Los restos mortales del dictador español Francisco Franco permanecerán, al menos de momento, en la cripta del Valle de los Caídos, el monumento construido en su mayor parte por presos republicanos encarcelados que fueron forzados a picar piedra hasta la extenuación o la muerte y que se ha convertido desde entonces es uno de los símbolos del fascismo ibérico.
El Tribunal Supremo español, en concreto la sección cuarta integrada por cinco magistrados, acordaron “por unanimidad” la suspensión de la exhumación del cadáver de Franco, promovida por el gobierno socialista de Pedro Sánchez, con la que pretendía hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica y sobre todo darle respuesta a las peticiones de reparación de las víctimas y familiares de la represión franquista.
Franco murió detentando el poder, que ejerció con mano de hierro desde que finalizó la Guerra Civil, en 1939, hasta que falleció aquejado por un fallo multiorgánico después de varios meses enfermo, en 1975. Antes de su muerte había ordenado la construcción de un inmenso mausoleo en la sierra de Guadarrama de Madrid, donde además de construir una serie de criptas para rendir honores a los próceres del “bando nacional” que él mismo lideraba, también pretendía construir su propia tumba para posteridad. Al morir se cumplió su deseo y después de los funerales de Estado fue trasladado hasta el mausoleo, donde fue enterrado a un lado del fundador de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, quien fuera además su inspiración ideológica en su guerra implacable contra “comunistas, masones y rojos”.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a los pocos días de asumir el poder tras ganar la moción de censura contra su antecesor, el derechista Mariano Rajoy, anunció con bombo y platillo que su primera medida de gobierno sería la orden para exhumar los restos mortales de Franco, con la intención de llevarlos a una tumba de su familia para evitar que compartiera nicho con milicianos republicanos cuyos restos mortales yacen en el mismo Valle de los Caídos, muchos de ellos enterrados en fosas comunes y sin identificar después de haber muerto tras sometimiento inhumano de los trabajos forzados del régimen franquista.
El anunció del gobierno español fue recibido con alborozo por las asociaciones de víctimas y familiares de la represión y por la mayoría de los grupos parlamentarios de izquierda o nacionalistas. Sin embargo, la familia del dictador se opuso de inmediato a las intención del gobierno y logró el apoyo de una parte de la Iglesia católica española -que tiene jurisdicción sobre el templo religioso en el que se encuentra el nicho- y presentó sendos recursos ante la justicia española, apelando al derecho de la familia a disponer de los restos mortales de su allegado.
Finalmente, y después de casi un año con el asunto en vilo por la decisión de los jueces, el máximo órgano judicial en esta materia, el Tribunal Supremo, decidió por unanimidad acceder a la petición de suspender cautelarmente la exhumación mientras no hay una sentencia firme sobre el fondo del asunto, ya que podría ser “extraordinariamente perjudicial no solo para los recurrentes, sino también para el interés público por las singulares y únicas circunstancias que concurren en este caso”.
A juicio del tribunal, eso provocaría “un grave trastorno para los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, habida cuenta de la significación de don Francisco Franco” y al “hecho de que fuera jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975 atribuye a toda la controversia unos rasgos especiales que no se pueden ignorar y que permiten atribuir un perjuicio irreversible a la ejecución de la decisión del Consejo de Ministros de exhumar sus restos si esta, después, fuere considerada contraria a Derecho”, dice la sentencia, que contiene un error en la fecha en la que Franco se convirtió en jefe del Estado, que fue en realidad en 1939, al finalizar la guerra.
A pesar de la sentencia, el gobierno español insistió en un comunicado que “no es extraño que el Tribunal Supremo suspenda la ejecución de una decisión cuya legalidad tiene que revisar a instancia de parte. Obviamente, la suspensión cautelar no indica nada sobre el fondo del asunto. De hecho, el gobierno está convencido de que el Supremo desestimará este recurso, como ha venido haciendo hasta ahora con todos los recursos planteados por la familia Franco”.
