La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) manifestó hoy su rechazo total a la Ley General de Aguas aprobada el miércoles 4 por las comisiones unidas de Agua Potable y Saneamiento, ya que “no reúne la esencia del artículo cuarto constitucional (de garantizar el derecho humano al agua) y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y además pone en riesgo los ecosistemas”.
La UCCS exigió que se deseche por completo el dictamen y se debata públicamente una nueva ley que reúna el consenso de distintos actores sociales y asegure la sustentabilidad hídrica del país a largo plazo.
“Se trata de legalizar el despojo de agua”, dijo en conferencia de prensa el maestro en Ciencias Biológicas Fernando Córdoba. Acompañado de científicos, señaló que los principales problemas de esta iniciativa son: que promueve la privatización del agua como bien económico y no como bien social; causa el desplazamiento de personas y la muerte de los ríos; amplía los márgenes para poder contaminar el agua; restringe, condiciona y sanciona la investigación científica y monitoreo de cuerpos de agua.
La UCCS alertó sobre los posibles alcances de esta ley, aunque sus integrantes aseguraron que aún son difíciles de vislumbrar.
En seis días, la UCSS logró reunir 11 mil 502 firmas vía correo electrónico en oposición al dictamen, lo que representa, según los científicos, que la ley general de aguas no cuenta con un respaldo social y que las comisiones que la aprobaron actuaron con parcialidad.
“Cada artículo de la Ley General de Aguas es discutible, cae en contradicciones, en contraposiciones con leyes actuales como la de Salud y de Derechos Humanos… es tal el grado de inconsistencias que decidimos hacer una colecta de firmas”, dijo el doctor Arellano-Aguilar.
A su vez, el maestro Córdoba aseguró que con el abrir las puertas a la iniciativa privada no se van a resolver los conflictos actuales, sino que las comunidades que sufren por el acceso al agua serán mayormente afectadas, pues se le da prioridad a los megaproyectos mineros, presas e hidroeléctricas.
“Se pretende privatizar la gestión y el cobro de agua. Al ponerle un precio, los grupos vulnerables son los que van a ir perdiendo”, expresó.
“Nuestro país está en vulnerabilidad por el cambio climático, el 70% del PIB nacional está comprometido a sus diferentes posibles escenarios. El avance de los periodos de sequía y de lluvias se están yendo al extremo”, alertó Arellano-Aguilar.
En la conferencia destacó que esta situación se debe tener en mente para delinear las políticas ambientales del futuro, e hizo énfasis en que se debe garantizar el agua para ecosistemas y comunidades.
La UCCS, junto a otras organizaciones como la Coordinadora Agua para Todos, presentó en febrero de este año una iniciativa ciudadana a los legisladores federales, la cual prevé la creación de contralorías ciudadanas para la supervisión del uso del líquido en cada región del país y que da prioridad al consumo humano sobre el comercial.
Actualmente la votación de la Ley General de Aguas se encuentra en proceso de aplazamiento indefinido por la Cámara de Diputados.
Los puntos polémicos de la ley, según esta organización, se pueden consultar en su página:
Fuente: Proceso
