El escándalo mayúsculo fue este mes el de los “tráileres de la muerte”: vehículos que hacían deambular por diversas rutas de Jalisco 322 cuerpos de desconocidos; tal escándalo opacó el previo, el del hallazgo de varias narcofosas en Veracruz donde había centenares más de cadáveres. Pero esa acumulación masiva de restos humanos no identificados viene de lejos, desde que Felipe Calderón declaró una guerra contra el narcotráfico que ha dado como resultado, entre otras cosas, la matanza de 72 migrantes en San Fernando, una fosa encontrada un año después en el mismo lugar; 35 cuerpos hallados en La Barca, Jalisco; 49 mutilados en Cadereyta, Nuevo León…
Por Marcela Turari/ Proceso
La noticia se abrió paso en el mundo a mediados de este mes. “Polémica por una ‘morgue rodante’ en México: El camión dio vueltas durante tres días por dos municipios de Jalisco con 800 cadáveres en su interior”. La nota, publicada en Argentina con la leyenda “cosa de locos”, aunque exagera en el número de cuerpos –erró por 500–, bien hubiera sido creíble, porque da cuenta de la realidad.
A la noticia del llamado “tráiler de la muerte” habilitado como morgue porque 157 cadáveres no cabían en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), le siguieron nuevas verdades que llegaron a ser peores: “Existe un segundo ‘tráiler de la muerte’ rentado para 80 cuerpos”. Luego: “Señalan que tráiler tenía 273 cadáveres y no 157”. Al final la cifra quedó en 322 cuerpos.
Las imágenes del interior de uno de los contenedores pronto aparecieron: se ve a una persona caminando entre bolsas negras, como las usadas para la basura, que contenían los cuerpos. A partir del escándalo, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, cesó al director del IJCF, Luis Octavio Cotero, el martes 18; y un día después, al fiscal estatal, Raúl Sánchez Jiménez.
Desde que se supo la noticia comenzaron las protestas de los colectivos que buscan a familiares desaparecidos y de organizaciones de defensa de los derechos humanos, por el mal trabajo en la identificación de cuerpos y por el trato indigno a los cadáveres.
“Este caso, junto con otros que se han conocido en el pasado en otros lugares, ilustra la falta de capacidad, y en ocasiones de voluntad de las autoridades en distintas partes del país para cumplir con los mínimos estándares de dignidad y respeto hacia los cuerpos de las personas fallecidas, cualesquiera que sean las circunstancias en las que murieran”, indicó en un comunicado la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
La noticia de las morgues móviles saltó dos días después de que unos mariachis asesinos activaran sus armas en Garibaldi, la plaza de la música vernácula en la Ciudad de México, y mataran a seis personas. Con todo y muertos tirados en la calle la fiesta no se detuvo. En el país la muerte está normalizada.
Esa misma semana –la segunda de este mes– la fiscalía de Veracruz había anunciado el hallazgo de una fosa con 174 cráneos, en algún lugar del centro del estado, que el gobierno no quiso revelar pero que tanto familias que buscan a parientes desaparecidos como periodistas ubicaron como Arbolillo, donde ya en 2017 se habían descubierto otras fosas.
La crisis de los cadáveres ocurrió en un lapso de dos semanas. Sin embargo, el problema está extendido en el país y comenzó a gestarse desde hace dos sexenios: desde que la llamada “guerra antidrogas” inaugurada por Felipe Calderón encendió la violencia en el país y la cual fue prolongada por Enrique Peña Nieto, al grado de que 2017 fue el más violento de los últimos 21 años en México, con más de 25 mil asesinatos, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
La violencia no retrocede: el pasado julio obtuvo el récord del mes más mortífero, con 2 mil 599 homicidios. Y en los dos sexenios suman 38 mil las personas desaparecidas.
(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2186, ya en circulación)
