Twitter Inc. entabló una demanda el martes contra el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos para poder difundir más información sobre la vigilancia que ejerce el gobierno sobre sus usuarios.
Twitter interpuso la demanda en un tribunal federal de California a fin de publicar completo su “informe sobre transparencia”, los documentos que el gobierno requiere para información de los usuarios. El informe publicado no incluye el número exacto de las solicitudes de seguridad nacional porque Twitter, al igual que otras compañías de internet, tiene prohibido revelar dicha información.
La compañía de medios sociales con sede en San Francisco opinó en un blog que tiene derecho, amparada en la Primera Enmienda constitucional, “a responder a las preocupaciones de nuestros usuarios y a las declaraciones de funcionarios del gobierno suministrando informaciones sobre el alcance de la vigilancia del gobierno de Estados Unidos”.
Los portavoces del FBI y el Departamento de Justicia no estaban disponibles inmediatamente para recabar sus declaraciones. El gobierno ha podido acceder a las redes telefónicas y al tráfico de internet de alta velocidad desde hace años para perseguir a supuestos delincuentes y terroristas.
El FBI también ha empezado a presionar a empresas tecnológicas como Google, Skype y otras para garantizar el acceso a sus transmisiones y apoderarse de correos electrónicos, conversaciones en video, fotografías y otra documentación.
Las compañías tecnológicas dicen que entregan las informaciones solamente en respuesta a pedidos de la justicia y que en interés de la transparencia quiere compartir informaciones sobre las actividades del gobierno.
La demanda de Twitter sucede a otras de Microsoft Corp., Google Inc. y otras firmas con el objeto de recibir autorización para difundir información sobre los pedidos de vigilancia.
El gobierno ha dicho que publicará anualmente el número total de solicitudes de datos de clientes para propósitos de seguridad nacional, pero Microsoft y Google sostienen que deberían poder diferenciar con qué frecuencia las autoridades federales requieren contenidos específicos, como por ejemplo conversaciones de correo electrónico, de la frecuencia con que exigen datos de suscriptores asociados a una dirección de correo electrónico.
Fuente: AP
