Por Patricia Mayorga/ Apro
María, fue privada de su libertad hace más de tres años. Durante su cautiverio, fue víctima de abuso sexual y posteriormente sus captores la obligaron a tener relaciones sexuales con los integrantes de un grupo delictivo que le “echó el ojo”.
Un día, en un descuido de sus secuestradores, huyó del lugar donde la mantenían cautiva y se reencontró con su familia.
Días después, la mujer recibió un mensaje amenazante en su teléfono celular. Sus captores le advirtieron que si no regresaba, irían por su hermana y por toda su familia.
Atemorizada, la mujer volvió al lado de sus victimarios. Hasta ahora, nada se sabe de su paradero. Nunca mencionó el sitio donde había estado.
En la misma franja fronteriza de Chihuahua, otra mujer logró huir de la “pesadilla” a la que estuvo sometida durante meses y denunció a su pareja, líder del grupo delictivo dedicado a la trata de personas.
Había adolescentes y adultas, denunció después. Ella era la encargada de alimentarlas, pero no soportó más los tratos denigrantes. Contó que cada una de las mujeres raptadas y reclutadas era obligada a tener de 30 a 40 encuentros sexuales diarios.
Igual que María, ella acudió al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), donde le brindaron apoyo. Su caso fue denunciado ante la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra). Después de eso, nunca más regresó a su tierra natal.
En agosto de 2011 dos hermanas fueron privadas de la libertad en San Juanito, municipio de Bocoyna. Semanas más tarde se descubrió que integrantes del grupo delictivo “La Línea” las llevaron a un “centro de concentración” para abusar de ellas. Los padres interpusieron la denuncia por desaparición.
Norma Ledesma Ortega, presidenta de la asociación Justicia para Nuestras Hijas, tomó el caso de Nancy y Daisy Caraveo, originarias de Bahuichivo y empleadas de la Conasupo del pueblo. Después de un mes, el expediente estaba intacto.
Ledesma exigió hacer rastreos en una zona señalada por un delincuente –detenido por otro delito– como el lugar donde las hermanas (de 20 y 26 años de edad) habían sido enterradas.
Ledesma Ortega advirtió a las autoridades que los grupos delictivos asentados en la sierra habían creado “campos de concentración” donde mantenían cautivas a las mujeres de la región.
“Las están reclutando”, alertó, mientras Nancy y Daisy eran buscadas. En una bodega con armas y diversos objetos encontraron las credenciales de elector de las ambas.
Antes de que se hicieran evidentes los casos de trata de personas en esta capital, en Ciudad Juárez ese “infierno” ya llevaba tiempo.
Dos años antes de que iniciara la guerra contra el narcotráfico impulsada por Felipe Calderón, elexsubjefe del Departamento de Averiguaciones Previas de Ciudad Juárez, Héctor Armando Lastra Muñoz, fue señalado como el operador de una red de explotación sexual de menores de edad.
La entonces comisionada para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en esa localidad, Guadalupe Mortín Otero, pidió una investigación a fondo.
En marzo de 2004, el juez primero de lo penal, Arnulfo Arrellanes, dictó auto de formal prisión Lastra Muñoz por los delitos de lenocinio y contra la correcta formación de menores.
El exsubjefe y coordinador operativo de los 159 agentes del Ministerio Público comisionados en Ciudad Juárez abandonó horas después el Centro de Readaptación Social (Cereso) tras depositar una fianza de 300 mil pesos, fijada por el juzgado primero de lo penal.
Lastra Muñoz se declaró inocente cuando rindió su declaración preparatoria ante el juez Arnulfo Arrellanes, y dijo no conocer a dos de las cuatro jovencitas involucradas en el caso. Además, pidió acogerse a la libertad caucional.
Expresó que las declaraciones de la joven Mayra Janneth Mejía Romero en su contra eran fantasiosas, y aseguró que tenía cuatro meses de conocerla. Además, añadió que fue ella quien le presentó a Karla Alexandra Vargas Ortiz como su prima y reiteró que no conocía a las otras dos menores que lo acusaron de contratarlas para prostituirse.
También dijo que es abogado y que se defendería porque era inocente de los cargos que se le imputaban, y acusó a la Procuraduría General de Justicia de la entidad para crear una “cortina de humo”, debido a que la dependencia se encontraba en medio de un escándalo creado por agentes policiacos involucrados en el narcotráfico y en al menos 12 homicidios.
Según la Cedehm, con el caso de Lastra se evidenció la simbiosis entre grupos del crimen organizado y los cuerpos policiacos que les dan protección.
