La norma secundaria de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia mantiene la inoperancia de la alerta para proteger a las mexicanas del feminicidio.
Por Anaiz Zamora Márquez/ CIMAC
La deficiente reglamentación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) –según grupos civiles, académicas, investigadoras y legisladoras– ha impedido la procedencia de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en cinco entidades (Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca e Hidalgo).
Y no obstante, en breve la Secretaría de Gobernación (Segob) publicará una reforma a tal reglamento que –a decir de especialistas– tampoco facilitará la operación del mecanismo de protección para las mujeres.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) advirtió que, pese a que fue consultada por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en el proceso de reforma, se prevé que las modificaciones dilaten la declaratoria de AVG, excluyan a las organizaciones peticionarias, y mantengan la concepción de que el mecanismo es una sanción con sesgo partidista.
De acuerdo con fuentes oficiales, el nuevo reglamento se promulgaría el próximo 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
En entrevista, Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador jurídico del Inmujeres –instancia que funge como secretaría ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), mecanismo en el que se vota si procede o no la AVG–, aseguró que con la reforma se pretende la “intervención inmediata” del gobierno tal y “como lo demandan las organizaciones”.
Según el funcionario, se elimina la votación del SNPASEVM para iniciar una investigación por violencia feminicida en un territorio determinado.
Ahora de manera inmediata –una vez solicitada la alerta– un “Consejo de Expertas” iniciará la indagación y haría recomendaciones a los estados, las cuales tendrían que aplicarse en un plazo de seis meses para luego evaluar su cumplimiento. De lo contrario se decretaría la AVG.
Navarrete lamentó que los grupos civiles tengan una visión errónea de la reforma, y enfatizó que también fueron convocadas a la consulta las legisladoras y expertas en la materia, como la senadora Angélica de la Peña, la diputada Martha Lucía Micher, y la antropóloga feminista Marcela Lagarde, por lo que “fue imposible incluir todas las demandas y observaciones realizadas”.
A cinco años de publicado el reglamento (11 de marzo de 2008, más de un año después de la promulgación de la LGAMVLV), el funcionario reconoció que se creó un sistema de votación “burocrático, partidista y con la intervención de los gobiernos”, que ha impedido la implementación de la AVG, a pesar de que hasta 2011 el mecanismo contaba con un presupuesto de 19 millones de pesos.
Sobre aviso no hay engaño
Previo a la publicación del reglamento en 2008, la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres ya había advertido los obstáculos y vacíos de la norma secundaria.
El 20 noviembre de 2007, cuando el reglamento cumplía 190 días de retraso en su aprobación y publicación, la Red entregó a Pablo Navarrete, desde entonces coordinador jurídico del Inmujeres, los “Lineamientos para el reglamento de la LGAMVLV”.
Las investigadoras señalaban que “los requisitos impedirán que el mecanismo pueda ser utilizado con eficiencia”. Sostenían que el reglamento debía especificar pautas para la colaboración federal, sin afectar los órdenes local o municipal, y establecer tiempos sobre la procedencia o no de la AVG “para garantizar una acción inmediata de las autoridades y de la procuración de justicia”.
Las expertas aclaraban que “para recurrir a la AVG no debe ser una condición la existencia de muertes sistemáticas de niñas y mujeres”, y debía tomarse en cuenta la impunidad prevaleciente.
Navarrete justificó que tales observaciones no se incluyeran pues el reglamento ya estaba en dictaminación del Ejecutivo, “y era imposible regresar el documento y retrasar aún más su publicación”.
La maestra en Derecho, Alicia Elena Pérez Duarte, ex fiscal especial para atender la violencia contra las mujeres, afirmó en una entrevista reciente que fue Navarrete quien propuso que la AVG se concibiera como una “sanción”.
En respuesta, el funcionario reiteró que el Inmujeres siempre ha trabajado con los grupos civiles, y “muestra de ello” es que se realizó una consulta pública para reformar el reglamento.
Hace unos días, María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, advirtió de los “errores” en la propuesta y aunque reconoció que podrían enmendarse en la próxima publicación, desconfió de que así ocurra.
Ya en junio de 2012 el OCNF había participado en un grupo de trabajo instalado por la Conavim –dependiente de Segob–, para modificar el reglamento. La norma quedó lista en noviembre de 2012 pero nunca se publicó.
Fuente: CIMAC Noticias
