¿Detuvieron a generales del Ejército por razones políticas?
Por Leo Zuckermann
A unos cuantos días de haber terminado el sexenio del presidente Calderón, estamos a punto de ver la culminación de uno de los casos judiciales muy sonados durante esa administración. Me refiero a militares de la más alta jerarquía que fueron detenidos y encarcelados por presuntos nexos con el crimen organizado. Todo indica que los inculpados saldrán libres, lo cual nos lleva a pensar que el gobierno pasado utilizó la justicia con fines políticos, nada menos que con miembros destacados de las Fuerzas Armadas.
En mayo pasado el gobierno arrestó a Tomás Ángeles Dauahare, general de División en retiro, diplomado de Estado Mayor, ex subsecretario de la Defensa Nacional, el segundo cargo más importante en la jerarquía castrense. También detuvo al general brigadier diplomado de Estado Mayor en activo, Roberto Dawe, jefe de la zona militar de Colima y ex jefe de las guardias presidenciales. Este caso llamó mucho la atención mediática aunque el gobierno, en realidad, dio muy poca información. Se dijo que existía una averiguación previa desde 2009 “entre cuyas evidencias están los testimonios de varias personas procesadas” y las declaraciones directas “de un testigo protegido vinculado con Alfredo Beltrán Leyva, alias El Mochomo”.
Los generales fueron primero arraigados. Luego los pusieron a consideración de un juez quien les dictó un auto de formal prisión. Llevan, por tanto, varios meses encarcelados. Ayer se informó, sin embargo, que la Procuraduría General de la República (PGR) carece de elementos para corroborar los dichos de los testigos protegidos (el ya famoso Jennifer utilizado en múltiples casos de delincuencia organizada durante el sexenio pasado y otro más con el seudónimo de Mateo) y las declaraciones de Sergio Villareal, alías El Grande. No pudieron comprobar que el general Ángeles efectivamente ayudó a Édgar Valdez Villareal, alias La Barbie a “conseguir la protección de militares en el desembarque de aviones con cocaína en los aeropuertos de Cancún, Toluca y Cuernavaca”.
La PGR, ahora bajo el mando del nuevo gobierno de Peña Nieto, ha solicitado, por tanto, que el juez dicte sentencia a los generales sin más evidencia que los dichos de los testigos protegidos. Quiero pensar que, ante la falta de más pruebas, el juez los liberará (aunque uno nunca acaba de sorprenderse con los jueces mexicanos que suelen mantener en la cárcel a inculpados con poquísimas pruebas). Si los generales salen libres, se comprobará lo que algunos sospecharon desde que en mayo pasado las autoridades los arrestaron: que el gobierno de Calderón estaba utilizando la justicia con fines políticos.
Hay que recordar que la detención de los militares se dio en medio de las campañas electorales de 2012. El general Ángeles, unos días antes de su arresto, había participado, por ejemplo, en un foro de la Fundación Colosio del PRI para analizar el tema de la seguridad en México. El entonces candidato presidencial priista, Enrique Peña, había encabezado el acto. A Ángeles se le veía como posible candidato a ocupar un alto puesto en la siguiente administración, si el PRI ganaba las elecciones. Su detención y encarcelamiento, sin embargo, lo sacaron de esta jugada.
En su momento dudé que el arresto de los generales tuviera que ver con razones políticas, electorales o sucesorias. Argumenté que los gobernantes en México sabían que con las Fuerzas Armadas no se jugaban este tipo de juegos. Pensaba, en este sentido, que el gobierno había detenido a los generales porque tenía pruebas sólidas que los incriminaban, como en su momento había hecho el gobierno de Ernesto Zedillo al arrestar al general Gutiérrez Rebollo.
Pero ahora nos enteramos que el gobierno no tenía más pruebas que los dichos de dos testigos protegidos y un criminal procesado. Otra vergüenza más, como tantas que vimos el sexenio pasado de un gobierno que no pudo comprobar en los tribunales que varios presidentes municipales de Michoacán estaban involucrados con el crimen organizado, o que el ex alcalde de Cancún y candidato a la gubernatura de Quintana Roo, Gregorio Sánchez, tenía vínculos con dos carteles, o que el ex presidente municipal de Tijuana y ex candidato a gobernador de Baja California, Jorge Hank Rohn, debía ser procesado por posesión ilegal de armas. Ahora se sumarán a esta lista nada menos que generales del Ejército.
Es lamentable que el gobierno de Calderón se haya prestado a utilizar la justicia con fines políticos con miembros de la Fuerzas Armadas, un juego que supuestamente no se jugaba en México.
Twitter: @leozuckermann
Fuente: Excélsior
