(¿Nos estaremos convirtiendo en un país de cínicos?)
Por Gustavo De la Rosa Hickerson
La Washington Office on Latin America (WOLA) es una organización civil que está en el centro de todos los debates importantes sobre derechos humanos en América Latina. Fue creado para denunciar objetivamente las violaciones a los Derechos Humanos a raíz del Golpe de Estado de Pinochet en Chile, en 1973.
El 8 de mayo, WOLA publicó en “El Nuevo informe sobre la policía en México”, un párrafo relevante que señala:
“Debido a la importante cantidad de los fondos de la Iniciativa Mérida que han sido asignados para entrenar y equipar a la Policía Federal, Estados Unidos tiene un interés particular en trabajar con el Gobierno mexicano para asegurar que esta fuerza no sea socavada por la corrupción y su deficiente desempeño en materia de derechos humanos”.
El documento agrega que “el equipo puede ayudar a las fuerzas policiales a lograr más victorias tácticas, pero es de poca ayuda para combatir la debilidad de las instituciones mexicanas, que es lo que ha permitido que el crimen organizado florezca y también es la causa de las violaciones a los derechos humanos”.
“Proporcionar más capacitación en derechos humanos para las fuerzas policiales mexicanas también será de poca utilidad si los agentes no creen que serán investigados y sancionados por mala conducta”, concluye.
Aunque son palabras suaves, cargan un gran peso molecular: México necesita apoyo externo para asegurar que sus policías no sean corruptas e ineficaces.
¿De verdad los mexicanos no podemos asegurarnos, nosotros mismos, de la honestidad y eficacia de nuestras protectores públicos?
El 2 de mayo pasado Juan Méndez, relator especial de la ONU para el tema de tortura, rindió un informe donde asegura que “aún persiste en México una situación generalizada del uso de la tortura y de los maltratos”. “Tengo la obligación de decir al Gobierno de México, pero también a la sociedad mexicana, que hay una especie de endemia de la tortura que hay que corregir”.
¿Acaso México, la décimo segunda potencia económica del mundo, necesita que el relator de la ONU le revele que la tortura es el método de investigación preferido por la autoridad?
¿Qué no tenemos una gran Comisión Nacional de Derechos Humanos, y 32 estatales, además de 32 tribunales colegiados de circuito, más de 500 juzgados de Distrito, una Suprema Corte (con más de 600 jueces muy bien pagados) cuyo trabajo consiste prioritariamente en evitar que se violen los Derechos Humanos de los mexicanos?
Una de sus obligaciones fundamentales es evitar la tortura, sin embargo viene el relator de la ONU y la declara endémica en el país.
Alfonso Cuarón, reconocido mexicano en el mundo del cine, hizo 10 preguntas sobre la decisión de privatizar la explotación de los recursos energéticos y recibió algunas respuestas muy incompletas e insatisfactorias de la Presidencia de la República.
Revisando las respuestas con atención, resulta ser sólo una: se privatizará porque el PAN y el PRI consideran que es lo mejor para México. Están seguros que debemos compartir la riqueza petrolera porque estos dos partidos creen que los negocios y las ganancias de la explotación de la tierra les corresponden a los inversionistas privados, que sólo ellos tienen capital y sólo ellos son capaces de controlar la corrupción, cuidar el medio ambiente, y generar nuevos empleos.
Miles de jóvenes mexicanos protestan porque la nueva ley de comunicaciones pretende controlar el libre acceso al mundo digital, y tampoco obtienen una respuesta satisfactoria. El Gobierno mete reversa importante en la reforma de medios en beneficio de las grandes empresas televisivas.
Se descubre que un presidente municipal y un gobernador trataron directa y personalmente con un capo de la droga, y el jefe del gobernador interino sigue tranquilamente en su puesto.
En Michoacán, ante la imposibilidad de defender a la población, se decide aplicar a contrario sensu el Artículo 17 constitucional y permitir legalmente que los ciudadanos se defiendan con armas exclusivas del Ejército. Finalmente los nombran policías rurales, seguramente sin sueldo.
Que suceda todo esto en un país fronterizo con Estados Unidos es escandaloso, significa la ruptura de las reglas de civilidad de las naciones que firmaron la Declaración de los Derechos Humanos, los grandes pactos internacionales y el Pacto de San José.
Prácticamente el país está libre para el juego de las fuerzas de la ilegalidad, de dónde saldrán los asalariados, y desocupados más vulnerables. Aunque lo que más me preocupa es que no pasa nada.
Así, como culebra que se come su propia cola, la última y primera pregunta es: ¿Nos estaremos convirtiendo en un país de cínicos?
