Tras conocer la decisión, el Tribunal Superior de Justicia de la región de Cataluñadeclaró efectiva la inhabilitación desde hoy mismo, requirió a Torra que se abstenga de ejercer las funciones propias de su cargo público y pidió al vicepresidente catalán, Pere Aragonès, que inicie los trámites para su sustitución interina.
“La sentencia ratificada condenó a 1 año y medio de inhabilitación especial tanto para el ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, como para el desempeño de funciones de gobierno, en los ámbitos local, autonómico y del Estado”, señaló el Tribunal a través de un comunicado emitido el lunes por el área de Comunicación del Poder Judicial del país.
El proceso comenzó cuando Torra se negó a retirar una pancarta que decía “Libertad a presos políticos y exiliados” durante un período de campaña previo a las elecciones de 2019 donde los funcionarios públicos tenían prohibido utilizar edificios del gobierno para exhibir propaganda política.
La pancarta se refería a una docena de exmiembros del gabinete catalán, legisladores y activistas que fueron encarcelados o huyeron de España después de una declaratoria de independencia en el octubre de 2017.
La confirmación del fallo de que Torra desobedeció las leyes electorales detona un nuevo periodo de incertidumbre en la región del noreste de España. De acuerdo con el reglamento actual, el suplente de Torra, el vicepresidente Pere Aragonès, deberá asumir la función de presidente sustituto de la Generalidad de Cataluña hasta que se celebren nuevas elecciones en la región.
En su fallo, el panel de jueces del Tribunal Supremo confirmó por unanimidad la condena decretada el año pasado de un año y medio “de inhabilitación especial y multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público”.
Activistas separatistas reaccionaron a la decisión convocando a protestas en Barcelona, la capital regional.
Torra, un político independentista que llegó a ser presidente regional impulsado por la ola secesionista de 2017 en Cataluña, ha declarado que el caso en su contra es un acto de represión contra el mandato democrático de los votantes en la región del noreste de España.
El político de 57 años pudo permanecer en el cargo durante la apelación al fallo, pero la ratificación del lunes debe ser implementada incluso si el caso es llevado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, algo que los abogados de Torra han dicho que harán.
El lunes, el Tribunal Supremo subrayó que Torra había desobedecido “de forma reiterada y contumaz las órdenes de la Junta Electoral Central para que retirase determinada simbología de edificios públicos dependientes de la Generalitat”.
Su predecesor, Carles Puigdemont, que huyó a Bélgica luego de ser depuesto por el gobierno español por promover una declaración de independencia, criticó el fallo del Tribunal a través de Twitter.
“Una vez más, el estado español interfiere en nuestras instituciones democráticas”, tuiteó Puigdemont.
Durante las audiencias, Torra y sus abogados argumentaron que el presidente regional defendía la causa mayor de los derechos políticos y humanos. Pero los magistrados del Tribunal Supremo consideraron que “los acuerdos de la Junta Electoral Central no vulneraron los derechos a la libertad ideológica y la libertad de expresión de Torra” y la inhabilitación obedece a “desobediencia de las órdenes reiteradas de un órgano constitucional”.
Torra, que en otras ocasiones ha fomentado actos de desobediencia civil en respuesta a los fallos del poder judicial español, no se ha manifestado de momento sobre su inhabilitación.
Resultados de sondeos y electorales muestran que de los 7,5 millones de habitantes de Cataluña, una región adinerada del noreste español, están divididos equitativamente ante la pregunta sobre si la región debería separarse de España.
