Los legisladores y funcionarios estatales que mintieron a un juez sobre el destino de la deuda aprobada en Chihuahua deben ser acusados de falsedad de declaración, demandaron diputados federales del PAN.
Federico Döring, vicecoordinador parlamentario, indicó que el engaño al juez es parte de la escuela que se generó en Coahuila en el sexenio de Humberto Moreira, durante el cual se manipularon documentos del Congreso local para obtener empréstitos.
“Los que mintieron al juez son egresados de la ‘Academia Moreira de Créditos Apócrifos’. Representan un ejemplo grosero de los motivos por los que el Congreso aprobó la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas”, expresó.
REFORMA publicó que la asociación civil Despacho de Investigación y Litigio Estratégico (DILE) presentó un amparo contra el decreto por el que se autorizó una nueva deuda de 6 mil millones de pesos para el Gobierno saliente del priista César Duarte.
El decreto establecía que el dinero sería para el pago de las obligaciones a cargo del Estado, derivadas de los financiamientos contratados, y el resto iría a inversiones públicas.
Sin embargo, diputados locales afirmaron ante el juez primero de distrito de Chihuahua que los recursos serían usados para el pago de pensiones de trabajadores al servicio del Estado.
Con base en ello, el juez negó la suspensión definitiva del decreto de bursatilización por el impacto social que tendría no pagar prestaciones a trabajadores.
Döring advirtió que el juez involucrado tiene elementos para actuar contra quienes han mentido para defender la aprobación de dicho crédito.
“En el Congreso local de Chihuahua han incurrido en falsedad de declaración y el juez debe darles vista al Ministerio Público, y deben ser consignados”, indicó el panista.
La diputada Minerva Hernández, presidenta de la Comisión Bicamaral en Materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, coincidió en que el juez debe recurrir al Ministerio Público porque se presentó información falsa.
“Si en el informe previo consta algo distinto, el juez de distrito debió advertir que los legisladores firmaron un documento en el que se expresa un hecho falso o se niega una verdad y que eso es considerado por la Ley de Amparo, artículo 262, como un delito.
“Por ende, debió dar vista al MP adscrito para el deslinde de las probables responsabilidades penales”, precisó. En su opinión, el juez debió valorar que la información relacionada con la contratación de la deuda pública de Chihuahua está disponible en la página de Internet del Congreso, lo que lo hacía prueba del destino y finalidad de la deuda.
Incluso, recordó la diputada, el Poder Judicial de la Federación ha sostenido en criterios reiterados que toda la información disponible en una página de internet gubernamental es un hecho notorio y debe considerarse fehaciente.
“Asimismo, no hay que olvidar que el Código Federal de Procedimientos Civiles autoriza a los juzgadores de este País a valerse de cualquier diligencia, documento o testimonio para conocer la verdad respecto de los hechos sometidos a litigio”, indicó.
Con información de El Reforma