Al exfuncionario “le encontraron un catálogo de políticos y narcos. Fue una prueba evidente de abuso de autoridad y de la existencia de trata de personas”, señala en entrevista Luz Estela Castro Rodríguez, directora del Cedehm.
“En una cultura patriarcal todos los delitos contra las mujeres se incrementan, es más fácil que sean sometidas”, añade.
Y es que a pesar de las evidencias, principalmente en Ciudad Juárez y otras ciudades fronterizas, dice, no hay investigación por la trata de personas.
Hasta hace dos años las autoridades empezaron a reconocer la existencia del delito, pero hasta ahora no hay un solo caso investigado, y mucho menos consignados o procesados.
El 28 de marzo de 2008, las autoridades de los tres niveles de gobierno anunciaron el arranque del Operativo Conjunto Chihuahua para “desmantelar las redes y la logística del crimen organizado”.
A Ciudad Juárez arribaron más de 10 mil efectivos del Ejército y de la Policía Federal. Meses después llegaron más elementos de las fuerzas federales a la capital y a municipios serranos como Bocoyna, Guadalupe y Calvo y Madera, entre otros.
En los cuatro primeros meses del operativo se registraron 33 levantones, de acuerdo con la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac).
Ante el incremento de quejas contra los militares en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el 18 de abril de 2008 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un comunicado para alertar que en la entidad operaba un “falso ejército” financiado por narcotraficantes, que tenía como fin desprestigiar a las Fuerzas Armadas.
Cinco años después, Castro Rodríguez pregunta: “¿Cuántos hombres armados había y hay en Chihuahua? Hay una política de simulación. La estrategia que tienen las autoridades es sólo de mercadotecnia para decir que todo está bien. Hay que reconocer y partir de que donde hay armas y droga, hay trata, y en Fevimtra ya hay casos denunciados”.
Cuando llegaron los 10 mil efectivos a Juárez, puntualiza, lo hicieron cuando la sociedad ya veía a las mujeres como desechables, en un sector maquilador con una política de operación que no era la adecuada para ellas.
“Los mandaron a la caza y se incrementó también la desaparición forzada, pero hasta ahora son fenómenos invisibles”, sostiene.
Lo mismo sucedió en la sierra y en otras ciudades del estado. “Es terrible, porque si a los sicarios les gusta una mujer, se la llevan con tranquilidad. Hay mucha prostitución sexual forzada, se incrementó porque las comunidades conviven con el crimen”.
Desde el año pasado, el sacerdote Javier El Pato Ávila señaló que en Bocoyna hay una gavilla de adolescentes y jóvenes que se dedican a molestar y abusar sexualmente de indígenas cuando caminan por las largas brechas de la Sierra Tarahumara.
El reclamo a las autoridades, de nuevo, es la impunidad, resaltó el prelado, porque sólo se dedican a decir que la violencia ha bajado cuando no es cierto. “Por más que cacareen es puro cacareo, como las gallinas que pusieron huevo”, subrayó.
Norma Ledezma Ortega, presidenta de la asociación Justicia para Nuestras Hijas, dice que tiene indicios claros de que entre 2009 y 2011, grupos del crimen organizado utilizaron la zona del Valle de Juárez para depositar los cuerpos de decenas de jóvenes.
Durante 2012 continuaron las desapariciones de mujeres adolescentes y jóvenes, la mayoría en el centro de Juárez. Y sólo en enero de 2013 el Comité de Madres de jóvenes desaparecidas contabilizó 14 casos.
La autoridad no ha investigado, o por lo menos no han dado resultados a los familiares, quienes las más de las veces se convierten en investigadores ante la ausencia de información.
De acuerdo con Justicia para Nuestras Hijas, la línea de investigación para sancionar a los culpables debe estar orientada al crimen organizado y la trata, así como a la complicidad de funcionarios.
“La Fiscalía ha sido indiferente ante esta hipótesis y se ha negado a realizar la investigación correspondiente con efectividad. Los recientes crímenes de las jovencitas que fueron encontradas en el Valle de Juárez permanecen impunes”, advierte Ledezma.
Añade:
“Expedientes de hace 10 años en el caso de la capital del estado y de hasta 20 años en la situación de Ciudad Juárez, puede presumirse hoy, tenían características del delito de trata de personas. Antes no teníamos conocimiento, no estábamos preparados como padres de familia para exigir a las autoridades que se investigara como trata de personas. Sólo se abocaban a indagar el entorno más cercano de las víctimas, a las familias.
Sabían de qué se trataba, nosotros no, y no hicieron nada”.
