Mientras en el estado de Guerrero ya fue presentada en la Legislatura local una iniciativa de ley al respecto, en dependencias del gobierno federal circula un meticuloso estudio cuyo título determina su trascendencia: “Propuesta para la legalización del cultivo de la amapola.- Fines científicos y médicos”, cuya copia obtuvo Proceso. Basado en estadísticas duras y en análisis de organismos nacionales e internacionales, el documento establece objetivos muy concretos: abatir las ganancias de los grupos criminales, ayudar a los campesinos pobres de las zonas de cultivo y, finalmente, proporcionarle alivio a los enfermos que necesitan medicamentos derivados del opio, de palpable escasez y carestía en México. La propuesta es provocadora y seguramente desatará debate interno y rechazo de algunos países extranjeros, pero el plan ya está gestándose…
Por José Gil Olmos/ Proceso
Entre las autoridades federales circula desde el año pasado un documento que propone legalizar el cultivo de la amapola con fines médicos y científicos. Contiene un proyecto cuya finalidad es atender al creciente número de enfermos que padecen dolores intensos y no tienen acceso a los medicamentos derivados del opio, ayudar a las poblaciones pobres donde se cultiva ilegalmente la planta e impactar en las finanzas del crimen organizado, el cual gana anualmente más de mil millones de dólares por el trasiego ilegal de heroína y opio a Estados Unidos.
El documento –titulado oficialmente Propuesta de legalización del cultivo de amapola. Fines científicos y médicos, y fechado en noviembre de 2015– evalúa la posibilidad de reformar el marco legislativo e institucional en materia de protección a la salud para permitir la producción de amapola en México y destinarla al procesamiento y distribución de medicamentos para aliviar padecimientos crónicos.
La idea es legalizar su cultivo y aprovechar los plantíos ya existentes, concentrados en al menos cinco entidades –Durango, Nayarit, Sinaloa, Chihuahua y sobre todo Guerrero— de las 13 donde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha erradicado en los últimos dos años 15 mil 633 hectáreas de esa planta.
La propuesta –elaborada por un grupo especializado de asesores gubernamentales– se apoya en que ya existen marcos normativos internacionales que lo permiten y señala los ejemplos de Turquía e India, donde la legalización de la amapola se realizó con éxito en 1933 y 1947, respectivamente.
Pero se advierte la posibilidad de que esta propuesta provoque malestar en algunos países.
De hecho se cree que podría haber presión internacional contra esta iniciativa de ley, principalmente de parte de Estados Unidos, el mercado más grande de opioides (derivados de los opiáceos) ilícitos producidos en México.
No obstante la propuesta sostiene que en México hay condiciones para que prospere, pues de acuerdo con un estudio del Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas y Opinión Pública hay muchos ciudadanos a favor de la legalización de la producción y consumo de estupefacientes.
Según este estudio, elaborado en 2015, 48% de los encuestados se manifestó a favor de la despenalización o legalización de la producción de drogas, en contraste con 33% de aprobación que hubo en Uruguay y 19% en Argentina.
Resalta que desde 1977 México es parte de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, la cual establece una lista de definiciones, el régimen de fiscalización, así como las obligaciones para que las partes faciliten información sobre sus necesidades de estupefacientes con fines médicos, así como datos estadísticos sobre producción, fabricación, uso, decomisos, superficies de cultivo, importaciones y exportaciones.
Dicha convención deja espacio para que cada Estado decida si la prohibición de ciertos cultivos es la medida adecuada para proteger la salud pública y evitar el tráfico ilícito, con la obligación de secuestrar y destruir las plantas ilícitamente cultivadas.
De ahí que si se permite el cultivo de la amapola, se deberán establecer organismos oficiales para designar zonas de cultivo, emitir licencias, recibir la totalidad de las cosechas, importar y exportar existencias.
“PANDEMIA DE DOLOR”
La propuesta para la legalización del cultivo de la amapola parte del diagnóstico de que el número de enfermos que necesitan algún derivado del opio se ha incrementado sustantivamente en el país; y que la mayoría carece de acceso a los medicamentos que los alivien, debido a la escasez de sustancias como la morfina, la oxicodona, el fentanilo y la buprenorfina.
Señala que mientras en Estados Unidos el promedio de dosis diarias de morfina es de 10 mil por cada millón de habitantes, en México es de uno a cien por igual número de habitantes. Destaca que 90% de la población mexicana con cáncer no tuvo acceso a medicamentos derivados del opio, por lo que sufrió dolores severos.
