Quintero usaba a familiares y prestanombres para invertir dinero de las drogas en compañías legítimas y negocios de bienes raíces en Guadalajara.
Las advertencias de Washington no importaron al Poder Judicial mexicano. Lo dejaron en libertad en esta nueva era de garantismo que ahora benefició al ex jefe del Cártel de Guadalajara. La leyenda negra de Caro Quintero, que produjo un Best Seller (“Desperados”) y una serie de televisión “Drug Wars: The Camarena Story”) en los 90s, tendrá ahora un nuevo y absolutamente inesperado impulso.
Fuente: Eje Central
