La Secretaría de Educación Pública (SEP) emplazó a los gobiernos de los estados a entregar para el 15 de enero “información real” acerca del número de comisionados del SNTE, quiénes son, dónde están y qué labores realizan.
La dependencia pretende llevar a cabo una regularización de los maestros asignados a labores de comisión por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), aunque debido a que sus actividades no se realizan en aula, éstos quedarán exentos de evaluación.
La SEP dio a conocer el resultado de una revisión al Registro Nacional de Maestros e identificó que “hay muchos más comisionados” del SNTE en todo el país a lo que se tiene registrado en el padrón vigente.
Además, la dependencia prevé que en el marco de la celebración del Día del Maestro, el próximo 15 de mayo, se podrá lograr un acuerdo con la Secretaría de Hacienda para crear el mecanismo mediante el cual se iniciará “la regularización del personal comisionado que no podrá ser sujeto de lo dispuesto en la LGSPD (Ley General del Servicio Profesional Docente)”.
La revisión de la nómina nacional, una vez integrados los comisionados llevará a crear un nuevo catálogo ocupacional en la educación básica y media superior que permitirá construir la nueva nómina nacional del magisterio y de los trabajadores de la educación.
El diagnóstico nacional certero llevará a crear el estado de excepción de los trabajadores comisionados, dado que no se les someterá a la evaluación ni a los programas de estímulo que plantea la reforma educativa.
Al hacer público el programa para definir la situación del personal que ostenta plazas con categoría de docente y desempeña funciones no comprendidas en la Ley General del Servicio Profesional Docente, la SEP anunció que junto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) definirá a lo largo de este año un lineamiento sobre la situación laboral del personal comisionado.
De acuerdo con el transitorio décimo sexto de la Ley General del Servicio Profesional Docente dentro de los 90 días hábiles siguientes al inicio de la vigencia de la ley, los gobiernos de los estados entregarán a la SEP el analítico de plazas del Personal Docente y del Personal con Funciones de Dirección y Supervisión en la Educación Básica y Media Superior, ello con el fin de que se “concilie dicha información con la participación que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponda en términos de las disposiciones aplicables”.
A partir de enero de 2015, la SEP tendrá la responsabilidad de realizar el pago a cerca de 2.1 millones de trabajadores de la educación básica.
El documento que establece una ruta de acción de 29 pasos, a cumplirse hasta el 18 de marzo de 2015, es para clarificar la nómina de personal que deberá pagar la SEP. Establece también los criterios para la regularización de los asesores técnicos-pedagógicos, encargados de la aplicación de diversos programas extraordinarios, como Escuelas de Calidad o de Tiempo Completo que ingresaron a la nómina como personal comisionado.
Para ellos se prevé también un plazo de regularización conforme la disponibilidad de las plazas en el sistema educativo.
El programa publicado por la SEP señala que en el marco de la reforma educativa los gobiernos estatales están comprometidos además a dar a conocer, a más tardar el 12 de marzo de 2015, la información sobre las responsabilidades de quienes ocupan una plaza en cada escuela o zona escolar.
Pero en el caso de los comisionados refiere que como resultado del informe de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en el Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas (Rename) “es necesario elaborar un diagnóstico integral de este fenómeno”.
Se requiere —agrega— “saber realmente cuántos son y dónde están; su función, perfil que ostentan, su experiencia docente, técnico docente o en el desempeño de funciones de dirección o supervisión”, a fin de definir quiénes quedarán exentos de los procesos de evaluación y quiénes se someterán a lo que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Sin que la SEP mencione en el documento la proporción de comisionados adicionales que se encontraron en sus bases de datos, afirma que tal situación fue reportada a los secretarios de Educación de los estados en el mes de noviembre.
Fue la Oficialía Mayor la encargada de solicitar a las autoridades “entregar la información real del personal denominado como comisionados, a efecto de formular el diagnóstico a nivel nacional”.
Fuente: El Universal
