El centro de Instituciones Penitenciarias determinó el traslado de Lozoya a Madrid el pasado 18 de febrero, como adelantó la agencia de noticias Europa Press.
Este jueves, el organismo, dependiente del Ministerio del Interior español, aclaró que Lozoya ya no estaba en la prisión malagueña, pero por “razones de seguridad” –tanto para el interno como para las fuerzas de seguridad—, prescinden de dar detalles de la hora a la que llegaría a Madrid o de la prisión a la que será trasladado.
El extitular de Pemex será trasladado a una prisión madrileña para estar más cerca del magistrado de la Audiencia Nacional, en la calle de Génova, que encabeza su proceso de extradición a México, donde se le reclama por delitos relacionados con la trama de AgroNitrogenados-Odebrecht.
Las opciones del traslado de Lozoya sólo permiten que sea de manera individualizada en un furgón policial, con lo cual su traslado podría ocurrir en cuestión de horas, el tiempo en que se produce el trayecto desde el penal malagueño de Alhaurín de la Torre.
La otra posibilidad es que el traslado sea colectivo con otros internos, lo cual podría tardar incluso días.
Tras su detención en las inmediaciones de la Zagaleta, una urbanización de lujo de la Costa del Sol, el 12 de febrero, el exdirector de Pemex fue trasladado a una comisaría de la Policía Nacional, en Málaga.
Al ser puesto a disposición del juez de instrucción de Audiencia Nacional, Ismael Moreno, el 13 de febrero, el magistrado resolvió declarar la prisión provisional incondicional y comunicada para Lozoya, por el “fundado riesgo de fuga”, sobre todo porque usó una identificación con el nombre falso de Jonathan Solís Fuentes, “de lo que se desprende una intención de sustraerse a la acción de la justicia”.
El magistrado explicó que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita –equiparable al de blanqueo de capitales en España—supone una pena máxima de 15 años.
En dicha comparecencia, que se celebró por videoconferencia desde un juzgado de Marbella, el juez Moreno preguntó expresamente a Emilio Lozoya, quien respondió al magistrado no aceptar la extradición.
Este, que es un procedimiento habitual –puede aceptar una extradición inmediata o no— abre la puerta a que se realice un largo proceso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ante la cual la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana presentará por vía diplomática, en un plazo de 45 días –computados desde el 12 de febrero— toda la motivación, argumentación y pruebas que soportan el caso que le sigue al extitular de Pemex en México.
En el momento se dispuso su internamiento en la prisión de Alhaurín de la Torre, pero Instituciones Penitenciarias dispuso su traslado a Madrid, como lo adelantó la agencia Europa Press, el 18 de febrero.
Los traslados de presos habitualmente los realiza la Guardia Civil, que lo llevaría directamente a la prisión que se le designe.
Emilio Lozoya permaneció nueve meses fugitivo tras librarse una orden de aprensión en México, por lo cual se giró una ficha roja en Interpol y su detención se produjo por una Orden Internacional de Detención emitida por las autoridades mexicanas, que le buscaban por “un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Fuente: Apro