A las mamás de las primeras cuatro mujeres que desaparecieron en Chihuahua (capital) las llevaban a Piedras Negras o a Nuevo Casas Grandes, les decían que andaban juntas y que se habían ido por su voluntad, pero no fue cierto, cuenta Ledezma.
“Las autoridades buscan muchachas que se van, no muchachas que se llevan. Si se incrementa el delito de trata es porque deben estar involucradas corporaciones”, sentencia.
Guerra de cifras
Para el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz González, el tema de las personas desaparecidas es álgido y complejo, porque hay una guerra de números y, por lo tanto, es difícil partir de un diagnóstico y más difícil aún acabar con el problema.
Las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado, de acuerdo con el folio UIFGE-I-028-2013 094932012 del Sistema Infomex, indican que en 2012 fueron asesinadas 255 mujeres, 10 de ellas menores de 11 años. En todo el estado existen 526 reportes de desaparición vigentes, 219 son de mujeres.
No obstante, en enero pasado el fiscal Jáuregui Venegas aseguró que sólo tienen 120 asuntos en investigación de mujeres desaparecidas.
Sobre los restos óseos de mujeres desaparecidas que se han encontrado, en marzo de 2011 la Fevimtra aseguró, en una sesión con autoridades de los tres niveles y organizaciones civiles, que en el Servicio Médico Forense (Semefo) había 143 personas del sexo femenino no identificadas.
El 16 de enero pasado, el director de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, Daniel Ricardo Jaramillo Vela, dio a conocer que tienen en resguardo 59 perfiles genéticos de todo el estado sin identificar. Días después, el fiscal Carlos Manuel Salas aseguró que son 44 los perfiles genéticos con los que cuentan.
Jaramillo Vela informó que de los restos encontrados entre enero y febrero de 2011, tenían 24 elementos que correspondían a 11 mujeres: siete ya fueron entregados, dos fueron entregados y rechazados por las familias, y dos más no coinciden con la base de datos de familiares que buscan a mujeres en el estado.
Los cuerpos rechazados por las dos familias son los de María Guadalupe Pérez Montes, quien desapareció el 31 de enero de 2009, cuando tenía 17 años de edad, e Idalí Jauche Laguna, desaparecida el 23 febrero de 2010.
Cuando a ambas familias les entregaron los restos, en abril de 2011, pidieron una segunda opinión y exigieron que los restos se enviaran a un laboratorio especializado porque no creían en las autoridades.
Casi un año después y con la presión de un grupo de madres que hizo una caminata desde Juárez hasta esta capital, Jaramillo anunció que enviaron al laboratorio Bode Techonology 15 muestras de huesos localizados en Arroyo Naranjo.
Sobre los restos que aún no han sido identificados, dijo que por tratarse de Juárez, una zona fronteriza de paso, tienen que solicitar la colaboración de otros estados o países, para ver si se trata de mujeres desaparecidas allá.
Según Infomex, la Fiscalía Zona Norte, a la que pertenece Juárez, tiene registradas 101 mujeres desaparecidas de 1995 a la primera quincena de enero de 2013. Sólo en 2012, indicó, desaparecieron 17,la mayoría del centro de Ciudad Juárez, de acuerdo con archivos hemerográficos.
Señaló que la mayoría de esas desapariciones en la zona (60) ocurrieron entre 2008 y 2012. A esos casos se suman los 17 cuerpos localizados en el Valle de Juárez entre 2009 y 2011, que fueron entregados a sus familias hasta después de dos años de haberlos encontrado.
Tal es el caso de Adriana Sarmiento Enríquez, desaparecida el 18 de enero de 2008, cuando tenía 15 años de edad. Fue localizada en el Valle de Juárez en noviembre de 2009, ya la familia se la entregaron dos años después, en el 2011.
La Fiscalía Zona Occidente tiene registrados 58 reportes de mujeres desaparecidas, 47 de ellas de 2008 a 2012. La mayoría (20) son del año pasado y los municipios donde se contabilizaron más casos son Cuauhtémoc, Guerrero, Bocoyna, Madera y Carichí. Las edades de las mujeres desaparecidas van de los seis a los 48 años.
La Fiscalía Zona Sur reporta 11 casos de 2007 a 2012, cinco del año pasado y la mayoría de Parral, Guachochi y Jiménez. Las edades de las desaparecidas oscilan entre los tresy los 61 años.
La Zona Centro registra 49 casos de desapariciones de mujeres, de los cuales 17 se reportaron en 2011, pero los hay desde 1994. La capital es la ciudad que más registros tiene, con 39 casos. Las edades de las mujeres desaparecidas van de los ocho a los 62 años.
