Por Víctor M. Toledo
Los acontecimientos de semanas recientes dejan claro dos cosas: una, que al igual que sucede en muchas partes del mundo donde la resistencia civil es débil o no existe, las voraces fuerzas desatadas del capital corporativo hacen realidad sus proyectos sea de manera legal o ilegal, ahí donde controlan al poder político. Y dos, que sólo la movilización masiva y la desobediencia civil no en el centro, sino a lo largo y ancho del país, lograrán poner a negociar a la plutocracia mexicana, hoy convertida en el Pacto por México. Ello supone a su vez, la construcción de un frente diverso que aglutine a todas las fuerzas, aún las más focalizadas, que resisten la privatización no sólo del petróleo, sino del agua, el maíz, las playas, los minerales, la electricidad, los sitios arqueológicos, la cultura y la educación pública de México.
La idea de defender los combustibles fósiles y la electricidad sin conexión con los otros recursos amenazados de la nación resulta limitada. En el mismo orden de gravedad se sitúan la apertura de los recursos energéticos, la posible contaminación genética del maíz por los transgénicos, y el saqueo inmisericorde de los minerales, que han hecho que los gobiernos cedan la cuarta parte del país (50 millones de hectáreas) a las compañías canadienses, inglesas, estadunidenses, chinas y mexicanas. Igualmente resulta inexplicable la concentración de la resistencia en la capital del país, cuyas acciones no alcanzan a impactar a escala nacional al quedar aisladas y tergiversadas por la mayoría de los medios masivos de la comunicación que son afines al sistema. Estos dos rasgos, desconexión y centralización, impiden mostrar la verdadera fuerza del poder ciudadano que hoy se despliega por buena parte del país en defensa de recursos, territorios y derechos colectivos.
Una visión correcta deber conectar y ensamblar, mediante la organización, los movimientos de resistencia contra la minería y contra los megaproyectos hidráulicos, urbanos o de comunicación, o en defensa del territorio, del agua y del maíz, por lo común circunscritos a luchas locales o regionales, con las movilizaciones esencialmente urbanas en defensa del petróleo, la electricidad y la educación pública, y ambas con las resistencias gremiales de electricistas, mineros, jubilados, estudiantes (#YoSoy132) y trabajadores de la industria automotriz y de aviación. A lo anterior se deben agregar las comunidades y municipios con autodefensas.
Se trata de mirar el rompecabezas completo. Un recuento aproximado de las acciones ciudadanas que hoy existen en México arroja conflictos y resistencias en unos 180 municipios, de los cuales en 53 son originados por la minería. Existen además autodefensas en más de 160 comunidades de 30 municipios, más los municipios de los Caracoles Neozapatistas en Chiapas.
La realidad geo-política del país muestra un panorama de numerosas e intensas movilizaciones en las que ciudadanos del campo y de las ciudades se organizan para defender derechos, territorios y recursos o para autodefenderse. Sin embargo, mientras que las fuerzas políticas, empresariales y corporativas de la destrucción y la rapiña se encuentran formando un solo frente, las de las resistencias nacionales y ciudadanas se hallan dispersas, diseminadas y aisladas.
Hoy, se debe tejer desde abajo y en lo profundo. La venta total de México, que es el sueño neoliberal, no sólo debe detenerse. También debe servir de plataforma para avanzar la organización en redes y para desplegar el control social de los espacios rurales y urbanos. Que los miembros del poder político sigan creyendo que ellos representan legítimamente a la sociedad mexicana es una fantasía que las fuerzas ciudadanas deben aprovechar para construir su propio poder a lo largo y ancho del territorio y las ciudades. Es decir de la resistencia se debe pasar a la autogestión, la autonomía y la autodefensa. Frente a los proyectos suicidas del capital y sus políticos, no solo se defiende a la nación. Se defiende la historia, la cultura y, en fin, la vida misma.
Fuente: La Jornada
