El Pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente la declaración de independencia de Catalunya aprobada el pasado viernes por el Parlament, al admitir a tramite el incidente de ejecución presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy.
El alto tribunal ha decidido dar traslado a la fiscalía y al Parlament, a quienes concede un plazo de 24 horas para que formulen las alegaciones que estimen oportunas. En el caso de la cámara catalana, ya disuelta, tendrá que ser la Diputación Permanente quien conteste a los requerimientos del TC.
El Pleno del Constitucional ha acordado comunicar personalmente a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y a los demás parlamentarios que integraban la Mesa el día que se votó la independencia. A todos ellos se les advierte de “su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada” y se les apercibe de las “eventuales responsabilidades en las que pudieran incurrir” en caso de desoír las órdenes trasladadas.
La decisión del TC supone la suspensión cautelar de las decisiones adoptadas en la cámara catalana, condición previa a la emisión de una sentencia en la que esa suspensión ya sería definitiva.
