El alto tribunal ha decidido por primera vez en 44 años de democracia paralizar una ley en trámite a petición de una minoría parlamentaria.
España asiste a un hecho que no tiene precedentes en el país y tampoco en los países europeos de su entorno. El Tribunal Constitucional (TC) ha impedido que el Senado vote y apruebe dos enmiendas que reformarían el procedimiento por el que se renuevan los magistrados del propio Tribunal Constitucional.
Por seis votos contra cinco, el bloque conservador frente al bloque progresista, el alto tribunal ha decidido por primera vez en 44 años de democracia paralizar una ley en trámite a petición de una minoría parlamentaria.
El Partido Popular (PP), principal partido de la oposición, interpuso un recurso de amparo ante el TC contra la tramitación de dos reformas del Poder Judicial impulsadas por los grupos en el Gobierno y avalada por la mayoría parlamentaria. En él, pedía como medida cautelar, hasta que se resolviese el recurso, que se paralizase la votación en el Congreso y en el Senado. El alto tribunal ha admitido a trámite el recurso y decretado la medida cautelar solicitada.
Aunque no compartamos la decisión, acatamos la resolución adoptada por la mayoría conservadora del TC. Conforme a la Ley, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del CGPJ y TC.🗣️ @sanchezcastejonpic.twitter.com/LzRsSzqvor
— PSOE (@PSOE) December 20, 2022
Por su parte, el Senado ha decidido continuar con la tramitación de la proposición de ley, que, entre otras cosas, incluye la eliminación del delito de sedición, sustituyéndolo por otro de desórdenes públicos agravados, y la reforma del delito de malversación. Lo hará extrayendo las dos enmiendas que han originado la polémica.
Magistrados recusados
Tras la presentación del recurso del Partido Popular, Unidas Podemos, el socio minoritario en el Gobierno de coalición, presentó un escrito en el que solicitaba recusar a dos magistrados del Tribunal Constitucional: el propio presidente del organismo, Pedro González-Trevijano, y Antonio Narváez. Ambos son de adscripción conservadora y forman parte de los magistrados que deben ser renovados.
Alegaban que ambos son cercanos al PP y que tienen un conflicto de intereses, ya que tienen el mandato caducado desde el pasado mes de julio y estarían afectados por la reforma, puesto que serían inmediatamente sustituidos por los dos candidatos propuestos por el Ejecutivo.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional, con el voto de los dos miembros recusados, ha decidido que este no es el momento procesal adecuado para tomar en consideración las recusaciones. Si esos dos magistrados fueran apartados de la deliberación, el equilibrio entre progresistas y conservadores cambiaría haciendo que los primeros fueran mayoritarios.
¿Qué argumenta el recurso de amparo?
El recurso de amparo que fue presentado por el PP y admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, que ha decretado las medidas cautelares que han paralizado la votación en el Senado, se dirige contra una decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados.
Claro que se pueden reformar las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, pero con garantías.Sr. Sánchez, con valentía, tráigalo como proyecto de ley del Consejo de Ministros, con todos los informes y con un debate de verdad, donde se pueda enmendar. pic.twitter.com/xsKpp16osX
— Cuca Gamarra (@cucagamarra) December 15, 2022
Se argumenta que la reforma del Poder Judicial se había planteado en forma de dos enmiendas que no tenían relación con el objeto de la proposición de ley a la que se habían adjuntado.
El PP alega que ese no es el trámite adecuado para abordar una reforma de ese calado porque las enmiendas no se discuten en el Parlamento, sino que tan solo se aprueban o rechazan, lo que hurta el debate parlamentario sobre esas cuestiones.
¿Qué argumentan los partidos que apoyan la reforma?
Los partidos a favor de que se llevase a cabo esta reforma suman 183 diputados y aúnan a una mayoría del arco parlamentario, incluyendo a las dos formaciones políticas que forman parte del Gobierno y que impulsaron la reforma.
En este espectro se argumenta que es inverosímil que el Tribunal Constitucional se inmiscuya en las labores del Parlamento. Recuerdan que su labor se centra en dictaminar sobre la constitucionalidad o anticonstitucionalidad de las normas emanadas de las Cortes, que representan la soberanía del pueblo.
Vamos a presentar una proposición de ley para echar a los magistrados atrincherados del Constitucional.No permitiremos que unos jueces ultras del PP le arrebatan poder al pueblo. pic.twitter.com/KrJWODFkyt
— Jaume Asens (@Jaumeasens) December 20, 2022
Se denuncia que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos miembros fueron nombrados por el PP y con el mandato caducado desde hace cuatro años, se ha negado a renovar el TC; y que ahora el TC, con varios miembros también nombrados por el PP y también con el mandato caducado, impide que el Parlamento ejerza sus funciones y lleve a cabo una reforma que desbloquea esta situación.
¿De dónde parte el problema?
El origen del problema se sitúa en diciembre de 2018. Entonces caducó el mandato de parte de los miembros del CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces. Desde entonces el Partido Popular se ha negado a negociar su renovación, que necesita del acuerdo de dos tercios de los parlamentarios, por lo que su concurso es imprescindible.
A su vez, el CGPJ debe realizar el nombramiento de dos de los cuatro miembros del Tribunal Constitucional que vieron caducado su mandato hace seis meses. El Ejecutivo debe proponer los otros dos, como ya hizo hace meses. Los cuatro deben tomar posesión simultáneamente.
Los miembros conservadores del CGPJ han dilatado hasta ahora el nombramiento de los dos miembros que les corresponden, incumpliendo el plazo dictado por la Constitución, por lo que también mantienen paralizados los nombramientos que dependen del Gobierno.
Fuente: RT
