Viejas rencillas de la cúpula castrense parecen estar detrás del caso contra el general Juan Manuel Barragán Espinosa, acusado anónimamente de actuar como intermediario del narcotráfico para intentar sobornar a Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa en el sexenio calderonista, y detener la cacería contra El Chapo Guzmán. Pero en sucesivos careos e indagatorias, las acusaciones contra el militar se han ido desmoronando. Lo que queda a la vista es el rencor que se le tenía guardado desde hacía décadas al militar, sobrino y yerno de sendos extitulares de la Sedena.
Por Juan Veledíaz/ Proceso
Una de las últimas comparecencias de Joaquín El Chapo Guzmán, meses antes de su escape del penal del Altiplano, se efectuó ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Toluca, en el juicio contra un general brigadier acusado de ser intermediario del capo para intentar sobornar, a finales de 2011, a Guillermo Galván Galván, entonces secretario de la Defensa Nacional.
El pasado 31 de marzo el jefe del Cártel del Pacífico apareció en el monitor de videoconferencias del juzgado.
–¿Conoce al general Juan Manuel Barragán Espinosa? –le preguntó el abogado del militar.
–No. Hasta este momento estoy conociendo al señor en la rejilla de prácticas; nunca había escuchado su nombre ni nunca lo había visto personalmente –contestó El Chapo.
Enseguida le pregunta si había enviado emisarios para reunirse a “negociar” con Barragán Espinosa a finales de 2011, así como para buscar un acercamiento con Galván Galván y otros altos mandos del Ejército y funcionarios federales a fin de solicitar protección y colaboración con su organización en el noroeste del país.
De acuerdo con documentos judiciales –copias de los cuales tiene Proceso–, en ese momento el juez intervino para desechar la pregunta, pues Guzmán ya había dicho que no conocía al acusado y jamás había escuchado su nombre.
Esa respuesta del Chapo era lo que esperaban los abogados del general para probar que la acusación en su contra era un “montaje” de las procuradurías General de Justicia Militar (PGJM) y General de la República (PGR).
Los cargos contra Barragán eran por delincuencia organizada y delitos contra la salud y se fincaron con base en presuntas pruebas –presentadas por un “testigo colaborador”– de un par de reuniones en diciembre de 2011 del militar con representantes del Chapo Guzmán, a quienes supuestamente pidió 10 millones de dólares a fin de conseguirles reuniones con Galván Galván; la procuradora general de la República, Marisela Morales, y el general Genaro Robles Casillas, entonces subjefe operativo del Estado Mayor de la Defensa.
Las supuestas reuniones buscarían el cese de los operativos militares contra el Cártel de Sinaloa y de la cacería en la región noroeste del país contra El Chapo Guzmán.
Según las declaraciones de Humberto Guerrero Murguía, el “testigo colaborador”, Barragán les dijo días después que todavía no arreglaba nada pues le habían cancelado las citas, pero tenía pensado comprar un reloj Rolex para regalárselo al secretario de parte del capo “como muestra de agradecimiento”.
De acuerdo con las mismas declaraciones, el 24 de diciembre de 2011 las reuniones seguían sin concretarse, por lo que se pactó un nuevo encuentro entre Guerrero Murguía y el brigadier en su oficina. El testigo llegó acompañado de otra persona, supuesto enviado del Chapo, quien grabó subrepticiamente 28 minutos de esa conversación, lo cual serviría para probarle al capo sinaloense que las negociaciones seguían en curso.
En los primeros días de enero de 2012 Barragán pasó a retiro por haber cumplido la edad límite que marca el reglamento para su grado. Pero en los últimos días de ese mes fue detenido y quedó arraigado. En abril fue consignado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, y en septiembre la versión oficial de su caso se publicó en un periódico capitalino, donde lo llamaron “el yerno incómodo”, en alusión a su parentesco con el exsecretario de la Defensa Félix Galván López.
Privilegiado
Un correctivo disciplinario contra Juan Manuel Barragán Espinosa durante su etapa como cadete del Colegio Militar a finales de los sesenta –cuando su tío, Marcelino García Barragán, era titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)–, era algo que nadie se hubiera atrevido a hacer.
Pero lo hizo el capitán Jesús Gutiérrez Rebollo, y a los pocos días ya lo sabía García Barragán. Lo mandó llamar y lo felicitó por “apretarle las tuercas” a su sobrino; había que ser severo con el muchacho, pues tenía “aires de soberbio”.
En septiembre de 1970 Barragán Espinosa egresó del Colegio Militar con el grado de subteniente de infantería y se incorporó al Cuarto Batallón de Infantería, donde estuvo poco más de cinco años. En 1976 fue enviado al Cuerpo de Guardias Presidenciales, donde su carrera crecería al amparo de su pariente Javier García Paniagua, hijo de García Barragán, senador por Jalisco e incorporado al gabinete al comenzar el gobierno de José López Portillo.
