Cuatro de los seis magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronunciaron por anular la elección a gobernador de Colima, que había ganado el priista José Ignacio Peralta por 503 votos de diferencia frente al panista Jorge Luis Preciado.
A favor de la nulidad votaron los magistrados Manuel González Oropeza, María del Carmen Alanís, Salvador Nava y Constancio Carrasco.
En contra, se pronunciaron Esteban Penagos y Flavio Galván.
“La neutralidad se rompió por parte de estos funcionarios públicos. Todos estos funcionarios deben estar conscientes durante los procesos electorales de lo que una intervención de esta naturaleza puede generar de frente al proceso democrático y la responsabilidad frente a los 300 mil ciudadanos que emitieron su voto.
“Nuestra función es reconocer que si en este grado de afectación se rompe el principio de neutralidad, entonces la elección queda viciada en cuanto a su validez”, afirmó Constancio Carrasco, presidente del Tribunal.
Al iniciar las intervenciones de la sesión de este jueves, González Oropeza cambió el sentido del proyecto que había circulado originalmente entre sus compañeros, en el que proponía ratificar el triunfo de Peralta por considerar que el PAN y el candidato blanquiazul Jorge Luis Preciado, no habían aportado elementos suficientes para determinar la nulidad de la elección.
González Oropeza explicó que lo que le hizo cambiar de punto de vista fue una prueba presentada de última hora por el PAN, la cual llegó a las 4:45 horas de este miércoles, en la que presentó una grabación del secretario de Desarrollo Social del Gobierno estatal, Rigoberto Salazar, pidiéndole a una funcionaria “jalar” a favor del candidato priista y señalando que se trataba de una instrucción del gobernador.
“De entrada tiene que apoyar, es una instrucción del gobernador. Es una ley no escrita en política. Gobernador deja al gobernador, presidente deja al presidente, es su responsabilidad”, se escucha decir al secretario de Desarrollo Social.
La grabación fue acompañada por un documento oficial con la transcripción de la comparecencia de Salazar ante el Congreso del Estado, en la que reconoció que la grabación era verdadera y que se trataba de su voz.
Los magistrados Galván y Penagos argumentaron que no podía llegarse a decretar la nulidad de la elección porque no estaba claro si se había concretado la intervención del secretario de Desarrollo Social en algo más allá que sus palabras grabadas.
Fuente: Reforma