El Tribunal Supremo español acordó por unanimidad autorizar la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco (1939-1976), que reposan en el mausoleo del Valle de los Caídos, y su traslado al cementerio público de Mingorrubio, en el monte del Pardo, donde la familia tiene un nicho.
Con esta decisión se despeja el camino del gobierno del socialista Pedro Sánchez de transformar el mausoleo construido por el régimen dictatorial para la exaltación del franquismo, en cumplimiento con la Ley de Memoria Histórica. La familia de Franco anunció que se presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional, que será el que finalmente tenga la última palabra sobre el traslado de los restos mortales.
El presidente en funciones Pedro Sánchez llegó al poder a través de una moción de censura a su antecesor, Mariano Rajoy, en mayo del 2018. Su primera medida tras asumir el poder y formar un nuevo gobierno fue el anuncio de la exhumación inmediata de Franco del Valle de los Caídos, con el objetivo de que ese edificio histórica sólo sirviera la memoria de los muertos en la Guerra Civil y en aras de la reconciliación y para evitar que siguiera siendo un lugar de culto al franquismo y a sus ideas fascistas. Sin embargo, el presidente Sánchez se topó con un sinfín de varapalos judiciales que fueron retrasando la decisión, hasta que finalmente tuvo que intervenir el Alto Tribunal español para dirimir si era procedente o no su exhumación del Valle de los Caídos.
La decisión que adoptaron los magistrados fue unánime, con lo que se da luz verde a la esperada exhumación, si bien su traslado definitivo al cementerio del Pardo. El tribunal justificó su decisión en la necesidad de evitar un perjuicio irreparable a los recurrentes y a las instituciones en el caso de que se estimaran las alegaciones y hubiera que devolver al Valle los restos de dictador.
Pero la familia, que pretendía trasladarlo al cementerio de la catedral de la Almudena, en Madrid, anunció un recurso ante el Tribunal Constitucional, con el afán de que sus magistrados les reconozcan el derecho de enterrar los restos mortales de su familiar donde decidan y no en el lugar en el que les ordene el gobierno español.
El gobierno español asegura que ya tiene todo preparado la exhumación y que se llevará a cabo en cualquier momento, previsiblemente antes de las elecciones del 10 de noviembre. La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, que asumió en su día las negociaciones con la Iglesia católica para que no se opusiera al traslado dado que los restos de Franco están en la capilla del Valle de los Caídos y está regida por autoridades eclesiásticas, confirmó que “lo haremos muy rápido, cuanto antes mejor porque es lo que nos pide la sentencia, y además porque mejor que esté lo más lejos posible de la campaña electoral”.
Fuente: La Jornada
