Las autoridades mexicanas podrán, por primera vez, investigar y relacionar el uso de las criptomonedas con delitos como delincuencia organizada o lavado de dinero.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habilitó el módulo de recepción de avisos de actividad vulnerable para activos virtuales, con lo que podrá rastrear por primera vez el uso de bitcoins y otras monedas virtuales a las que el crimen organizado ha recurrido cada vez con mayor frecuencia para ocultar el manejo de recursos ilícitos.
MilenioI publicó en febrero pasado que la UIF tiene detectados a grupos de la delincuencia organizada que se dedican principalmente a la trata de mujeres, que en los últimos años comenzaron a mover los recursos ilícitos provenientes de esta actividad en monedas virtuales, pues hasta hace un año, ninguna autoridad tenía facultad para rastrear este tipo de plataformas.
Esta unidad dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público identificó que estos grupos envían los activos principalmente a Suiza, Holanda, al este de Europa y a Estados Unidos en donde existe la mayor cantidad de cajeros de bitcoins, es más fácil monetizarlo en efectivo y así desaparecer su pista.
Por ello, las autoridades mexicanas agilizaron la implementación de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que alertó a todos los países miembros que “la amenaza del uso indebido de activos virtuales por parte de delincuentes y terroristas es grave y urgente”.
Ahora, con estos ajustes legales las autoridades mexicanas podrán por primera vez recibir avisos de movimientos irregulares y tendrán facultad para rastrearlos y encontrar vínculos con delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
La activación de este módulo es en cumplimiento a la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera aprobada el año pasado y a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que marcan este 2 de abril como la fecha de inicio para que las empresas obligadas entreguen avisos a la UIF de movimientos irregulares a más tardar el 17 del mes siguiente en que se realizan dichas operaciones y cuando éstos sean equivalentes a 645 Unidades de Medida de Actualización (UMA).
El INEGI determinó que una UMA a partir de febrero de 2020 tendría un valor de 86.88 pesos, por lo que los avisos se deberán dar cuando los movimientos rebasen los 56 mil pesos.
Las empresas sujetas a esta medida son las dedicadas a “custodiar, almacenar o transferir activos virtuales mediante plataformas electrónicas, digitales o similares” que el pasado 3 de febrero debieron cumplir con el registro legal ante el SAT y la UIF para comenzar desde este 02 de abril sus avisos a través del portal https://sppld.sat.gob.mx/pld/index.html.
Fuente: Milenio
