La nueva clasificación del herbicida de mayor uso en el mundo como posible agente cancerígeno para los seres humanos ha suscitado nuevas dudas en Colombia sobre el programa de aspersiones aéreas de la sustancia, que ha sido clave en la guerra al narcotráfico que apoya Estados Unidos en el país sudamericano.
La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, que tiene su sede en Francia y pertenece a la Organización Mundial de la Salud, ha reclasificado el herbicida glifosato debido a lo que describió como pruebas convincentes de que la sustancia produce cáncer en animales de laboratorio y debido a las conclusiones más limitadas de que causa linfoma no hodgkiniano en personas.
Esta decisión anunciada el fin de semana posiblemente tendrá repercusiones en todo el mundo porque el herbicida Roundup, que contiene glifosato, es uno de los pilares principales de la agricultura a escala industrial.
En Colombia, la reclasificación adquiere mayor dimensión política debido a los enconados debates que ha suscitado un programa mediante el cual se han rociado más de 2,3 millones de hectáreas (4 millones de acres) de tierras en las últimas dos décadas con el propósito de erradicar las plantas de coca, cuyas hojas se utilizan para la elaboración de cocaína.
Este programa de aspersión de glifosato, financiado por estados Unidos y llevado a cabo por contratistas de ese país, ha persistido como un elemento de fricción con la izquierda colombiana, que lo compara con el herbicida Agente Naranja que utilizaron las fuerzas militares estadounidenses durante la guerra de Vietnam.
El fin de ese programa de aspersión también ha sido una demanda de los rebeldes izquierdistas que sostienen negociaciones con el gobierno a fin de concertar un acuerdo que ponga fin al conflicto armado interno que ha durado más de medio siglo.
El economista Daniel Mejía, que vive en Bogotá y preside una comisión de expertos que asesora al gobierno colombiano en la estrategia antinarcóticos, dijo que el nuevo informe es con mucho el de mayor autoridad y podría terminar sepultando las aspersiones de glifosato que se efectúan desde el aíre.
“La OMS es un organismo que nadie puede tildar de sesgado”, dijo Mejía, quien destacó que ya se han planteado dudas sobre la efectividad de la estrategia de las aspersiones y los posibles riesgos para la salud.
En un documento basado en el análisis de registros médicos de 2003 a 2007 y que Mejía difundió el año pasado, se afirmó que la incidencia más alta de problemas en la piel y abortos ocurrió en los distritos en los que se efectuaron las aspersiones con avionetas.
La Defensoría del Pueblo de Colombia se hizo eco de las preocupaciones de Mejía y afirmó que solicitará la suspensión de las aspersiones aéreas si los resultados de la OMS son convincentes.
El gobierno de Estados Unidos, que ha visto el derribo de pilotos estadounidenses en vuelos antinarcóticos, afirma que el daño ambiental y los peligros a la salud derivados de la producción de cocaína rebasan las consecuencias adversas de la erradicación aérea de la coca. Bogotá comparte la postura de Washington.
Sin embargo, Mejía advirtió que aunque él apoya el fin de las aspersiones aéreas no hay consenso sobre esa medida en la comisión asesora que preside en el país.
“Reabre el debate sin duda y nos causa preocupación”, declaró el sábado el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, a The Associated Press. “Pero hay mucho intereses que transcienden lo nuestro”.
Monsanto y otros fabricantes de productos que contienen glifosato rechazaron tajantemente la nueva decisión de la OMS y afirmaron que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos determinó en 2012 que el herbicida era seguro.
Colombia ha reducido las aspersiones aéreas y las ha cambiado por erradicación manual en medio de las críticas de que el gobierno se granjea la mala voluntad de los agricultores a los que intenta proteger de los grupos armados.
Las aspersiones aéreas abarcaron el año pasado aproximadamente 55.000 hectáreas (136.000 acres), una superficie menor respecto del nivel más alto de 17.2000 hectáreas (425.000 acres) en 2006. Incluso los oponentes del programa afirman que el gobierno ha reducido los riesgos durante las aspersiones al no efectuarlas durante ventarrones para evitar la propagación de la sustancia y con la instalación de dispositivos GPS en avionetas a fin de que las denuncias de lesiones que presenten los agricultores puedan ser investigadas con celeridad.
En 2013, Colombia aceptó indemnizar a Ecuador con 15 millones de dólares para zanjar una demanda por perjuicios económicos y humanos relacionados con las aspersiones efectuadas en la frontera entre ambos países.
El general Ricardo Restrepo, el director de Antinarcóticos, dijo que no ha visto la nueva advertencia de la OMS y que el programa de aspersiones aéreas prosigue como es habitual.
“Yo cumplo la estrategia que hay”, afirmó.
Fuente: AP
