Por Luis Javier Valero Flores
¿Quién podría, válidamente, oponerse a la puesta en funcionamiento de un sistema de transporte urbano moderno, funcional, eficiente, rápido, limpio y, además, con servicios de internet, calefacción y aire acondicionado?
Nadie.
Por otro lado ¿Qué inversionista podría oponerse a crear una empresa -propia- en la cual en lo único que invertiría sería en la parte móvil y nada en el local, vigilancia y mantenimiento de las instalaciones de su negocio?
El otorgamiento del servicio urbano de transporte es una obligación del Estado, por ello el gobierno estatal puede concesionarlo a los particulares.
Ahora estamos ante una situación que poco hemos razonado, acostumbrados a pensar que el mundo de los negocios es asunto exclusivo de los empresarios, sin importar que muchas de las fortunas se obtengan a partir de las concesiones que otorga el Estado.
Durante años (en ambos casos) la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema de transporte urbano, en Juárez y Chihuahua, ha ocupado la atención de los gobernantes municipales y estatales.
Echada para adelante, la actual administración estatal pretende terminar la instalación de los nuevos sistemas de transporte urbano en las dos principales urbes de la entidad. Ha anunciado que el Vive Bus de la capital chihuahuense estará funcionando en agosto del presente año ¡Por fin! Y que las obras de construcción del Transporte Semimasivo de Juárez culminarán en noviembre, a pesar de que aún falta la adquisición de algunos predios para el resguardo de las unidades y otras necesidades.
Como casi siempre, en tanto las inversiones públicas fluyen rápidamente en la capital, o las obras tienen una mayor velocidad, en Juárez adquieren, por distintas razones, velocidades menores. Así, en tanto las obras de las rutas troncales del Vive Bus prácticamente están terminadas, en Juárez registraban, hasta marzo pasado, sólo un avance del 20%, a pesar de que iniciaron 13 años atrás, a lo largo de tres administraciones estatales.
El Nuevo Sistema de Transporte de Chihuahua tuvo un costo superior a los mil 200 millones de pesos, de los cuales el municipio de la capital aportó 250 millones, 160 de los cuales se les heredarán, como deuda, a la siguiente administración municipal.
Para la compra de los autobuses, el gobierno estatal recurrió al Banco Mundial, que destinó 40 millones de dólares que servirían para la adquisición de 84 en la capital y de 85 en el antiguo Paso del Norte.
Cada camión tendrá un costo aproximado de 2 millones de pesos, y contarán con cámara de vigilancia, GPS, calefacción y aire acondicionado.
Será, dijo el gobernador Duarte, “un transporte de primer mundo, seguro, con conexión a Internet, ecológico, pero también con cobros de pasaje muy económicos que pretenden hacer que cuatro veces más chihuahuenses utilicen el transporte público”, con un costo de $6 pesos, con un 50% de descuento para adultos mayores, discapacitados y estudiantes, quienes tendrán una credencial con fotografía intransferible.
Ahora bien, suponemos que los concesionarios son quienes habrán de pagar la compra de los autobuses y que el gobierno actuó como aval del financiamiento otorgado por el Banco Mundial -cuya tasa y plazos del pago no se han hecho del conocimiento público- y que se establecieron los mecanismos pertinentes para evitar que ante el incumplimiento en los pagos no sea la sociedad chihuahuense la que deba pagar las unidades, ni su mantenimiento ni servicios.
Porque si nó estaríamos ante una situación verdaderamente escandalosa. ¿Cómo podremos explicar racionalmente -en términos de finanzas públicas sanas- que el gobierno realice las obras necesarias para que una empresa desarrolle sus funciones, sin que le exija, si las financió, la devolución a las arcas públicas de la inversión realizada?
En enero del año anterior, se anunció que el Vive Bus entraría en funcionamiento en agosto de ese año, con 84 autobuses de última generación, 34 estaciones y siete paraderos modernos y funcionales y que una vez instalado el nuevo sistema de transporte urbano, saldrían de la circulación 200 unidades del transporte actual.
