El presidente de la SCJN dice que el Estado mexicano está obligado a actuar contra la tortura porque de no hacerlo se convierte en cómplice
Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo que el Estado mexicano está obligado a sancionar los actos de tortura porque de no hacerlo lo convertiría en “cómplice” de este delito porque ”los malos tratos son prácticas impropias de un Estado de derecho”.
“La no actuación de cualquier funcionario público ante posibles hechos constitutivos de tortura o malos tratos, representa una forma de tolerancia frente a dichos actos, enviando un mensaje de impunidad y una fuente potencial de responsabilidad internacional del Estado”, dijo el Ministro Silva Meza.
Al presentar el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos”, Silva Meza dijo que en materia de derechos humanos México enfrenta dos realidades: “el marco jurídico […] y por el otro, la realidad, la concreta”.
“En el campo de los derechos humanos en México existen dos realidades: por un lado la legal, que incluye todo el marco jurídico (Constitución, tratados y leyes federales y estatales) y por el otro, la realidad, la concreta, que se refiere a la vigencia de estos derechos en la práctica”, comentó el magistrado presidente.
Meza explicó que el protocolo se pondrá al alcance de mil 250 jueces y juezas, magistrados y magistradas federales, y 800 defensores públicos federales. “Nuestra intención no es otro más que contribuir a erradicar los hechos constitutivos de tortura y los malos tratos, prácticas que sólo abonan al desprestigio y desconfianza de la sociedad en las autoridades”, dijo.
Al tomar la palabra, Miguel Sarre Iguíniz, integrante del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, destacó la importancia de llevar la reparación del daño más allá del ámbito económico, hacia la rehabilitación, sanción, conocimiento de la verdad y garantías de no repetición para las víctimas.
“La exigencia de verdad, de justicia y de reparación para las víctimas de Tlaltlaya, Ayotzinapa y tantas otras, conecta con la necesidad de evitar estos y otros abusos cotidianos. En el instrumento que hoy se presenta, se ofrecen alternativas concretas para evitar la impunidad por los casos de tortura y de esos otros delitos y violaciones que la preceden, la acompañan o la secundan”, afirmó.
Fuente: Sin Embargo
