El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito confirmó el amparo otorgado por un juez de distrito a favor de que sea puesto en libertad José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado de la República.
En audiencia del jueves 16 de junio, por mayoría de votos, se confirmó la sentencia que otorga la libertad a Del Río Virgen, y se concedieron tres días al juez de control para que cumpla la sentencia y dicte un auto de no vinculación a fin de que José Manuel del Río Virgen quede en libertad.
José Manuel del Río Virgen fue detenido el 22 de diciembre de 2021, en los límites de Veracruz y Oaxaca, por elementos de la Policía Ministerial de Veracruz. La Fiscalía a cargo de Verónica Hernández Giadáns lo acusó de ser el autor intelectual del homicidio de René Remigio Tovar Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de Cazones de Herrera, Veracruz, ocurrido en junio de 2021.
El 28 de diciembre el juez de Control, Reyes Contreras, lo vinculó a proceso después de 27 horas de audiencia y sin referir ningún hecho ni presentar pruebas sobre la participación del inculpado, lo que fue objeto de críticas por parte de círculos de abogados.
Del Río Virgen, de 67 años, es originario de Córdoba, fue presidente municipal de Tecolutla y diputado federal en dos ocasiones. En 2000, Del Río Virgen realizó 40 asambleas constitutivas en el país que contribuyeron a la fundación de Convergencia por la Democracia (ahora Movimiento Ciudadano), cuyo proyecto político encabezaba Dante Delgado Rannauro.
Es egresado de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional (IPN); ha ocupado diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación, Diconsa, la Profeco y el Distrito Federal.
En los últimos meses de 2021 había acompañado al senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, en su exigencia de que fuera derogado el delito de ultrajes a la autoridad del Código Penal de Veracruz por ser violatorio de los derechos humanos. En particular, Del Río Virgen acompañó a Monreal en pugnar por la libertad de seis jóvenes detenidos por este delito en 8 de septiembre de 2021.
Este caso provocó un cruce de declaraciones entre Monreal Ávila y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien insistía en que la reforma al Código Penal se hizo para proteger a las fuerzas del orden y encarcelar delincuentes que burlaban la ley; sin embargo, Monreal insistía que en Veracruz se habían integrado carpetas de investigación por ultrajes a la autoridad, sin pruebas de las agresiones a la policía, y los ciudadanos estaban siendo encarcelados de forma injusta.
En medio de ese alegato, un juez federal liberó a los seis jóvenes que estaban en prisión por ultrajes, después de que se presentaron videos del centro comercial donde fueron detenidos, que mostraron que éstos no opusieron resistencia al arresto.
Una semana después de la liberación de los muchachos, Del Río Virgen fue detenido, lo que avivó la confrontación entre el gobierno de Veracruz y los senadores Ricardo Monreal Ávila y Dante Delgado Rannauro, quienes crearon una Comisión Especial para Investigar los abusos de autoridad en la administración de Cuitláhuac García, que pese a desaparecer un par de semanas después por falta de consenso al interior de Morena, documentó 90 casos de violaciones de derechos humanos.
Tras la fallida Comisión Especial, Dante Delgado Rannauro emprendió el Movimiento por la Justicia, para dar seguimiento al caso de Del Río Virgen y otros en donde se documentó el abuso de poder o violaciones a derechos humanos.
El 1 de marzo este Movimiento celebró la determinación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya declarado la invalidez del delito 331 del Código Penal de Veracruz, que tipifican el delito de ultrajes a la autoridad.
El 29 de marzo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en contra de la Fiscalía de Veracruz por la violación a los derechos humanos de Del Río Virgen y de las personas que viajaban con él en el momento de su detención, entre ellas una menor de seis años de edad, para quienes también se exige la reparación de daños.
Fuente: La Jornada