El lopezportillista fue el sexenio del grupo militar formado tiempo atrás en la ayudantía y la secretaría particular de García Barragán. Los llamaron los “barraganistas” y los encabezaba Galván López, exsecretario particular de García Barragán y nuevo titular de la Secretaría de la Defensa.
Como su secretario particular Galván López nombró al entonces coronel Enrique Cervantes Aguirre, quien también había estado en la ayudantía junto a su compadre Francisco Quirós Hermosillo, designado comandante de la Policía Militar. Cervantes sería titular de la Sedena en el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000).
En diciembre de 1976 Barragán Espinosa quedó comisionado en la ayudantía de Galván López. Y su estrella cambió. Se casó con la hija del secretario de la Defensa.
Ascendió a capitán en 1978 mientras estudiaba el primer año del Curso de Mando y Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra (ESG). Era parte de la generación 49 del plantel; tiempo después sus compañeros de aula ocuparían altos cargos en el Estado Mayor Presidencial, como Domiro García Reyes, Roberto Miranda Sánchez y Pedro Bautista Pérez.
Quienes coincidieron en el plantel con Barragán recuerdan que tenía “privilegios”. Le pusieron casa, traía escoltas, y de las cuatro a las cinco de la tarde “se lo llevaban” a comer. Una de las reglas de la ESG era que quien reprobara dos materias era dado de baja automáticamente, lo que no se cumplió en su caso. Se decía que el yerno del secretario tuvo problemas desde el primer mes: no estaba en la lista de los sobresalientes, pero tenía trato “privilegiado”.
El sexenio de Galván López es recordado porque los grados en el Ejército se otorgaron discrecionalmente, en beneficio de los miembros del grupo en el poder. En 1981, poco después de que Barragán se graduara de la ESG, el entonces jefe de Estado Mayor de la Defensa, el general Rodolfo Reta Trigos, recibió la orden de ascenderlo.
A Barragán Espinosa la fortuna no lo abandonó. En agosto de 1981 su suegro lo nombró agregado militar adjunto a la embajada de México en Washington, donde también ocupó el cargo de asesor en la delegación mexicana ante la Junta Interamericana de Defensa.
De su hoja de servicios –copia de la cual tiene Proceso– se desprende que volvió al país a mediados de 1984, segundo año del sexenio de Miguel de la Madrid, con el general Juan Arévalo Gardoqui al frente de la Sedena.
Quedó comisionado en la Escuela Militar de Aplicaciones, donde se desempeñó como profesor de las materias táctica general y grupos de comando. En 1989 tenía el grado de teniente coronel. Entonces fue enviado a Guerrero como subjefe de Estado Mayor de la 27 Zona Militar, en Acapulco. Tiempo después, cuando estaba comisionado en Guardias Presidenciales, ascendió a coronel.
En agosto de 1996 era jefe de Instrucción del Colegio de Defensa Nacional, cuando Enrique Cervantes Aguirre, entonces titular de la Sedena, ordenó investigarlo. El secretario quería cobrarle una “afrenta” y dio instrucciones al área de inteligencia militar para averiguar el origen de sus propiedades y finanzas personales. Querían corroborar su probable “relación con hechos de involucramiento directo en actividades sospechosas”. Documentos militares señalaban que lo investigaban por supuestos vínculos con el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes (Proceso 1082).
En marzo de 1998 se inició una averiguación previa en su contra por haber dado una tarjeta de presentación a un civil, a quien recomendaba con el general José Luis Chávez García, entonces delegado de la PGR en Baja California.
Barragán intercedió para que Chávez ayudara a esta persona a obtener permisos, acelerar trámites y establecer un negocio farmacéutico “lícito” en la frontera. La PGJM determinó que no había delito que perseguir y archivó la indagatoria, según documentos consultados por este semanario.
Por entregar esa tarjeta, el militar fue arrestado 15 días y quedó “segregado”. Era la ruptura con Cervantes Aguirre, con quien tenía diferencias desde hacía tiempo, pese a que ambos fueron muy cercanos a Galván López. En 1998 la muerte de García Paniagua, amigo del entonces titular de la Defensa, aceleraría el distanciamiento entre los antiguos “barraganistas”.
Montaje
Destituido del Colegio de Defensa, lo mandaron “castigado” a un Cuerpo de Defensas Rurales en Rincón de Romos, Aguascalientes, donde estuvo siete años. Volvió a la “circulación” al comenzar el gobierno de Felipe Calderón: jefe de Estado Mayor de la 12 Zona Militar, en San Luis Potosí. Comandante del Segundo Batallón de Policía Militar y después jefe de Estado Mayor de la Brigada de Infantería Ligera en Irapuato serían sus últimos cargos operativos. Del Bajío volvió a la Ciudad de México, a la Dirección de Personal de la Sedena, donde ascendió a general.
