Aun cuando Felipe Calderón se había comprometido a no autorizar más permisos para el funcionamiento de casinos durante su administración, no solamente así lo hizo; favoreció en particular a las empresas Producciones Móviles, S.A. de C.V. y Exciting Games, S. de R.L. de C.V., cuyos propietarios son identificados como “personas relacionadas con la delincuencia organizada”. Calderón no dio tiempo de nada, puesto que las licencias, casi 100, las liberó dos minutos antes de concluir su mandato.
Por Álvaro Delgado/ proceso
Dos minutos antes de concluir su sexenio, a las 23:58 horas del 30 de noviembre, el presidente Felipe Calderón otorgó, a través de la Secretaría de Gobernación, dos permisos para operar casi 100 casinos, en un trámite “ilegal” que se consumó a las 3:16 de la madrugada del 1 de diciembre, cuando Enrique Peña Nieto era ya formalmente el primer mandatario del país.
No sólo eso: Socios de las dos empresas beneficiadas por Calderón, Producciones Móviles, S.A. de C.V. y Exciting Games, S de R.L. de C.V., son identificados como “personas relacionadas con la delincuencia organizada” y, pese a que lo sabía, la Secretaría de Gobernación expidió los permisos.
Esto le permitirá a Producciones Móviles operar, durante 25 años, 40 centros de apuestas remotas y 40 salas de sorteos de números, mientras que Exciting Games podrá explotar, también durante un cuarto de siglo, siete centros de apuestas y siete salas de sorteos.
Se trata de una “conducta a todas luces criminal” del entonces secretario de Gobernación Alejandro Poiré y de otros 12 funcionarios que otorgaron los dos permisos, los únicos en el sexenio de Calderón, según la denuncia presentada antela Procuraduría General de la República (PGR) por la empresa Entretenimiento de México, S.A. de C.V. (Emex), propiedad de los hermanos Rojas Cardona.
El viernes 14 de diciembre, una semana después de que Emex presentó la denuncia (viernes 7), la PGR inició la averiguación previa AP/PGR/UEIDSPCAJ/M/322/2012 en la Unidad Especializada de Delitos cometidos por Servidores Públicos y en Contra de la Administración de Justicia.
Y es que el “favoritismo” del gobierno de Calderón se tradujo también en que, además de los permisos, se otorgaran a ambas empresas autorizaciones para la operación de casinos que desde hacía años funcionaban de manera ilegal.
Producciones Móviles operaba ilegalmente 38 establecimientos desde enero de 2011, y Exciting Games seis desde septiembre de 2010, fechas en las cuales dejaron de ser operadoras de Emex, pero tanto Poiré como los otros 12 funcionarios de la Secretaría de Gobernación toleraron su funcionamiento.
En la denuncia presentada por Arturo y Juan José Rojas Cardona –este último conocido como El Rey de los Casinos– se acusa a los funcionarios, los miembros del Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos, de cometer el delito de ejercicio abusivo de funciones en el otorgamiento de los permisos.
La denuncia de Entretenimiento de México, S.A. de C.V., firmada por su representante legal, Adrián Aminadab Román y Román, solicita ala PGR investigar también a otras 18 personas físicas y morales relacionadas con las dos empresas favorecidas por el gobierno:
“(Es) una conducta a todas luces criminal”, insiste la denuncia, porque “estas empresas no pudieron haber obtenido el permiso federal cumpliendo cabalmente los requisitos necesarios que para tal efecto prevé la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento, máxime que la operación de sus establecimientos ocurre desde mucho tiempo antes a que obtuvieran el permiso federal en obvia ilegalidad; puesto que un hecho lícito no puede partir de uno ilícito, no se puede enmendar el camino de lo legal tratando de ocultar lo ilegal”.
En la denuncia se pide al Ministerio Público investigar, también, si se utilizó “dinero sucio” en el otorgamiento de los permisos a partir de que el pasado 15 de agosto se cambió el estatus jurídico de las empresas, que de operadoras pasaron a ser permisionarias.
“Independientemente del delito que pudiera versar sobre la indebida autorización de carácter económico que otorgaron los servidores públicos denunciados, y de las empresas, sus representantes, accionistas o apoderados que solicitaron las autorizaciones indebidas planteadas, solicito se investigue la utilización de recursos de procedencia ilícita de los probables responsables.”
Las autorizaciones de Poiré, el subsecretario Obdulio Ávila y otros funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la mayoría militantes del Partido Acción Nacional (PAN), coincidieron con el inicio del procedimiento para revocar el permiso a Emex, en agosto de este año (Proceso 1874).
Sin embargo, apenas el martes 11, el juez Tercero de Distrito en Materia Civil de Nuevo León, Julio César Franco Ávalos, concluyó el procedimiento de concurso mercantil iniciado contra la empresa de los Rojas Cardona.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1885, ya en circulación)
