Por Carmen Aristegui
El reciente capítulo protagonizado entre el relator especial de Naciones Unidas, Juan Méndez, y el gobierno mexicano -a raíz del informe sobre tortura que realizó el primero- es una muestra más de lo que hemos dado en llamar el “vendaval autoritario”, que azota a México desde hace varias semanas.
El tipo de reacción del gobierno de Peña Nieto frente al informe elaborado por el reconocido jurista lo muestra como un gobierno irascible, desconsiderado y dispuesto a matar o por lo menos a desprestigiar al mensajero en lugar de dar respuesta al mensaje. Peña Nieto no se muestra dispuesto a discutir la información o las noticias sobre lo que ocurre en su gobierno. Prefiere dañar -o intentar dañar, en este caso- a un muy consolidado prestigio. Supone que difamando a la paloma desaparecerá el mensaje.
En lugar de actuar frente a las graves afirmaciones de Méndez respecto a la tortura como práctica “generalizada”, el gobierno federal prefirió arremeter, en lo personal, contra uno de los juristas más prestigiados del continente poniendo en entredicho su honestidad e integridad profesional. Calificó de “irresponsable” su actuación y dijo que su “conducta había sido contraria a la ética”.
Seguramente el subsecretario Gómez Robledo, hasta antes de esto la mejor cara del gobierno en el exterior en materia de derechos humanos, sabe perfectamente quién es Juan Méndez; probablemente el canciller Meade tenga alguna noción. Dudo que Peña Nieto tenga idea clara sobre la historia y biografía de una figura tan relevante para América Latina como la de Juan Méndez.
El gobierno arremetió con un ataque personal en contra de uno de los juristas más connotados del continente. Méndez ha dicho que no esperaba de México un ataque de ese tipo en lo que considera su “fuero más íntimo”, es decir, su reputación.
La biografía de Juan Méndez está marcada por la defensa de presos políticos que realizó en plena dictadura argentina. Detenido, torturado y confinado en régimen de detención administrativa por la dictadura militar, fue reconocido a nivel internacional como “preso de conciencia”. Impulsor por lustros de organizaciones como Human Rights Watch y otras, fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha sido profesor de derecho internacional en derechos humanos en las más importantes universidades del mundo. Merecedor de gran cantidad de premios y reconocimientos internacionales, Méndez ha recibido un trato injusto -por decir lo menos- por parte del gobierno de México.
El gobierno de Peña Nieto debería no solo disculparse con Méndez, debería, también, dar explicaciones sobre por qué no ha sido capaz de erradicar -o por lo menos disminuir- la práctica de la tortura que el relator identifica como “epidemia”.
Debe explicar, también, otros casos que no se incluyen en el informe de Méndez. Casos emblemáticos como Tlatlaya y Ayotzinapa no fueron incorporados en este informe, por el tiempo en que fue levantada la información el año pasado. Denuncias de tortura están presentes en los dos casos.
Para construir la “verdad histórica” de Ayotzinapa se pudo haber recurrido a la tortura, si nos atenemos a las denuncias de declarantes que afirman haber dado sus testimonios bajo amenazas y tortura.
Sobre Tlatlaya, no solo se mintió a la sociedad queriendo hacer creer que las muertes fueron producto de un enfrentamiento. Los muchachos asesinados y las mujeres sobrevivientes fueron víctimas de amenazas y tortura según se desprende de las propias averiguaciones.
No se puede reaccionar de forma virulenta y desconsiderada contra el relator Juan Méndez si no han podido explicar casos tan graves como recientes, o alguno más lejano -pero que toca de cerca al hoy Presidente- como el caso de San Salvador Atenco ocurrido cuando era gobernador y en donde la violencia y la tortura pretendieron aniquilar la protesta social de los comuneros. ¿Es o no la tortura una práctica generalizada en México? ¿Es Peña Nieto el que puede dar cuenta de eso?
El incidente con el relator nos muestra, de nuevo, a un gobierno acorralado, que no tolera la crítica, no soporta señalamientos, y muestra aversión a cuestionamientos y a la rendición de cuentas. Con encuestas en picada, este gobierno no responde desde una lógica democrática. Ante diferendos, conflictos o informaciones que le son adversas, impone cerrazón y coletazos autoritarios.
No hay demasiadas dudas: el dinosaurio se mueve y se libera de ataduras. Más vale tomar conciencia de ello, sobre todo en tiempos electorales.
Fuente: Reforma