De acuerdo con información de la JIFE, el consumo per cápita de medicamentos derivados del opio en México tiene una tendencia creciente desde 2000, cuando el consumo era de 2.44 miligramos; para 2013 se estimó en 3.92 miligramos, lo cual representa un aumento de 61%.
La demanda de medicamentos derivados del opio en México es de 19 mil 764 kilogramos, pero sólo estuvieron disponibles 482 en el mercado. Es decir, hay una sobredemanda de 19 mil 282 kilogramos de medicamentos opiáceos, señala la JIFE.
Precisa el diagnóstico de los asesores del gobierno que para 2013 la cantidad disponible de alcaloides del opio y sus derivados, así como de los medicamentos derivados del opio sintético en el mercado mexicano, fue de 250 kilogramos, de los cuales 35% es importado.
En México –continúa– la disponibilidad a los medicamentos opiáceos es baja por varias razones, entre ellas la complejidad de procedimientos legales y administrativos para su obtención; la insuficiente información de los profesionales de la salud que limita la prescripción y distribución; y la resistencia de los médicos al uso del medicamento derivado del opio como opción de tratamiento.
La propuesta de legalización de cultivo de amapola prevé reformas a la Ley General de Salud, el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley General de Derechos, que en su conjunto van encaminadas a resolver precisamente al primer punto: eliminar la maraña burocrática para acceder a los medicamentos que calmen el dolor de los pacientes, pero esperando tener al mismo tiempo un impacto en el manejo del opio y la heroína por parte del crimen organizado.
IMPACTO DEL CRIMEN
En 2010, señala el documento, “las organizaciones criminales en México recibieron aproximadamente 1.1 mil millones de dólares anuales por la producción y trasiego de heroína hacia EUA (…) Dicho estimado se calculó con base en encuestas de adicciones en EUA e información de precios en la frontera, así como supuestos de la cantidad de amapola que se produce en México y la que se emplea para trasiego (principalmente proveniente de Colombia)”.
En caso de que se legalizara el cultivo de la amapola, el proyecto gubernamental afirma que podría modificar los ingresos de las organizaciones criminales, pues podría impactar en el precio de los insumos para la producción de los opioides, como la goma de opio o la resina de la amapola, que se trafican principalmente hacia Estados Unidos o hacia los centros de consumo nacional.
No obstante, la propuesta advierte que se cree que el impacto no sería sustancial sino marginal en los ingresos de dichas agrupaciones criminales, pues su principal fuente de ingresos no es la siembra de la amapola sino el trasiego ilícito de la heroína y otros opioides hacia el mercado estadunidense, el de mayor consumo en el mundo, con 4% de los 16 y medio millones de consumidores del mundo.
Guerrero es donde se ha localizado y destruido el mayor número de plantíos: de los 81 municipios de la entidad, en 75 ha habido plantíos de amapola. Los principales son General Heliodoro Castillo (20%), Ayutla (13%), San Miguel Totolapan (12%), Coyuca de Catalán, Acatepec, Leonardo Bravo y Chilpancingo (7%). Casi todos, en el centro del estado.
Los otros plantíos de amapola destruidos en México se ubican en los municipios de Guadalupe y Calvo, Chihuahua; Badiraguato y Culiacán, Sinaloa; Del Nayar, Nayarit; Guachochi, Chihuahua; y Tamazula, Durango.
Entre los escenarios de la propuesta destaca la posibilidad de aprovechar el “potencial” de Guerrero y otros estados con la legalización de la siembra de la amapola que, sostiene el documento oficial, no requiere condiciones climatológicas especiales para sembrarse; sólo necesita ser regada periódicamente, evitar plagas o alejar a los animales que se alimentan de la flor.
La propuesta mantiene la idea de que si se legaliza la siembra de la planta se podría ayudar a los sembradores, los cuales en su mayoría son campesinos muy pobres. Afirma que habría posibilidades de generar empleos e incrementar las rentas generadas por la siembra de la amapola entre los agricultores, a quienes habría que convencer de los beneficios económicos.
Sin embargo, destaca que tanto las licencias de producción, la cantidad de sembradíos, las organizaciones de agricultores y los precios deberán estar bajo tutela y control gubernamentales.
Fuente: Proceso
