El Tribunal Electoral de Coahuila multó a Miguel Ángel Riquelme Solís, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por la distribución de 600 mil “Monederos Rosa”, debido a que estaban condicionados a que los ciudadanos se empadronaran para recibir sus beneficios cuando el PRI ganara la gubernatura.
El Tribunal Electoral estatal determinó aplicar una sanción de 129 mil pesos tras resolver el Procedimiento Especial Sancionador 60/2017 y el acumulado 61/2017, promovidos por los partidos Acción Nacional (PAN) y Morena.
La multa deberá ser cubierta en partes iguales por el PRI y el excandidato Miguel Riquelme, y el monto recaudado se destinará a la investigación científica a través del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología.
Los magistrados del Tribunal Electoral, Valeriano Valdés, Elena Treviño y Ramón Guridi argumentaron que la distribución de las dádivas conocidas como “Monedero Rosa”, “Mi Monedero” y “Mi Tarjeta de Inscripción” implicó un empadronamiento que representaba “un sentido de pertenencia al partido”.
Además la coacción del voto, ya que para obtener los beneficios de los monederos implicaba que el PRI ganara la elección para gobernador.
Los magistrados precisaron que los monederos violaron la fracción 4 del artículo 191 del Código Electoral de Coahuila, el cual prohíbe “la entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo”, para obtener su voto.
El Tribunal Electoral de Coahuila también deberá revisar las impugnaciones de los partidos de oposición para resolver la validez de la elección para la gubernatura.
Además, el PAN y los candidatos que integran el Frente por la Dignidad de Coahuila interpusieron una demanda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se anule la pasada elección.
La demanda del Frente argumenta que Miguel Riquelme superó por más del ocho por ciento el tope al gasto de campaña. Además, que existieron irregularidades en el manejo del 23 por ciento de los paquetes electorales y la intervención del gobierno estatal en la elección, entre otros ilícitos.
Fuente: Apro