Cientos de tomas clandestinas de combustible fueron detectadas por personal de la Gerencia de Seguridad Física en los ductos Minatitlán-México y Cadereyta-Madero entre enero de 2016 y agosto de 2017, pero ninguna fue denunciada ante el Ministerio Público Federal o la representación jurídica de Petróleos Mexicanos (Pemex) por indicaciones del general Eduardo León Trauwitz, titular de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de la empresa.
El personal a su mando se encargaba de inhabilitar
las tomas de manera rústica, lo que permitía que fueran reutilizadas por grupos delictivos, lo cual generó pérdidas estimadas en 12 millones 833 mil 384 barriles en ese periodo, equivalentes a más de mil 800 millones de litros de diésel, gasolina magna y premium, revelaron representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) durante la audiencia de vinculación a proceso del general Sócrates Alfredo Herrera Pegueros.
Según los cálculos ministeriales con los cuales se sustentan las acusaciones en contra de ocho militares, que según la FGR constituyeron una banda delictiva que por omisión o acción
benefició a grupos dedicados al robo de combustible , se habrían inhabilitado
más de 7 mil 500 tomas clandestinas, ya que diariamente se clausuraban 14, pero siempre sin informar a las autoridades.
De acuerdo con lo señalado por el juez Rogelio León Díaz Villarreal al dictar la vinculación a proceso del general Herrera Pegueros, la noche del pasado martes en la zona de juzgados federales que se localiza en el penal federal de El Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, estado de México, el grupo de militares imputado desarrolló –sin la aprobación de Pemex–, un esquema para inhabilitar
tomas clandestinas en el que utilizaban únicamente marros, palas, picos, cemento blanco y grava, al cual se le denominó plan Casamata, y para eso se obligaba al personal bajo su mando a realizar estas obras, aunque no fueran parte de sus responsabilidades laborales.
Ocho militares implicados
El Ministerio Público Federal presentó documentos en los que refiere que el general brigadier León Trauwitz era la cabeza de la organización y que los operadores eran el coronel Emilio Cozgaya Rodríguez, ex gerente de Gestión Técnica de Salvaguarda Estratégica; el general de brigada en situación de retiro, Herrera Pegueros, como ex director de Seguridad Física; Oziel Aldana Portugal, jefe de Departamento de la Administración de Bienes Materiales, Cuerpos de Seguridad, Vigilancia y Supervisión; el sargento Ramón Márquez Ledezma, jefe del Departamento de Seguridad Física en Cadereyta, y el sargento José Carlos Sánchez Echavarría, coordinador de la Subgerencia de Salvaguarda Estratégica en Tampico.
La organización delictiva, según la FGR, está integrada por dos militares más, de los cuales aún no se han dado a conocer sus nombres, ya que existe orden de aprehensión en su contra y ésta, al igual que en el caso de León Trauwitz, no ha sido cumplimentada.
Los ocho militares enfrentan acusaciones por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos, imputaciones que no permiten caución de fianza ni enfrentar su proceso en libertad.
Los cinco detenidos permanecerán presos en el Centro Federal de Redaptación Social (Cefereso) número 1, que se localiza en Almoloya de Juárez, estado de México.
Durante la audiencia de vinculación a proceso del general Herrera Pegueros, el militar en retiro sostuvo que ingresó a Pemex tras un proceso selectivo y señaló: Su servidor nunca ha sido ni seré amigo fuerte del general Trauwitz. Fui designado por la Secretaría de la Defensa Nacional luego de pasar los exámenes e ingresé con la intención de hacer el mejor el papel en beneficio de México
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Huachicol exprés
El militar en retiro explicó que en un minuto los grupos dedicados al huachicoleoen ductos de Pemex llegan a ordeñar
mil litros de hidrocarburo en cada toma clandestina. El procedimiento para conectarse les toma de 20 a 25 minutos, y coincidentemente al cambio de gobierno de (Enrique) Peña Nieto la situación del robo de hidrocarburos se volvió crítica
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El general refirió que hubo etapas –concretamente entre 2016 y 2017– en las que el área de Seguridad Física enfrentó factores que no permitían una labor efectiva, entre ellos la falta de recursos, ya que por carencia de vehículos el personal tenía que caminar hasta 30 kilómetros para detectar tomas clandestinas e inhabilitarlas.
Así, fue que un mayor de apellido Casas –quien ya falleció– ideó una manera rápida y económica para inhabilitar
las tomas clandestinas y por los apellidos de éste fue que al proceso se le puso el nombre de Casamata.
Según Herrera Pegueros, este mecanismo permitía reparar con un costo de mil 600 pesos cada toma clandestina, mientras que el mismo trabajo realizado por el personal de ductos de Pemex significaba una erogación de 90 mil pesos.
Herrera Pegueros dijo que Casamata impedía la reutilización de conexiones ilícitas, mientras que las reparaciones que llevaba a cabo el personal de ductos, dejaba intacta
la toma clandestina.
El Ministerio Público presentó documentos y testimonios con los cuales sostuvo que en realidad el protocolo Casamata permitía la reutilización de las tomas clandestinas, pues eran selladas con cemento blanco, el cual contrastaba con el terreno, y facilitaba a los grupos delictivos volver a abrirlas.
Fuente: La Jornada
