Un juez federal frenó la ampliación industrial del Puerto de Veracruz, considerado el segundo proyecto más importante del sexenio de Enrique Peña Nieto, detrás de la ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
El Juzgado Quinto de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF) dio entrada al amparo colectivo interpuesto por investigadores ambientales, cooperativas de pescadores, prestadores de servicios turísticos y ciudadanos interesados en preservar el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) tras las omisiones cometidas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en el manejo y resguardo de los arrecifes ubicados en el puerto, donde se construyen 30 nuevos puntos de atraque.
En un comunicado, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) informó que el PJF admitió el amparo por omisiones de la Conanp que han causado “un grave deterioro” al Sistema Arrecifal Veracruzano.
“La modificación del polígono del parque arrecifal deja desprotegida una superficie importante de los arrecifes. La Conanp omitió elaborar y publicar el programa de manejo del PNSAV; formular, ejecutar y evaluar las reglas administrativas y los instrumentos económicos correspondientes al parque; y promover el ordenamiento ecológico en la región donde éste se ubica”, expone el CEMDA.
La demanda colectiva la hicieron ciudadanos veracruzanos con asesoría jurídica del Centro Mexicano de Derecho Ambiental al que le confirmaron que se incumplieron las obligaciones señaladas por la Convención Ramsar sobre los humedales de importancia internacional.
Hoy, el CEMDA y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) señalan como autoridades responsables del grave deterioro a los arrecifes de Veracruz –Punta Gorda y Bahía de Vergara en particular—a los titulares de diversas instancias de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Conanp y al director del PNSAV, éste último adscrito a la Conanp.
Xavier Martínez, director de la oficina golfo del CEMDA señaló que el reclamo a las autoridades responsables es el incumplimiento de sus obligaciones de proteger, conservar, administrar, manejar, vigilar y mejorar las condiciones del Sistema Arrecifal Veracruzano, lo que se traduce en la transgresión del derecho fundamental de las personas al medio ambiente sano.
“La Conanp faltó a varias de sus obligaciones, causando un retroceso en la protección ambiental del sitio, como ocurrió con la modificación de la poligonal. Con el juicio de amparo, el Poder Judicial de la Federación analizará si la administración del PNSAV cumple el estándar más alto de protección del derecho humano al medio ambiente sano”, explicó Martínez.
En el último trimestre de 2013, el gobierno de Peña Nieto, la Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT) y el gobierno de Javier Duarte realizaron actos protocolarios para ensalzar la ampliación del puerto de Veracruz, con 30 nuevas posiciones de atraque y acceso para buques de gran calado.
Se trata de una obra transexenal proyectada para concluirse en 2030 y en la que se estimó una inversión de más de 60 mil millones de pesos.
Sin embargo, desde el inicio, las autoridades federales y locales descuidaron el respeto de las normas ambientales, lo cual quedó en evidencia desde que empezó a edificarse, con desaseo, la base para el rompeolas poniente.
Ello a pesar de que el Sistema Arrecifal Veracruzano brinda importantes servicios ambientales, protección natural frente a huracanes y tormentas tropicales, mitigación de los efectos del cambio climático y mantenimiento de la biodiversidad marina.
En un recorrido realizado por Apro en el otoño pasado, el fotógrafo Yahir Ceballos pudo documentar cómo las piedras que se “sembraban” en la “base de la coraza” del rompeolas no fueron lavadas y la membrana de protección (una enorme red tendida a mar abierto) para reducir contaminantes y residuos al sistema de arrecifes, no fue cerrada.
Por ello el flujo de residuos a las aguas del Golfo de México era constante y, peor aún, la membrana de protección estaba rota en algunas partes y a pocos metros de distancia el agua salada se veía completamente turbia.
Aunado a ello, en diciembre de 2014 la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA) estatal ordenó detener los trabajos iniciales de ampliación del puerto después de que durante las excavaciones realizadas se encontraron “residuos sólidos urbanos” (basura enterrada).
La construcción del muro de contención de más de cuatro kilómetros fue adjudicada a las empresas Estructuras de Veracruz SA de CV, Compañía de Ingeniería Marítima y Terrestre, y Conseer SA de CV, según confirmó a reporteros el ingeniero de obras de Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver), Francisco Leaño.
Según el funcionario esta acción inicial tendrá un costo de casi 247 millones de pesos más IVA.
Además, según declaraciones del diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jesús Vázquez, a dichas empresas se les estaba por “rescindir el contrato” por diversas anomalías en los trabajos del rompeolas.
Fuente: Proceso
