El Tribunal Constitucional de Perú ordenó este lunes liberar a la líder opositora Keiko Fujimori, en prisión desde poco más de un año, mientras es investigada por presunto lavado de activos y recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht.
Los miembros del tribunal ordenaron la ex carcelación de la hija del ex mandatario Alberto Fujimori con cuatro votos a favor y tres en contra, dijo el presidente del organismo, Ernesto Blume, quien manifestó que la sentencia es totalmente autónoma y “ajena a todo poder político y fáctico”.
Blume dijo que se determinó que se había afectado el derecho de la libertad personal de la investigada y que el tribunal debe garantizar la presunción de inocencia.
“El tribunal no ha juzgado el tema de fondo en el caso de la ciudadana de Keiko Fujimori, no ha declarado su absolución ni la ha condenado”, comentó Blume en una conferencia de prensa.
El magistrado expresó además que el tribunal publicará el jueves su resolución y notificará al juzgado correspondiente para que, al día siguiente, se cumpla con la liberación de la investigada.
Un juez había enviado a Fujimori, de 44 años, a prisión preventiva por unos 18 meses en octubre del año pasado, a pedido de la fiscalía, al considerar que la política opositora estaba obstruyendo las investigaciones de corrupción.
Las pesquisas buscan probar si Fujimori, quien niega las acusaciones, lideró una organización criminal con su partido político y recibió de forma irregular 1,2 millones de dólares de Odebrecht para su campaña electoral del 2011, según la fiscalía.
La decisión se produce en momentos en que el país se apresta a realizar en enero del 2020 elecciones legislativas, luego de que el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso, que tenía como mayor bloque al partido Fuerza Popular de Fujimori, en medio de un enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición.
El grupo de derecha Fuerza Popular ha anunciado que participará en estos comicios, pero no Keiko Fujimori.
A favor y en contra
Su padre, que gobernó el país entre 1990 y 2000, cumple una condena de 25 años de prisión por acusaciones de violación a los derechos humanos, luego de que la Corte Suprema de Perú anuló un indulto humanitario concedido a fines del 2017.
El clan Fujimori divide a Perú. Sus partidarios recuerdan al ex presidente como un líder de mano dura que salvó al país del terrorismo y la hiperinflación; pero sus detractores dicen que persiguió a sus rivales políticos para mantenerse en el poder y juzgó a rebeldes izquierdistas en tribunales con jueces encapuchados.
Grupo de derechos humanos, movimientos civiles y estudiantes convocaron para las próximas horas del lunes a una marcha en Lima para protestar por la libertad de Keiko Fujimori.
Simpatizantes fujimoristas festejaron el fallo en las afueras del penal ubicado al sur de Lima donde Keiko está recluida y abrazaron a su esposo, el estadounidense Mark Vito Villanella, quien permanece en huelga de hambre desde hace 13 días.
“Se ha hecho justicia, justicia divina”, dijo Villanella, fuera de una carpa de plástico donde cumplía su protesta.
Horas antes, Keiko Fujimori se había excusado de declarar en prisión ante el fiscal José Domingo Pérez, quien dirige las investigaciones, alegando que no existen garantías al debido proceso. “No es casualidad que haya programado mi declaración en la semana decisiva que el TC (Tribunal Constitucional) está debatiendo mi libertad”, afirmó Fujimori en sus redes sociales.
El fiscal Pérez buscaba interrogarla luego de que poderosos empresarios locales revelaron hace unos días millonarios aportes económicos al partido de Fujimori para su campaña presidencial del 2011, cuando fue derrotada por Ollanta Humala.
Uno de ellos, el líder del mayor holding financiero de Perú, reveló que entregó 3,6 millones de dólares para esa campaña.