Un mes después, el 11 de febrero, anunciaron la conformación de la empresa integradora que operará el “Vive Bus”, con el nombre de “Coordinadora de Transporte Colectivo de la Ciudad de Chihuahua”, bajo la presidencia del secretario general de Permisionarios Unidos, Armando Méndez Villalobos e integrado por 528 concesionarios del transporte urbano. El proyecto es que la nueva empresa absorba una tercera parte del total de viajes realizados diariamente en la capital del estado, alrededor de 90 mil viajes diarios y el ahorro, calculan, en el tiempo de traslado, será de alrededor del 30%
Para su ulterior funcionamiento, el Gobernador del Estado, César Duarte Jáquez, firmó sendos convenios. Fueron tres los firmados, con Teléfonos de México, con el Centro de Transporte Sustentable y con el Municipio de Chihuahua.
Los compromisos derivados de la firma de los convenios estriban en que Telmex se hace cargo del suministro de la señal de internet y el municipio asume “la responsabilidad de pavimentar y recarpetear calles para el otorgamiento del servicio completo de transporte; mantener las rutas con un óptimo sistema de alumbrado público; otorgar la debida vigilancia; así como evitar que vendedores ambulantes se coloquen en estos espacios”. (Página en internet del Ayuntamiento de Chihuahua).
Así descrito, el nuevo sistema de transporte urbano tiene más el perfil de un servicio prestado por una instancia gubernamental, como se hace en la mayor parte de las urbes modernas del mundo, que el de una empresa privada.
¿Se imaginan que fuera una empresa privada la que otorgara el servicio del metro de París, o el de Nueva York, de México o Moscú?
¿Cómo se puede explicar que el gobierno realice una inversión multimillonaria, para entregarle un negocio, de pingües ganancias, a un reducido grupo de empresarios que han gozado de los favores gubernamentales de manera escandalosa a lo largo de décadas; con el plus, además, de proporcionarle a otra empresa la posibilidad de realizar otro negocio en la prestación del servicio de internet?
¿Y que, además, se comprometa a otra instancia gubernamental a mantener en óptimas condiciones las instalaciones de la empresa?
Tales cuestionamientos no tienen como fondo el criticar la modernización del sistema de transporte de nuestras ciudades, todo lo contrario, lo moderno estriba en que la prestación de tales servicios no pueden quedar al arbitrio de empresarios privados, cualquiera que sea su motivación.
Son áreas que, necesariamente, el Estado debe asumir; no por otra razón lo establece de esa manera el ordenamiento constitucional. Y no nos vengan a decir que en esa materia es obsoleta la Constitución, tiene un más que clarísimo fundamento, el de preservar a la sociedad la prestación del servicio, sin las eventualidades que pudiera ofrecer la empresa privada.
Probablemente, por las dimensiones y estructura distintas de las ciudades, las obras de construcción del Transporte Semimasivo en Juárez no afectaron tanto las actividades, pero en la capital, por semanas provocaron un caos en el centro de la ciudad.
Si a la sociedad se le hubiera dicho que tales obras eran generadas para otorgarle a los concesionarios del transporte urbano mejores condiciones para que siguieran obteniendo, y aumentando, sus utilidades (sí, claro, con la prestación del servicio, que, ya sabemos, lo otorgan gracias a su elevado espíritu benefactor) probablemente la irritación ante el retraso de las mismas hubiese sido mayor.
Hoy, ante la posibilidad cierta de contar con un mejor sistema de transporte ¿Por qué no discutir si tal servicio deba ser de la estricta competencia de la administración pública, y no de un abigarrado grupo de empresarios que, la verdad, no pueden argüir que le han prestado a los chihuahuenses un buen servicio de transporte urbano?
Todo lo contrario. Y si no se coincide, echémosle un ojo a las cifras de accidentes, lesionados y muertos en percances provocados por sus unidades.
Contra lo que se piense, el Estado es mejor administrador en la prestación de este servicio, los ejemplos sobran en el mundo. Aquí mismo, el servicio de las casetas de peaje en las carreteras, por ejemplo, es mejor que el de otras entidades.
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