Ahí estaba a cargo de la Oficina de Reclutamiento cuando un texto anónimo llegó a la Sedena. Fechado el 3 de noviembre de 2011, el texto decía que el general se reunía con personas “que tenían la facha de gente del norte del país”, a quienes trataba con “mucha amabilidad, como si tuvieran toda la confianza”, pese a que mostraban “toda la pinta de narcotraficantes”.
Barragán declaró que con quien se reunió en su oficina fue con el abogado Jaime Lemus Barajas para consultas legales a fin de invertir en bonos de “deuda consolidada histórica”. Buscaba un tipo de bono llamado “águila negra”. Tiempo después unos conocidos le recomendaron para este fin a Humberto Guerrero Murguía, quien alguna vez lo visitó –acompañado por su hermano– para hablar del tema.
Al salir de esas visitas Guerrero Murguía empezó a ser vigilado por la Policía Judicial Militar.
Cierta ocasión, en avenida Legaria y Periférico, lo interceptaron, lo subieron a una camioneta y se lo llevaron. No supo a dónde. Sólo recordó tiempo después que lo tuvieron vendado en un cuarto, lo golpearon e interrogaron y le advirtieron que le harían daño a su familia si no colaboraba en las acusaciones contra Barragán. Con la presión cedió y lo llevaron a la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), donde aceptó ser “testigo colaborador” con el alias de Samuel.
Pero en julio y agosto de 2013, ante el juez militar y después en el Juzgado Decimoquinto de Distrito, Guerrero se retractó de sus dichos y renunció a seguir siendo “testigo colaborador”. Relató su secuestro por los policías militares, quienes lo mantuvieron privado de su libertad a fin de armar el tinglado de las reuniones con Barragán para orillarlo a “cometer una conducta delictiva” e iniciarle un proceso penal. Aseguró que quienes se hicieron pasar por “enviados” del Chapo eran en realidad agentes de la Policía Militar.
El 29 de septiembre de 2014, durante un careo con el teniente Aarón López Rubio, citado como testigo de los encuentros, Guerrero aseguró que este oficial de la Policía Militar actuaba “encubierto”. Trazó parte de la trama en la que un par de militares lo acompañaron en diferentes momentos y se hicieron pasar por “negociadores”.
“Se suponía que tu función era hacerte pasar como gente del Chapo, tú sabes que cuando yo tenía entrevista con el general Barragán siempre iba custodiado por policías militares”, le dijo a López Rubio.
En la acusación se mencionó que el general y el abogado Lemus presuntamente recibieron un par de bolsas con un costoso regalo y dinero en efectivo. Las bolsas las llevó uno de los policías militares “infiltrados”, dijo Guerrero.
En cuanto a la conversación grabada por uno de los policías militares, un peritaje determinó que se trata de un audio de 28 minutos donde se escucha que los participantes hablan de bonos de deuda exterior y sobre personas detenidas en Durango trasladadas a la SIEDO; en torno a éstas se nota el interés por que se atienda su situación jurídica, aunque no se escuchan propuestas de colaborar para algún grupo criminal. Según el análisis, nada de lo que se escucha es ilegal.
La retractación de Guerrero cerró la instrucción del caso. De abril de 2012 a la fecha, el juzgado militar le ha dictado siete veces formal prisión por delitos contra la salud; igual número de veces la resolución ha quedado sin efecto al ganar el mismo número de amparos. En diciembre de 2014 el juzgado militar volvió a dictarle prisión por el mismo cargo y quedó procesado. El rechazo del testigo para corroborar sus declaraciones dejó sin pruebas la acusación, pero el proceso sigue.
Barragán llegó a comentar entre sus allegados que a partir de febrero de 2012, cuando estuviera retirado del Ejército, pensaba incursionar en la política. Tal vez como candidato plurinominal al Senado con las siglas del PRI, en su natal Jalisco, durante las elecciones de aquel año.
En 2011 no ocultó su respaldo al general Salvador Cienfuegos Zepeda, viejo conocido y con quien tenía buena relación, para ocupar el cargo de secretario en la sucesión que se avecinaba en la Defensa. El detalle reavivó aquella vieja animadversión contra uno de los últimos “barraganistas”. Militares cercanos al brigadier señalaron que hubo generales que aspiraban al puesto, como Luis Arturo Oliver Cen, entonces jefe de Estado Mayor de la Defensa, y Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, subsecretario del ramo, quienes no lo toleraban.
En la sucesión en la Sedena los generales Gaytán y Oliver fueron señalados de estar confrontados con el grupo de Cervantes Aguirre, representado por su exsecretario particular Tomás Ángeles Dauahare –detenido por esos días, acusado de vínculos con el narco–, y por su excoordinador antinarcóticos, general Augusto Moisés García Ochoa, señalado de estar detrás de compras de equipo de espionaje a precio “inflado”. En esta coyuntura de escándalos y filtraciones, una antigua factura le fue cobrada a Barragán.