Simulación y hostigamiento, respuesta a la caminata
El 15 de enero pasado, un grupo de cuatro madres de familia, acompañadas por la representante legal Francisca Galván, emprendió una caminata de Juárez a la ciudad de Chihuahua para exigir una audiencia pública con el gobernador César Horacio Duarte Jáquez.
Pedían que les indicaran cuántos restos óseos más había en el Semefo y agilizaran la identificación. También que se investigaran los casos que tienen características de trata de personas o crimen organizado y, además, cesar a los funcionarios que habían cometido irregularidades o negligencias.
Tanto el fiscal como el gobernador respondieron a través de los medios que los restos óseos que aún están en el Semefo no coinciden con los perfiles genéticos de las mujeres desaparecidas de las familias que los reclamaban.
“Hemos estado atendiendo la investigación en la que muchos son casos de hasta 10 años o más, se pretende presionar para que se inventen cosas y mi gobierno no lo hará nunca”, dijo Duarte al ser cuestionado por los medios.
Cuando las integrantes de la caminata llegaron a la capital, el gobernador no se encontraba. Optaron por regresar y presionaron para que Duarte las atendiera en Ciudad Juárez. Una vez programada la audiencia pública, se les negó el acceso a las madres que participaron en la caminata.
Luego de cuatro días y obligado por la presión, Duarte acudió a la audiencia con las mamás de la caminata. Ahí le reprocharon las mentiras que les han dicho de manera sistemática y la nula investigación en los casos de sus hijas.
Quien cuestionó más al gobernador fue Karla Castañeda, mamá de Cinthia Jocabeth Alvarado Castañeda.Después de esa audiencia, Karla Castañeda denunció hostigamiento y amenazas por parte de agentes municipales y estatales, quienes catearon su casa sin orden judicial.
Debido al riesgo que representaban esas acciones, solicitó refugio político en Estados Unidos, que le fue otorgado el pasado 13 de febrero. Viajo con sus cuatro hijos.
Iniciativa truncada
En el Congreso local había una iniciativa desde hace dos años para crear una fiscalía especializada y una ley estatal de trata de personas. La propuesta fue impulsada por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN).
Posteriormente ingresó otra iniciativa, impulsada por el gobernador, en la que se planteaban reformas a algunos artículos de la legislación estatal para incluir como delito la trata de personas, y la creación de dos comisiones de diputados para dar seguimiento al tema. Ésta fue aprobada por el pleno del Congreso la última semana de enero pasado.
El diputado panista Raúl García Ruiz, quien impulsó la primera iniciativa, señaló que para la fracción que tiene mayoría en el Congreso (el PRI), la prioridad son los dictámenes del gobernador, “hacen lo que él quiere, y lo que nos queda es lograr lo que se pueda de avance en el tema”, dijo.
Explicó que la propuesta aprobada no plantea, por ejemplo, la fiscalización de quienes realizan las investigaciones del delito. Con una fiscalía, añadió, hubieran tenido que contar con Ministerio Público y policía especializada, lo que no contempla la iniciativa aprobada.
El legislador manifestó que durante las consultas que hizo para la iniciativa, descubrió que “no hay diagnóstico puntual, confiable, oficial, ni de organismos de la sociedad civil, ni de instituciones académicas, ni de la autoridad, enfocado al problema como tal”.
Durante décadas, añadió, la autoridad ha evadido el tema y “apenas aciertan a establecer tenues medidas reactivas, no proactivas”.
Subrayó:
“En el estado de Chihuahua, oficialmente, no se reconoce la existencia de la trata de personas como un problema de seguridad pública, ni como un fenómeno producto de bandas del crimen organizado, a pesar de que sí sufrimos sus efectos de manera importante”.
Ejemplificó con los casos de las mujeres desaparecidas en el centro de Ciudad Juárez. “De una simple observación a priori, se puede deducir que por las circunstancias de modo, tiempo y forma en que estas desapariciones ocurren, obedecen a claras estrategias de grupos organizados de la delincuencia, y pueden ser de muy distintas causas: prostitución, narcotráfico, inmigración”.
Sin embargo, por la forma en que se investigan, dijo, no es posible encontrar su vinculación con estas actividades criminales.
El panista explicó que la autoridad investigadora carece de la herramienta jurídica para vincular esta clase de delitos, y pareciera que la autoridad ejecutiva, apuntó, carece de la voluntad política para dotarla de tal instrumento legal.
La reforma aprobada incluye como un delito la figura jurídica de trata de personas, así como la creación de dos comisiones especiales en el Congreso, una local y otra nacional, para dar seguimiento a los casos. Mientras tanto, la impunidad sobresale.
Fuente: apro
