Por Miguel Concha
Desde la perspectiva social propia de su mandato, que consiste en el análisis político del contexto en el que se dan estructuralmente las violaciones que investigan, el pasado miércoles las organizaciones civiles Acción Urgente para la Defensa de los Derechos Humanos y Comité Cerezo México presentaron conjuntamente por segundo año consecutivo –con la colaboración de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, que el Comité Cerezo coordina a escala nacional con las organizaciones Hasta encontrarlos y Comité Romero contra la Desaparición Forzada de Personas– su informe La defensa de los derechos humanos en México: una lucha contra la impunidad, que abarca del primero de junio de 2013 al 30 de mayo de 2014.
Haciendo uso de los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, y teniendo en mente su propia experiencia de más de 12 años de esfuerzos, identifican profesionalmente a las víctimas de agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos en el país, así como los casos de prisión por motivos políticos, de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que han podido documentar en ese lapso.
Para ello toman en cuenta fuentes públicas, comunicaciones directas con la familia o las organizaciones de las personas agraviadas, así como fuentes periodísticas y electrónicas, impresas y testimoniales, señalando en cada uno de estos casos el nombre completo de la víctima, el mes y el año de la agresión, su filiación y la tipología de las violaciones de las que ha sido objeto. Realizan también comparaciones con el número y la modalidad e intensidad de las violaciones en años anteriores; este año han tenido particular cuidado en comparar las violaciones ocurridas en el sexenio pasado, con las que se están dando en el actual.
En este sentido, informan que durante el gobierno de Felipe Calderón documentaron 999 detenciones arbitrarias, y que en el periodo actual han podido ya documentar 669 detenciones arbitrarias por motivos políticos, de las cuales 412 dan cuenta en su informe. Dicen también que en el sexenio de Calderón pudieron documentar 67 ejecuciones extrajudiciales por motivos políticos, pero que en lo que va de este ya han documentado 25, de las cuales 23 corresponden al periodo del presente informe. Afirman que durante el gobierno de Calderón se documentaron 55 casos de desaparición forzada, pero que en lo que va del actual ya se han documentado 29, de los cuales 16 están comprendidos en el presente informe.
Subrayan también que en Guerrero se cometieron cinco casos de desaparición forzada, y en Michoacán, Oaxaca y Veracruz, tres. Guerrero ocupa también el primer lugar en ejecuciones extrajudiciales, con siete casos, seguido por Oaxaca, con cinco. Y que los estados más peligrosos para las defensoras y defensores de derechos humanos, sin incluir el vergonzoso caso del Distrito Federal, en el que se han documentado 220 detenciones arbitrarias por motivos políticos, casi todas realizadas en el marco de manifestaciones públicas, son Oaxaca, con 59 casos, Chiapas y Guerrero.
De donde concluyen que más allá del cambio discursivo y de las estrategias de comunicación actuales del gobierno federal, sobre la situación de los derechos humanos en México, continúan, se amplían y se acentúan las mismas políticas de control social y represión frente a las personas y colectivos que defienden y reclaman sus derechos, concentrándose ahora ya no tanto en los procesos de la llamada lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, sino más bien en los que se consideran logros en seguridad.
Para las instancias de derechos humanos que elaboraron el informe, lo que explica más a fondo esta situación son 10 elementos articulados que configuran el contexto en el que se dan las violaciones a los derechos humanos, y que presentan de forma sintética, luego de que han venido reflexionándolos desde 2009. En primer lugar, la profundización del neoliberalismo a escala mundial, y desde luego en el país, como reacción conservadora ante la crisis económica global del capitalismo. Íntimamente relacionado con ello, el narcotráfico como economía criminal y como uno de los pilares del modelo neoliberal.
Todo ello, de conformidad con las teorías de la contrainsurgencia, que ya conocemos en México y en otros países de América Latina, la construcción de la delincuencia organizada y el narcotráfico como enemigo interno para justificar el inicio de una guerra, a la que después llamaron lucha contra el narcotráfico, y actualmente, siguiendo los dictados del gobierno de Estados Unidos, llaman política de seguridad nacional.
Se hace el uso sistemático del terror para desmovilizar a la población y destruir el tejido social, aunado a la militarización institucional y de la vida social, sin dejar de lado el paramilitarismo como la mano siniestra del Estado, para seguir aplicando su política económica neoliberal y su proyecto de control social. A todo lo cual hay que añadir ahora la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y de grupos particulares de la población, como jóvenes, luchadores sociales, mujeres, drogadictos, personas de calle, migrantes, miembros de pueblos y comunidades indígenas, estudiantes, etcétera, así como la creación de un marco jurídico de excepción, que legaliza las prácticas violatorias de derechos humanos y garantiza la impunidad.
Finalmente, no deben dejarse de lado los medios de comunicación como partes de guerra, como sucedió en el sexenio de Calderón, o como instrumentos para invisibilizar o disminuir la violencia, así como la polarización social cada vez mayor, mediante la ruptura acelerada del tejido social.
Frente: La Jornada
